Rastros de fango en el ‘Oasis catalán’

Por Félix Martínez, escritor (EL MUNDO, 27/02/05):

«Tregua, descanso, refugio en las penalidades o contratiempos de la vida». Es la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia Española para la palabra oasis, la que durante los 23 años y medio del pujolismo -de marzo de 1980 a noviembre de 2003- definió la política catalana.

Un oasis dinamitado por el actual presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el pasado jueves, cuando en pleno fragor del debate sobre la crisis abierta por los hundimientos causados en el barrio del Carmelo de Barcelona, acusó a CiU de haberse embolsado el 3% de las adjudicaciones de las obras públicas de Cataluña en concepto de comisiones ilegales. Maragall rectificó inmediatamente después, tras amenazarle el actual presidente de CiU, Artur Mas, con retirarse de la ponencia parlamentaria que está redactando el nuevo Estatut. Pero ya era tarde. Al día siguiente, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, abría diligencias para esclarecer la acusación de Maragall.

Cataluña no se convirtió en un oasis político precisamente por la ausencia de casos de corrupción. Muy al contrario.

ACUSACIONES TEMPRANAS

Los escándalos de naturaleza económica empezaron a salpicar al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) casi desde el mismo momento en que Jordi Pujol ganó sus primeras elecciones autonómicas el 20 de marzo de 1980 y, desde entonces, se ha producido una cascada de denuncias periodísticas y judiciales que han tenido como objetivo a los dirigentes de la federación nacionalista. Más de una docena de casos.

Y es de ahí de donde procede la consideración general de que Cataluña es un oasis: ninguno de los casos de corrupción política que afectaron a los gobiernos de CiU desgastaron lo suficiente a Pujol como para que perdiera unas elecciones autonómicas. De hecho, ganó las seis convocatorias a la presidencia de la Generalitat a las que se presentó.

Siete consejeros de Pujol -Lluís Prenafeta, que no tenía rango de consejero, Josep Miró i Ardèvol, Josep Maria Cullell, Jaume Roma, Macià Alavedra, Xavier Alegre, e Ignasi Farreres- han tenido que dejar el Govern a causa de escándalos políticos, y uno, el fallecido Jordi Planasdemunt, que fue conseller de Economía entre 1982 y 1983, ha sido condenado por los tribunales. Sin embargo, los delitos por los que se le condenó los cometió como director general del Instituto Catalán de Finanzas, entre 1988 y 1991.El ex consejero fue considerado uno de los principales impulsores de lo que se conoció como el caso BFP, una trama de pagarés falsos cuyo juez instructor fue Lluís Pascual Estevill, otro de los hombres de confianza de Pujol que ha acabado entre rejas.

Pero la coraza de Jordi Pujol para evitar que los escándalos le afectaran ha sido ejemplar. El ex president se vacunó contra las acusaciones de corrupción con el estallido del caso Banca Catalana. El banco, que había sido fundado por el propio Jordi Pujol con el apoyo de su familia en 1959, quebró de forma espectacular en 1982, cuando él llevaba apenas dos años como presidente de la Generalitat. El hundimiento de Banca Catalana no afectó electoralmente a Pujol que, el 29 de abril de 1984, iba a obtener una aplastante mayoría absoluta.

El 19 de mayo de 1984, la Fiscalía filtró que iba a presentar una querella contra 25 ex directivos de Banca Catalana por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena incluyeron a Pujol entre los 25 querellados, a pesar de que, seis meses antes, el presidente del Gobierno, Felipe González, había ofrecido garantías a Pujol de que no se vería incluido entre los querellados por los fiscales.

La escasa oportunidad política de la fecha elegida por los fiscales para la presentación de la querella permitió a Pujol presentarse como una víctima de la persecución de los socialistas, incapaces de digerir que habían sido nuevamente derrotados por él. El aparato de medios de comunicación de la Generalitat, construido por el secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, se puso al servicio del president para identificar a Pujol con Cataluña.Cualquier ataque a Pujol era una agresión contra Cataluña. Finalmente sería exonerado en noviembre de 1986.

Pero la brecha abierta con los socialistas no se cerraría jamás.Pujol se sintió entonces legitimado para seguir utilizando los métodos, en el mejor de los casos heterodoxos, que había empleado durante la clandestinidad en la lucha antifranquista, a pesar de su condición de presidente de la Generalitat. Y lo iba a hacer recién archivadas las actuaciones contra él por el caso Banca Catalana.

JUGADORES DE VENTAJA

En 1986, la Generalitat otorgó la concesión administrativa de las loterías públicas catalanas a Luditec, un consorcio en el que intervenían oscuras compañías internacionales y liderado por Artur Suqué, patrón de Inverama-Casinos de Catalunya, compañero de pupitre de Jordi Pujol en la Deutsche Schule de Barcelona.Cuatro años después, muchos encontraron una explicación a la adjudicación en el caso Casinos.

La fuga del director financiero de Inverama-Casinos de Cataluña, Jaime Sentís, con 127 millones de pesetas de la caja de la compañía de Suqué puso al descubierto el primer caso de financiación ilegal de partidos de España. Diversas compañías del entorno de Convergència emitían facturas falsas para justificar la entrega de hasta 1.000 millones de pesetas que el partido dedicaba a financiar su aparato de medios de comunicación.

