Razones para celebrar un referéndum

¿Dónde termina el miedo y empieza la prudencia? ¿Dónde acaba el valor y comienza la temeridad? No son preguntas para alentar reflexiones de cuño aristotélico. Son cuestiones relevantes en el actual momento político. Conocido el pacto entre PSOE y PP para reformar la Constitución incorporando el principio de estabilidad presupuestaria, así como para llevar los límites de déficit a ley orgánica, surge en la opinión pública la demanda de ratificar mediante referéndum dicha reforma. Dado que para una reforma de estas características basta el trámite parlamentario y no es legalmente necesario el refrendo ciudadano, desde los partidos firmantes del pacto se viene a insistir en que no es aconsejable convocar esa consulta. Pero aflora la sospecha: ¿de verdad es éste un argumento prudencial o se trata de una objeción dictada por el miedo a dar la palabra, expresada en voto, a los ciudadanos? Apoyar un referéndum al que jurídicamente no estamos obligados, ¿es temeridad o coraje político?

No llamar a las urnas para refrendar una reforma constitucional como la planteada para el artículo 135 de nuestra Carta Magna sería un error alimentado, sin duda, por la desconfianza hacia una ciudadanía crítica que reclama participación. La excusa ofrecida desde el PP acerca de lo innecesario del referéndum por tratarse de un complejo asunto técnico es una ofensa a la ciudadanía, a la que niega capacidad de conocimiento crítico y madurez política, dejando traslucir una mentalidad tecnocrática no acorde con la democracia.

En el PSOE no faltan quienes recuerdan que un referéndum es en este caso potestativo, habiendo motivos para desechar esa posibilidad, por más que la permita nuestra normativa. Desestimar esa vía de refrendo democrático denota una actitud timorata de graves repercusiones, pues priva a esta reforma constitucional de un caudal de legitimación social que le es necesario a la vista de las premuras y escaso debate público que han acompañado al procedimiento puesto en marcha, el cual ha sorprendido a una sociedad perpleja -entre otras cosas por la facilidad para cambiar ahora una Constitución antes sacralizada en exceso, incluso respecto a otros cambios, algunos hasta urgentes-. Si, según Rubalcaba, se ha firmado un acuerdo razonable, ¿por qué hurtar la posibilidad de que sea respaldado por una ciudadanía también razonable, asumiendo el compromiso de dar cuenta de su porqué?

No es imprudente, pues, convocar un referéndum para la reforma constitucional que se propone. Además, no siendo una temeridad, sería un acto de coraje político en las actuales circunstancias. Y no sólo por la revalorización de Rubalcaba como candidato socialista que propugna mayores cotas de participación democrática -a lo que apunta su propuesta de un escaño 351 en el Congreso para hacer que ciudadanas y ciudadanos tomen la palabra en la iniciativa legislativa popular-, sino por la imperiosa necesidad de salvar la brecha entre pueblo e instituciones democráticas, entre ciudadanía y políticos, que en España se ha evidenciado.

No estamos sólo en una grave crisis económica. Hemos de afrontar además y a la vez una profunda crisis de la representación política. Se equivoca quien infravalore el clamor social por una democracia más efectiva, yerra quien menosprecie el significado de movimientos sociales como el 15-M y desbarra quien se tome las apelaciones a un referéndum como ejercicio desleal de izquierdistas irredentos. Hay mucho en juego: credibilidad de la democracia y dignidad de la política. No aceptar el reto de un referéndum significa atascarse en esa política del miedo que nos tiene a expensas de poderes económicos que, en cuanto a democracia, sólo quisieran una sin ciudadanos.

En este momento, lo temerario es seguir el criterio alicorto de asegurar en el Parlamento una reforma políticamente importante, escamoteando a la ciudadanía su poder constituyente, para incrementar respecto a nuestra democracia un peligroso déficit de legitimidad -no sólo hay déficit de cuentas públicas-. Si, como ha dicho Rubalcaba, hacen falta «finanzas saludables y una deuda pagable», con la misma perentoriedad necesitamos una democracia saludable, democracia de los ciudadanos y no mero engranaje institucional de un Estado al servicio de los mercados. Éste es el fondo de las razones que defiendo en público y en los órganos del PSOE de los que formo parte. De ellas estoy convencido. ¿Serán convincentes?

Por José Antonio Pérez Tapias, diputado del PSOE y portavoz de Izquierda Socialista.

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