Ramas, nidos y alarma social

La alarma social es una luz roja que activa, por ese orden, a los medios de comunicación, a la opinión pública y a los fiscales. La fuerza de su detonación, como la de un despertador emocional, no admite esperas ni disculpas. Exige aclaraciones.

Aunque se use, continuamente, la socorrida expresión alarma social, no existe en nuestra ley procesal penal, ya que fue expulsada del ordenamiento en 1978 (por haber sido utilizada por el nacionalsocialismo y la dictadura), volvió a entrar en 1984 y fue nuevamente extrañada en 2003, en una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero la usa una ciudadanía que soporta mal cómo -con sus impuestos- se sigue sosteniendo un sistema penal con excesiva lenidad y gracias al cual delinquir en España sale poderosamente barato.

Esto viene a cuento de que a un miembro del clan Pujol Ferrusola, Oriol, la Administración penitenciaria le ha concedido el tercer grado (¿le ha premiado?) tras haber pasado apenas 70 días en la cárcel, después de haber sido condenado a dos años y medio por cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar a favor de un amigo empresario en el affaire ITV.

Pero la alarma, que en este caso se remonta al patriarca, longevo presidente de la Generalitat catalana y padre biológico del fermento secesionista, saltó al reconocer éste públicamente, después de ser descubierto, que durante 34 años había ocultado al Fisco una considerable cantidad de dinero que tenía en el extranjero. Hasta la fecha sigue sin ser convocado ante la Justicia por este suceso.

En la comisión que se constituyó para abordar estos hechos, el investigado manifestó, sin aportar prueba alguna, que el dinero correspondía a un "legado del abuelo". Se reprobó su conducta, dejó de ser Molt Honorable y se le pidió que levantase el secreto bancario de sus cuentas para aclarar el origen del dinero. Pero que si quieres arroz, Catalina. Nada más se volvió a saber.

El enigma sigue sin aclararse, merced a un férreo pacto de silencio familiar. El patriarca se inmoló políticamente, descargando toda la responsabilidad de la gestión sobre el primogénito, que asumió las riendas de esos fondos. El origen y recorrido anterior y posterior del legado, sigue siendo, un secreto de familia.

Eso sí, queda como recuerdo de aquella comparecencia, en la que dio puñetazos en la mesa y abroncó a los oyentes, la amenaza de tirar de la manta, para la que utilizó una metáfora intimidatoria, diciendo en tono airado y sin recato: "Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama... con los nidos que hay. Pero no sólo cae esa rama, también caen las otras".

En lo que fue el último discurso político de su vida, el padre del secesionismo se atrevió a proclamar en todas las direcciones: "Yo no he sido un corrupto". A lo que respondió Albert Rivera, en el que -tal vez- fue el primer discurso de su proyección nacional: "Yo no acepto que me riña, porque no acepto que me riña ni mi padre. Yo no he venido aquí a escuchar ni misas, ni mítines. Esto es un Parlamento".

¿Qué quiso decir y no dijo el padre padrino del clan familiar? ¿Por qué mantuvo el sigilo? ¿A quién se refería con "las otras ramas" y los "nidos"? ¿Cuál era el destino de su interpelación para que se respetase la omertá?

Siguió la costra del silencio y, como siempre ocurre en estos casos, la abundante especulación subsiguiente sobre la advertencia palmariamente contenida en la metáfora de la rama.

Lo que nadie niega ni ha negado es que, quien durante 23 años de mando en plaza ha regido con un poder absoluto gracias a la munificencia de los constitucionalistas, ha acumulado muchos secretos. Y él y todos saben que ese es un botín valioso.

Ha recordado Arcadi Espada aquella primavera de 1984 (o tempora o mores), cuando miles de barceloneses salieron a la calle en defensa de los negocios privados de don Jordi que, en aquella época, combinaba la presidencia de la Generalitat con el impago de impuestos y la evasión de capitales.

Su alegoría, cargada de intencionalidad, no precisa de muchas explicaciones en un país asolado por los escándalos, con ministros, presidentes de autonomías y líderes empresariales, que han pasado por la cárcel o aún siguen en ella.

La rama que tanto parecía preocupar a quien estaba libre de toda corrupción, sigue siendo un arcano, a pesar de haberse aireado y de sostener entre sus hojas un importante nido. La consecuencia, hasta la fecha, ha sido un llevadero apartheid social y el desfile por los juzgados de parte de sus hijos, incluida la cárcel en el caso de algunos de ellos, pero ni él ni su mujer han transitado por los tribunales. Ni como imputados ni como testigos.

Y aquí anida la indignación en quienes se preocupan por estas cuestiones: ¿Por qué la estancia en la cárcel del hereu político ha sido testimonial? ¿Cómo justifica el presidente vicario la excarcelación de un delincuente amigo? ¿Recurrirá la Fiscalía esta perversión de la ley? ¿Es un indicio de lo que sería la Justicia en una Cataluña independiente? ¿Para esto querían la competencia exclusiva en materia penitenciaria?

Sabían lo que querían cuando pelearon la cesión de esas competencias. No hay que desdeñar que quieren también las jurisdiccionales y habrían anticipado -con un amago virtuoso- a quienes penden de sentencias, que no deben inquietarse porque los mecanismos gubernativos de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima podrían aliviar el rigor de las posibles penas, aunque las maniobras políticas repugnen a quienes asisten silentes al gran espectáculo de nuestro tiempo.

La Justicia no debe pretender dar inmediata satisfacción a la indignación popular, a pesar de la irritación que los delitos de corrupción causan en la opinión pública, pero el mantenimiento de la moral ciudadana exige no sacudirse el polvo sin un escarmiento notorio que, al menos parcialmente, satisfaga las iras de la opinión pública, que detesta la confusión de lo privado con lo público.

La libertad express de quien ha sido condenado (por corrupción institucional, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental), causa desasosiego e indignación. Y las desviaciones, como pudiera serlo esta remisión anticipada, pueden convertirse en un verdadero problema para la seguridad jurídica de todos. La legitimidad democrática contiene la imparcialidad, el rigor y la eficacia y excluye la humillación y el desprecio a los ciudadanos.

Detrás de una apariencia que podría parecer mitológica, pero con los valores arrumbados, esto es lo que hay. Como dicen ahora.

Luis Sánchez-Merlo es escritor.

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