El paréntesis veraniego no ha servido ni para enfriar el debate sobre la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica ni para clarificar sus términos. Más bien todo lo contrario. Y a todos conviene que éste sea un debate argumentado y sereno.
Dos principios básicos que son aceptados con carácter general, que los presidentes de las comunidades autónomas tienen como principal función defender los intereses de sus respectivas comunidades y que los Estatutos de autonomía son leyes que deben cumplirse, parecen ser para algunos inaceptables cuando se trata de Cataluña.
En este sentido, la actitud del presidente Montilla con respecto a la defensa de los intereses de Cataluña y de su Estatuto es idéntica a la expresada por Manuel Chaves en el debate que le invistió nuevamente como presidente de la Junta de Andalucía cuando dijo: "En todo aquello que tiene que ver con la defensa del Estatuto, que es tanto como decir la defensa de Andalucía, seremos, como siempre, exigentes. Es la posición que hemos mantenido en todo momento, en defensa de los intereses de nuestra comunidad y que no demanda ningún privilegio, sino que aspira a mantener una posición de mutua lealtad institucional".
Estamos inmersos en este debate no sólo porque así lo determina el Estatuto de autonomía de Cataluña, sino por el evidente fracaso del actual sistema, pactado entre los gobiernos del PP y CiU, acuerdo al que después se sumaron todas las comunidades autónomas, aunque algunos denunciásemos el profundo error que suponía una solución que se presentaba como definitiva y que, por no tener, siquiera tenía cláusulas de revisión ni mecanismos de actualización.
Conviene también relativizar el encarnizado debate sobre el carácter bilateral o multilateral de la negociación. ¿Tan mala memoria tenemos como para haber olvidado que tanto la cesión del 15% del IRPF como la posterior cesión del 30% del IRPF fueron negociadas primero por los gobiernos del PSOE y del PP con el Gobierno catalán, para luego ser acordadas con las demás comunidades autónomas? ¿Tanto se desconoce la mecánica institucional como para ignorar que la plena eficacia de los acuerdos tomados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera requiere de la ratificación por parte de las comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas?
No poca polémica han suscitado los contactos entre las comunidades autónomas para compartir criterios sobre el nuevo sistema. Como la cumbre de consejeros de seis autonomías que, convocados al parecer para reafirmar el criterio según el cual "pagan las personas y no los territorios", resolvieron que el peso de la variable de población para determinar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas no debería superar en ningún caso el 80%. Si pagan las personas y no los territorios, ¿por qué no reclamar que el peso de la población sea del 100%?
Precisamente, se pone a las personas en el centro del sistema cuando se reclama que los mecanismos de nivelación actúen sobre los servicios universales del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). O cuando se preserva la caja única de la Seguridad Social, que sufraga pensiones y seguro de desempleo. O cuando se piden más recursos para desarrollar la Ley de la Dependencia.
Tampoco tiene mucho sentido reservar un porcentaje fijo de recursos para una Administración determinada, pues cada nivel de gobierno debe gestionar el volumen de recursos adecuado a sus competencias y el nuevo sistema debe hacer transparente el hecho de que los ciudadanos pagan impuestos a ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para que cada uno haga frente a las responsabilidades que le atribuyen la Constitución, los Estatutos de autonomía y las leyes.
Afortunadamente, la publicación de las balanzas fiscales ha disipado el argumento sobre una pretendida insolidaridad catalana. No cabe la insolidaridad ni el privilegio en el régimen común de financiación autonómica. Precisamente, una adecuada reforma del sistema vigente evitaría alentar un proceso de radicalización que llevase a muchos a reclamar el concierto económico para Cataluña. Un sistema que los socialistas catalanes hemos rechazado siempre.
La reivindicación catalana de un nuevo modelo de financiación tiene dos razones de fondo. La primera, compartida con otras comunidades, es la falta de recursos de la Generalitat para atender las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en ejercicio de sus competencias. Uno de los objetivos del nuevo sistema debe ser corregir el desequilibrio producido a lo largo de los años a causa de la diferente evolución de los recursos y los gastos del Estado y las comunidades autónomas, ya que, mientras los recursos del Estado han aumentado a un mayor ritmo que los de las comunidades autónomas, los gastos de éstas han aumentado a un mayor ritmo que los del Estado. La segunda razón es la disfunción creada por los actuales mecanismos de nivelación y solidaridad, que penalizan a las comunidades que realizan una mayor contribución fiscal. Los mecanismos de nivelación han de reducir distancias, pero no invertir posiciones. Es insostenible la actual situación en que Cataluña puede destinar menos recursos por persona para atender la sanidad, la educación o los servicios sociales que otras comunidades que contribuyen menos al sistema. Debemos acabar con esa injusticia.
Ha sorprendido a algunos la reacción catalana unitaria y contundente a la propuesta avanzada por el Gobierno de España. El carácter unitario se explica porque se trata de exigir el cumplimiento del Estatuto, acordado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, aprobado por éstas y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y la contundencia se explica por el carácter incompleto, "infraestatutario", por utilizar el calificativo que usó el presidente Montilla, de la propuesta formulada por el ministro Solbes que no recoge de forma expresa elementos que sí figuran en el Estatuto. Cito cuatro que me parecen especialmente significativos:
a) Impulsar la creación de un consorcio o ente equivalente en el que participen de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña para desarrollar las tareas previstas en el artículo 204 del EAC.
b) Contemplar los costes diferenciales y el porcentaje de población inmigrante como criterios para determinar las necesidades de gasto. (Art. 206.1 EAC).
c) Incorporar a los mecanismos de nivelación la exigencia de que las comunidades autónomas desarrollen un esfuerzo fiscal similar. (Art. 206.3 EAC).
d) Incorporar la necesidad de que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición relativa de las comunidades autónomas ordenadas en función de sus respectivas rentas per cápita. (Art. 206.5)
Los socialistas catalanes somos conscientes tanto de la dificultad del acuerdo como de que es imprescindible alcanzarlo para que el nuevo sistema sea operativo el 1 de enero de 2009. Para conseguirlo, contamos con la firmeza del presidente Montilla y de su gobierno, la colaboración de CiU, la solvencia de Solbes y de Castells, y la palabra de Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que hizo posible la aprobación del Estatuto, la devolución de los papeles de Salamanca, el reconocimiento institucional de la lengua catalana en Europa, el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona, o el acuerdo sobre inversiones del Estado en Cataluña en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto.
Nuestro único objetivo es lograr un sistema de financiación justo. Somos conscientes de que algunos piden que tensemos la cuerda con el único objetivo de que se rompa, pero no serán quienes aceptaron el anterior modelo quienes hoy puedan darnos lecciones de firmeza. Como tampoco aceptaremos que se nos pida por una responsabilidad mal entendida que abandonemos la defensa del Estatuto y de lo que consideramos justo.
Miquel Iceta Llorens, viceprimer secretario y portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC.