Realidad política y verdad judicial

Por J. M. Ruiz Soroa (EL CORREO DIGITAL, 06/05/07):

Parece que es imposible poner en sintonía eso que política y socialmente no ofrece duda a ningún ciudadano (que Acción Nacionalista Vasca hoy, como el Partido Comunista de las Tierras Vascas en las anteriores elecciones, son una bandera de conveniencia de Batasuna) con aquello que los fiscales y tribunales consideran jurídicamente cierto. Una imposibilidad que se está convirtiendo en un problema crónico para nuestra democracia. Porque cuando un sistema jurídico no es ni siquiera capaz de recoger la realidad social en su red de conceptos y utillaje instrumental, cuando aquélla se escapa de sus previsiones legales y del control de sus tribunales, es que el sistema está básicamente mal diseñado. No cabe otra explicación para una tan espectacular disonancia entre la realidad política y la verdad judicial, a no ser que nos introduzcamos en el pantanoso terreno de la sospecha.

Es cierto que tal dificultad de adecuación deriva del acusado garantismo que impregna nuestro sistema constitucional y que, en ese sentido, la decisión judicial que establece que ANV no puede ser considerada instrumento de Batasuna puede ser entendida como una prueba más de la grandeza del Estado de Derecho, que se impone sobre unas opiniones o sospechas que, por mucho que socialmente generalizadas, no están suficientemente probadas. Es una reflexión razonable, sin lugar a dudas, pero que no llega a tranquilizar al intérprete desapasionado, menos aún al habitante medio de nuestra democracia. Igualmente pudo decirse a los ciudadanos norteamericanos que el hecho de que Al Capone no pudiera jamás ser condenado judicialmente era un triunfo del ‘rule of law’. Como a los alemanes que vieron a Hitler llegar al poder, también se les pudo decir que ello no era sino demostración de que su Rechtstaat admitía sin discriminar todas las opciones políticas. Puede ser cierto, pero no menos razonable es juzgar que, desde el punto de vista de la capacidad del Estado de Derecho para imponer sus propios valores, se trató de grandes fracasos. Y es que un sistema jurídico que no es capaz de alcanzar efectivamente sus objetivos, por muy perfecto y garantista que resulte ser, no pasa de ser hojarasca prescindible.

Algo cercano al sentimiento de fracaso impregna hoy al ciudadano que contempla atónito cómo una y otra vez, antes en el caso del PCTV, ahora de ANV, las argucias y triquiñuelas se imponen a la voluntad mayoritaria plasmada en la ley. Realidad social y verdad judicial no pueden diferir tan continuada y empecinadamente sin terminar por provocar un sentimiento de humillación en la ciudadanía. ¿Tan lerdos son nuestros legisladores y nuestros juristas como para no conseguir casarlas? ¿O es que alguien nos hace trampa? Ambas posibilidades son frustrantes.

Sucede, a mayor abundamiento, que lo que se afirma como falso en sede judicial se admite como verdad inconcusa en la vida política cotidiana con toda naturalidad. Por poner un ejemplo, resulta asombroso contemplar cómo el partido político que reúne todo el voto de la izquierda abertzale desde las últimas elecciones autonómicas (el PCTV), es decir, el partido que legalmente representa a esos ciudadanos, es dejado de lado con su plena aquiescencia en los contactos, tratos y negociaciones políticas habidas desde 2005 para diseñar un nuevo marco político vasco. Como todos los actores saben que se trata sólo un depositario fiduciario del voto de Batasuna, y como él mismo lo admite así sin ambages, es con ésta última con quien se reúnen y discuten ese futuro. Lo hacen así tanto el lehendakari, como los socialistas y los legados del Gobierno desde hace años. Se trata de un hecho que, si se reflexiona, resulta verdaderamente admirable: nuestros gobiernos asumen cotidianamente como verdad política obligada algo que judicialmente constituiría una ilegalidad clamorosa: que el PCTV no es nada más que un mandado de Batasuna. A pesar de la confesión retrospectiva y de parte que el mismo PCTV realiza con su conducta, la política se niega a intentar siquiera su ilegalización. ¿Es una incoherencia menor disculpable en aras del pragmatismo? ¿O es un peligroso divorcio de la política y del Derecho que no sólo desprestigia al Estado de Derecho, sino también provoca desánimo y desafección en el ánimo ciudadano?

Escuchamos ahora a fiscales y letrados del Gobierno que una parte de las listas electorales de ANV han sido ‘fagocitadas’ por Batasuna, han sido ‘utilizadas para infiltrar’ a los candidatos de esta formación, y que por eso se impugnan. En otras no se comprueba esa infiltración y se permiten. Resulta difícil comprender, si ello es así, cómo no se actúa jurídicamente contra la dirección del partido político que lo ha permitido. Porque es práctica y reglamentariamente imposible ‘fagocitar’ una lista sin la aquiescencia de su titular político. Y precisamente la aquiescencia a dejarse utilizar es lo que está proclamando una previa connivencia de los responsables de ambas formaciones. Esta es lógica de sentido común y el Derecho, por muy sutilmente técnico y matizado que sea, por complejo y garantista que se desee a sí mismo, no puede desconocer el sentido común, so pena de que los ciudadanos comunes dejen de respetar al Derecho.

Uno de los peligros que ha acechado desde su inicio a este proceso de fin dialogado de la violencia, que con tanta osadía asumió en solitario el Gobierno, es el de que una parte importante de la ciudadanía lo interpretase como una derrota propia, lo interiorizara como un sarcasmo de la Historia. Que no supiera vivirlo como una victoria. La oposición se ha refocilado en esa interpretación (ése era el riesgo que se asumía al no contar con ella) y ha colaborado a difundirla más aún. Precisamente para evitar ese tipo de riesgo, se debía haber cuidado especialmente el flanco del imaginario colectivo, se debía haber escrito y asentado el relato público del proceso como un triunfo democrático. En lugar de ello, está siendo vivido como la crónica de un desgarro social: Pues bien, la actual impotencia del sistema legal para evitar su enésima burla abona y ahonda esa visión negativa.

¿Importa la sensación de un público desinformado o cuentan los resultados, dirán los pragmáticos? Creo que importa bastante más de lo que piensan: conviene no olvidar que en la esfera social no existen hechos objetivos neutros, sino sólo interpretaciones. Son éstas los ladrillos que construyen el mundo político y, por ello, lo que se vive como una derrota terminará por ser una derrota real. Y producirá los efectos de tal.