Ni soy mendaz ni contorsionista, pero a veces mantengo posturas contradictorias. Ante mis alumnos insisto en que la Historia no sirve para nada salvo para el enriquecimiento intelectual personal. A lectores y políticos, cuando se les ocurre pedir mi opinión, suelo citar instancias modélicas o admonitorias sacadas del pasado. La explicación es sencilla: las lecciones suelen ser engañosas, pero las únicas disponibles proceden del pasado. Si me pides un café, me estiro para coger la cafetera. Si me pides consejos, remito a mi disciplina académica. Y, en la actualidad, los gobiernos de España y del Reino Unido necesitan lecciones. Ambos son conservadores. Ambos afrontan problemas aparentemente sin solución y de largas raíces históricas. Ambos deben cambiar de rumbo para evitar desastres.
Pienso en episodios sugerentes de la historia del conservadurismo inglés. El primero, que tuvo lugar en 1829, trata de una gran figura de la Historia española: el primer duque de Wellington. Encabezó el partido tory -como se llamaba al antecesor del actual Partido Conservador-. Según la ideología de esta formación, la Iglesia anglicana definía la nación. El rey, que pensó que su lealtad al protestantismo le obligaba a mantener la opresión del catolicismo, había instalado a Wellington en Downing Street para resistir las llamadas cada vez más insistentes a la emancipación religiosa: concretamente, la concesión a los católicos -los ricos, por supuesto- del sufragio, así como permitirles ejercer cargos públicos. Ni Wellington ni sus seguidores querían cambiar el orden constitucional, pero el duque se dio cuenta del gran número de católicos que quedaban marginados de la nación política, sobre todo en las provincias irlandesas del reino. Renunciando al interés de su partido, e ignorando la voluntad real, logró que el Parlamento aprobara una ley de emancipación. El partido sufrió y perdió muchos votantes, pero por poco tiempo. A largo plazo, se vio fortalecido. La lección es clara: el interés nacional siempre es superior al interés de un partido. El líder que lo reconoce merece la gratitud de todos y la admiración de la posteridad.
Pocos años después, el sucesor de Wellington al frente de los conservadores, sir Robert Peel, se encontró ante un problema semejante. Por haber tenido que abandonar su postura religiosa, el partido adoptó, como política clave, la defensa de tasas proteccionistas para la agricultura nacional. La industrialización, en cambio, exigía comercio libre y comida barata. La gran hambruna de 1845 en Irlanda, en la que murieron millones de personas, convenció a Peel de que la política debía cambiarse. La reforma de las tasas de 1846 inauguró la época más espléndida de la historia económica británica y -por mucho que le costara- el Partido Conservador recuperó sus fuerzas. Peel está entre los grandes héroes del panteón británico. Una vez más, la lección es clara. Como dijo el mismo Peel, un conservador debe conservar lo que merece conservarse, y reformar lo que debe reformarse.
En 1867, el sucesor de Peel, el gran Benjamin Disraeli (que había logrado ser líder del partido por su apoyo a las tarifas antiguas) protagonizó otro sacrificio de la política supuestamente fundamental de los conservadores al aprobar una ley que concedía el voto a gran parte de la clase trabajadora. Se suele decir que lo hizo no por principios morales, como los que habían inspirado a Wellington y Peel, sino para sacar ventaja electoral. Pero Disraeli siempre había sido partidario de la tory democracy, es decir, de la idea de que aristócratas y obreros eran aliados naturales frente a la burguesía, que quería explotar a los segundos y destituir a los primeros. Su partido perdió las siguientes elecciones. Pero su audacia benefició al país y, al fin y al cabo, los conservadores mostraron sus credenciales democráticas.