Tras siete años de investigaciones, el juez Ramon Gomis archivó el caso en un auto en el que certificaba que Casinos había financiado a CDC, pero que los hechos no constituían delito. En ese caso, Pujol tuvo la gran suerte de que meses después estallaran los casos Filesa y Naseiro y el escándalo quedara diluido.

Pero 1990, se iba a saldar con una importante pérdida para Pujol.En julio de ese año, el secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, dimite tras ser objeto de una querella de un grupo de pequeños accionistas de la compañía Iberia de Seguros y del fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, por haber incurrido en incompatibilidades al mantenerse en el Consejo de Administración de la aseguradora mientras ejercía su cargo en el Govern.

Las actuaciones serían archivadas un año después por el juez Lluís Pascual Estevill, mientras Prenafeta se embarcaba en la promoción del diario nacionalista El Observador, junto al abogado Juan Piqué Vidal, que contaba con la financiación aparentemente inagotable de Javier de la Rosa.

Apenas un año más tarde, la Fiscalía de Cataluña abrió una investigación sobre los avales concedidos entre 1981 y 1986 por la Comisión de Ayudas a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC). El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, intentó proceder contra varios consejeros o ex consejeros de Pujol: Macià Alavedra, Antoni Subirà, Josep María Cullell, Josep Manuel Basáñez, Vicenç Oller y Joan Hortalà. Subirà, primo político de Pujol y consejero de Industria en aquel momento, había sido uno de los principales beneficiarios de las ayudas cuando se dedicaba al sector privado.Finalmente, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, obligó a Villarejo a archivar las actuaciones, a pesar de reconocer que el asunto desprendía un «aroma de corrupción».

El año olímpico, aún reservaba más desgracias a Pujol. En septiembre de 1992, el ex consejero de Economía Jordi Planasdemunt, que en aquel momento era director del Instituto Catalán de Finanzas, era detenido por organizar una monumental estafa con pagarés falsos de grandes empresas. Planasdemunt murió tras cumplir condena en la prisión.

EMPRESARIO MODELO

Pero la que parecía que iba a ser la némesis definitiva de Pujol llegaría en 1994. Tras un año de apoyo parlamentario al último Gobierno de Felipe González, asediado por las acusaciones de crímenes de Estado y de corrupción generalizada, a Pujol le estalló en la cara el caso De la Rosa. El 18 de octubre de 1994, Javier de la Rosa ingresa en prisión por la descapitalización de Grand Tibidabo, el consorcio que se había hecho cargo de la construcción de lo que hoy es Port Aventura. De la Rosa había sido defendido en repetidas ocasiones por Jordi Pujol como «empresario modelo».

Un caso que iba a abrir la peor legislatura de Pujol en cuanto a casos de corrupción. Porque, apenas un mes después, en noviembre, el consejero de Obras Públicas, Josep Maria Cullell, se vio obligado a dimitir después de que EL MUNDO publicara el contenido de unas grabaciones telefónicas en las que Cullell presionaba a un alcalde para que el Ayuntamiento comprara unos terrenos a su cuñado.Cullell sería exonerado por el Parlament y la Justicia nunca pudo proceder contra él. El hombre elegido para sustituir a Cullell, Jaume Roma, tiene que dimitir después de que trascienda que una constructora a la que adjudicó innumerables obras cuando era director del Instituto Catalán de Salud le construyó una casa por debajo del precio de mercado. Los jueces tuvieron que archivar las actuaciones porque no pudieron probar que hubiera trato de favor. Roma fue sustituido en el cargo por Artur Mas.

EL ‘CASO ESTEVILL’

En las elecciones autonómicas de 1995, sin embargo, Pujol sólo perdió la mayoría absoluta. Su penúltima legislatura también estaría plagada de escándalos. El 13 de febrero de 1997, Lluís Pascual Estevill, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, ingresa en prisión acusado de extorsionar a empresarios con la amenaza de encarcelarles si no cedían a sus pretensiones económicas y por aceptar sobornos. Su cómplice, Juan Piqué Vidal, abogado de Pujol en el caso Banca Catalana y socio de Prenafeta queda en libertad bajo fianza -en enero de este año Estevill fue condenado a nueve años de prisión y Piqué a seis-. En julio de 1997, el superconsejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, dimite tras conocerse que había intervenido en reuniones entre Pascual Estevill y las víctimas de sus extorsiones.

Ese mismo año, estallan los casos que afectan a Unió. Las consejerías controladas por esta formación desviaban dinero (en el caso Pallerols fondos europeos para la formación de parados) a dirigentes del partido encabezados por Josep Sánchez Llibre. El caso se acabaría cobrando la cabeza del presidente del partido, Ignasi Farreres.

En 1999, Pujol ganó, por la mínima y contra Pasqual Maragall, sus últimas elecciones. El president dejó en manos de colaboradores próximos a sus hijos la gestión para que pudieran a aupar a Artur Mas en la carrera por la sucesión. No les fue mejor. En 2003, el secretario de Comunicación de la Generalitat, David Madí, un hombre próximo a Jordi y Oriol Pujol Ferrusola, dimitió por falsear los resultados de las encuestas oficiales de la Generalitat para beneficiar a Artur Mas.