La Unión por el Mediterráneo (UpM) tiene un nuevo secretario general, el diplomático marroquí Yusef Amrani, quien ha sido embajador en países latinoamericanos y por lo tanto es sensible a la cultura española. Barcelona tiene nuevo alcalde. Estas dos novedades deben suponer una nueva oportunidad para reactivar la UpM. Barcelona no puede desaprovechar esta capitalidad y tiene que invertir esfuerzos para mantenerse como referente internacional.
A menudo hablamos del Mediterráneo y de Europa presuponiendo dos realidades separadas, con intereses y objetivos divergentes, pero la UE ha visto la importancia geoestratégica de la región y en los últimos años ha orientado una buena parte de sus esfuerzos en construir nuevos puentes de diálogo y nuevas relaciones con los países de la ribera sur del Mediterráneo, convirtiéndose en una política exterior prioritaria.
La naturaleza de esta política exterior es paradigmática, ya que brega a la vez con países que forman parte de la UE y otros que no. Esta divisoria no solo distingue a los miembros de los no miembros, sino también a países con identidades culturales, niveles de desarrollo económico, sistemas políticos y estructuras sociales muy diferentes. Esto no invalida las razones para defender y sostener una política estratégica común: más allá de una historia compartida en torno a un espacio único, la vecindad impone intereses comunes que deben resolverse supranacionalmente -como sucede con los problemas medioambientales en el Mediterráneo-, pide la resolución de fricciones fronterizas ya sea por temas pesqueros o migratorios, y exige estrategias integrales económicas y políticas desde el momento en el que todo lo que sucede en un país siempre acaba teniendo consecuencias en su vecino.
Las iniciativas de la agenda de la UpM se estructuran en cuatro ejes principales: a) política y seguridad (promoción de un espacio común estable y democrático), b) desarrollo económico sostenible, c) cooperación sociocultural y educativa, y d) migración e integración social. Pero más allá de las cuestiones programadas, a menudo la realidad impone su propia agenda. Este es el caso de dos aspectos que hoy en día toman una relevancia capital: la estabilidad en la región y la inmigración, temas que, sin ser completamente nuevos, adquieren nuevas dimensiones en el marco de las revoluciones políticas del norte de África y Oriente Próximo y la crisis económica que también se extiende al sur de Europa.
En el primero de los campos, la estabilidad de la región, están las revueltas por una democracia efectiva y un conflicto de largo plazo y alcance, el que enfrenta a Israel y Palestina, que no se resolverá de un día para otro, pero en el que la UE aún debe desarrollar un papel único diferenciado del que ha llevado a cabo hasta hoy EEUU. Este conflicto, si bien idiosincrásico y específico, se verá modificado por las revoluciones que afectan a países del entorno cercano, muchas de ellas con un horizonte abierto. Se desconocen los futuros aliados, los colores de los gobiernos que acabarán liderando los procesos de transformación, la tónica de sus políticas exteriores, el peso que acabará teniendo el Ejército, el grado de libertades democráticas que serán al fin garantizadas... Las preguntas son más que las certezas.
Pero al mismo tiempo la UE, y específicamente a través de la UpM, tiene la oportunidad única de apoyar los procesos democratizadores impulsados por las sociedades civiles de esos países, al tiempo que incidir y trabajar conjuntamente con los nuevos gobiernos salientes de las revoluciones.
El segundo gran reto de la región es la inmigración. Por una parte, según las tendencias demográficas actuales, la población de la UE se mantendrá estable en los próximos años, mientras que la de los países meridionales seguirá aumentando. Este hecho, unido a la brecha existente entre las economías del norte y del sur del Mediterráneo, pide un marco de gestión de la inmigración unificado, acompañado al mismo tiempo de políticas de desarrollo económico y de educación. Los movimientos migratorios son cada vez más bidireccionales, de trabajadores, pero también de estudiantes, investigadores y empresarios. La gestión conjunta de la inmigración es aún más necesaria cuando muchos países de la UE, y especialmente los del sur, se ven inmersos en una crisis económica que no aminora y una movilización social creciente, y cuando, paralelamente, las revoluciones del norte de África y Oriente Próximo crean nuevos flujos de refugiados políticos. La situación no es trivial, e incluso lo que parecía uno de los puntales consolidados de la política europea, el espacio Schengen, se tambalea ante este nuevo escenario.
De nuevo, las soluciones solo pueden venir de los compromisos conjuntos de los países implicados en estas dinámicas. La UpM emerge así como un espacio de construcción y diálogo colectivo que trabaja, más allá de las urgencias diarias, por una política a medio y largo plazo. Y Barcelona, como sede de la UpM, no puede dejar escapar esta oportunidad para incidir en estos procesos y aprovechar la capitalidad para coordinar la acción política de la región.
Max Vives-Fierro, director de la Fundació Catalunya Europa.