A principios del siglo XX, el partido se olvidó de las lecciones decimonónicas. En lugar de mantener el pragmatismo de Wellington, Peel y Disraeli, quedó al margen del poder por insistir en dos principios inflexibles: la llamada preferencia imperial -la política de ajustar las tarifas para intentar crear una zona de colaboración económica en el Imperio británico, a pesar de que el libre comercio era imprescindible para la prosperidad de las industrias nacionales- y la resistencia al independentismo irlandés. Sólo en los años 30, cuando las circunstancias cambiaron, pudo el partido recuperar su predominio. Desde entonces, todos los grandes primeros ministros conservadores se han mostrado dispuestos a sacrificar políticas sagradas cuando se ha considerado aconsejable.
Sir Winston Churchill, por ejemplo, abandonó su odio al bolchevismo para vencer a Hitler. Sir Harold Macmillan admitió la necesidad de desmantelar el Imperio británico antes de que sucumbiera a los "vientos del cambio". Edward Heath rechazó la alianza histórica del Partido Conservador con los protestantes de Irlanda del Norte. Margaret Thatcher, siguiendo unas iniciativas de Heath, volcó el consenso a favor de un mercado socialdemócrata que había prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial, con el asentimiento de todos los partidos del Parlamento nacional.
Ahora, por la fidelidad de Theresa May a unos principios hondos del conservadurismo, tales como la unión y la soberanía de la nación, el control de la inmigración y la nostalgia imperial, el partido tory es esclavo de algo que puede beneficiar la unidad de la formación, pero que resulta insostenible y desastrosa: el Brexit.
En España, el Partido Popular no tiene la larga historia de su homólogo inglés, pero su situación actual es parecida. Por su adhesión tenaz a la unión de España, su fidelidad a la actual Constitución y su defensa a ultranza del Estado de derecho, Mariano Rajoy apenas tiene margen de maniobra ante el obstruccionismo de elementos radicales en Cataluña y la evidente necesidad de una moderada reforma constitucional. En España, cono en el Reino Unido, hacen falta soluciones imaginativas y audaces al estilo de las del primer duque de Wellington.
Y hay que empezar por admitir que la política hasta aquí ha sido equivocada. En el caso de los conservadores británicos, lo más sencillo sería dar marcha atrás al Brexit. Las repercusiones serían graves para los brexiters -empezando por los actuales ministros-, pero el país saldría ganando y el Partido Conservador con el tiempo se recuperaría, como en los casos históricamente paralelos antes mencionados. Y si la renuncia al Brexit resulta impensable, existe un recurso más practicable: declarar unilateralmente que en el Reino Unido se mantendrán las normas del comercio comunitario y que el Reino seguirá ajustando sus tarifas conforme a las de la Unión. Así se solucionará de un golpe el problema de Irlanda del Norte, sin incurrir en la necesidad de erigir una frontera ni en Irlanda ni dentro del Reino Unido. Las ventajas de una unión aduanera quedarían vigentes sin unión formal. Los británicos podrán intentar establecer nuevos acuerdos con otros países. Y, si al cabo de un tiempo funcionan las cosas, la posibilidad de reconstruir la Unión de 28 países quedaría abierta.
Para España, las opciones son pocas. De momento, el Parlamento catalán ha escogido como president a Quim Torra, pero ya se ve que los nubarrones no se disipan. El Gobierno de España ya ha concedido demasiada importancia a los independentistas. Queda la posibilidad de proponer, en términos generales, una reforma constitucional en la que se implique esa minoría significativa de catalanes que respalda a partidos independentistas, para luego someter tal reforma a una comisión de expertos constitucionales y a un referéndum nacional. Así todo el mundo se daría cuenta de que la independencia no tiene gran apoyo y el peligro grave que amenaza a España retrocedería. Y aunque ello hiciera perder las siguientes elecciones al PP, me atrevo a concluir que la derrota no sería tanta como se cree en la actualidad. El partido, en el futuro, podría presumir de la frase tantas veces repetida de aquellos conservadores ingleses que tuvieron el valor de conservar lo que merecía conservarse y cambiar lo que se debía cambiar.
Felipe Fernández-Armesto es historiador y ocupa desde 2005 la cátedra Príncipe de Asturias de la Tufts University en Boston (Massachusetts, EEUU).