Pierdan toda esperanza. La reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat, que se producirá la próxima semana, no va a servir para acercar posiciones, no va a a suponer ningún freno al choque de trenes al que estamos abocados. A lo más que podemos aspirar es a que la educación de ambos les lleve a calificar el encuentro de «cordial».
Rajoy no se moverá un ápice de sus conocidas posiciones: no habrá referéndum porque es anticonstitucional. Mas hará lo propio: la demanda de una consulta es apoyada por el 80% del Parlament y, por tanto, es un mandato de la mayoría de los catalanes.
En esencia, es como si la ley fuera contradictoria con la práctica democrática. Es la manifestación de que algo no funciona y, por tanto, como señaló la última sentencia del Tribunal Constitucional, de que hay que buscar solución por vías políticas.
Si la ley supone un freno a las aspiraciones de una porción importante de los ciudadanos, entonces hay que buscar un camino que haga compatible la legalidad con la paz social. Si no se entiende esto, entonces es imposible avanzar.
¿Cuál es la posición del Gobierno? De momento, el inmovilismo. En septiembre, el mes de la Diada, el mes del referéndum en Escocia, el Gobierno lanzará una ofensiva que se desplegará en un triple frente: presentará un detallado plan de empleo; propondrá un paquete de medidas sociales; y, por último, pondrá sobre la mesa un programa de regeneración democrática con propuestas que irán desde la elección directa de los alcaldes, a la reducción de los aforados, pasando por un endurecimiento de penas a los delitos de corrupción.
Todo ello, con el telón de fondo de una recuperación económica que, se espera, en otoño ya se empiece a notar en el consumo y en la creación de empleo. El Gobierno cree que esa batería de medidas, en el marco de la reactivación, será suficiente como para que muchos catalanes guarden en un cajón el «derecho a decidir».
Suponiendo que todo ello se lleve a cabo e incluso dando por sentado que tal ofensiva se convierta en un éxito mediático, mi opinión es que el suflé seguirá subiendo. Es decir, que si no se acercan posiciones y, naturalmente, no se celebra el referéndum el 9 de noviembre, nos encaminamos a unas elecciones municipales en la que los independentistas coparán más del 80% de los ayuntamientos catalanes.
Personas próximas al presidente creen que ese escenario no sólo no es malo, sino que, por el contrario, posibilitaría un segundo triunfo por mayoría absoluta del PP.
Con la economía creciendo y creando empleo, con un PSOE en una situación de debilidad sin precedentes, con una extrema izquierda crecida y con los independentistas deseando proclamar la independencia, el único partido que garantizaría la unidad y el bienestar de los españoles sería el PP. Ese es el argumento que justificaría el adelanto de las generales al mes de mayo. Por ahora, esa opción no deja de ser el deseo de los más fogosos cachorros de la derecha española. Rajoy no se ha pronunciado. Es más, conociéndole, todo lo que sea mover el calendario le molesta, va contra su idiosincrasia.
¿Qué se piensa en Moncloa de la posible reforma de la Constitución? «Sería una frivolidad», dicen fuentes próximas al presidente. ¿Cómo lo argumentan? «Todos querrían ganar algo. Los nacionalistas vascos y catalanes, el reconocimiento de la autodeterminación; los nacionalistas catalanes, que el pacto fiscal se plasmara en la Carta Magna; los comunistas, un referéndum sobre el modelo de Estado ...Y, mientras tanto, el resto de las comunidades pondrían el grito en el cielo».
«Pero, durante la Transición fue posible un consenso que dio lugar a la Constitución de 1978», apunto yo. «Entonces había un bien superior a proteger: la democracia. Eso fue lo que hizo que todo el mundo estuviera dispuesto a ceder, desde los comunistas a CiU, pasando por AP».
Admitiendo que la consolidación de la democracia fuera la razón fundamental del consenso, ahora tenemos un bien incluso más importante a proteger. Aquel pacto ha hecho posible que España haya vivido los 35 años más prósperos de su Historia en democracia. La cuestión es si estamos dispuestos a poner ese éxito en valor o lo damos por amortizado.
En efecto, poner en marcha una reforma de la Constitución sin establecer unos límites y sin tener garantizado un mínimo consenso, sería una frivolidad. Por eso, Rajoy debería aceptar la mano tendida que le brindará el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, que está dispuesto a negociar un pacto sobre Cataluña, en la reunión que ambos mantendrán en Moncloa tras ser ratificado como secretario general en el Congreso Extraordinario que se celebrará los días 26 y 27 de este mes.
Rajoy y Sánchez deberían establecer las líneas rojas de la reforma constitucional y plantear la solución al problema catalán en ese marco. Es decir, que la modificación de la Carta Magna no sea sólo una salida para Cataluña, sino una respuesta a los importantes cambios que se han producido en estos 35 años. Desde la incorporación plena a Europa, con la pérdida de soberanía que ello representa, hasta la necesaria modificación del Senado; pasando por el reconocimiento pleno de la igualdad de la mujer, lo que lleva a la supresión de la prelación del varón en la sucesión a la Corona.
El Gobierno tiene ahora dos opciones: el inmovilismo, que implica limitar la negociación con la Generalitat a una mejora de la financiación; o bien la búsqueda de un nuevo consenso que reconcilie a la mayor parte de los ciudadanos con la política.
La primera de las opciones tiene que ver con esa visión excluyente en la que el PP aparece como el único garante de la estabilidad y que da por sentado un proceso de radicalización y debilitación del PSOE.
Exagerando un poco, un ex ministro del PP me planteaba esta disyuntiva: «Rajoy tiene que elegir entre ser Arias o ser Suárez».
Aunque el entorno de Rajoy es más bien conservador y prefiere no correr riesgos, en el Gobierno hay ministros de peso que piensan que la bonanza económica y un poquito más de dinero para Cataluña no son la solución al problema.
Sobre todo, porque lo que nos han mostrado las elecciones del 25-M no es el resultado de la disputa entre las élites políticas, sino la constatación del alejamiento de los ciudadanos de una forma de hacer política, que en unos casos se manifiesta con el voto a los independentistas y, en otros, con el respaldo a opciones antisistema.
Lo queramos o no, las cosas se mueven. O nos ponemos al frente, o seremos arrastrados por un movimiento que está demandando el cambio.
Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.