Los mercados financieros distinguen entre la verdad, la realidad y la percepción sobre las inversiones. Son diferentes conceptos, a menudo poco relacionados –en teoría deberían estarlo absolutamente–, cuya percepción es lo más importante. Se aplicaría aquí aquel viejo adagio de que de poco sirve tener razón si no te la dan... Porque de poco vale la buena realidad si la percepción es mala.
Las empresas españolas están ampliamente internacionalizadas, de modo que el efecto de la economía española y de los mercados nacionales sobre ellas es secundario. El BBVA y el Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, ACS, Ferrovial, Abertis, Gas Natural, Repsol... tienen una gran parte de sus mercados fuera de España. Lo mismo puede decirse de muchas pequeñas y medianas empresas que exportan con progresiva intensidad porque perciben las dificultades y atonía del mercado interno. Esto es especialmente cierto para las empresas catalanas, porque Catalunya, que es el 20% del PIB español, supone el 25% de las exportaciones. Esta es la verdad.
El índice bursátil Ibex representa la realidad de la valoración de nuestras empresas en el mercado y ha crecido más de un 20% en el 2009. Se podría decir, pues, que las inversiones en empresas españolas deberían percibirse positivamente, porque gran parte de nuestro tejido empresarial está internacionalizado y se comporta adecuadamente en la crisis. Esta es la realidad.
La percepción sobre nuestra economía es mala en razón del paro y del endeudamiento público. De nada sirve la verdad o la realidad si esta es la percepción.
Nuestra tasa de paro, 19%, es el doble de la media de la UE, pero nuestra economía, tejido productivo y mercados son similares. Por tanto, hay que concluir que es en el marco regulatorio y en concreto en la legislación laboral donde reside la principal causa de la diferencia. Cualquier reforma laboral debe preservar los derechos actuales de los que trabajan. Las reformas deben introducir cambios, pero deben mantener los derechos adquiridos de las personas porque esta es la base del Estado de derecho.
La base de la reforma debe ser liberalizar la negociación colectiva. Los convenios sectoriales dificultan ahora esta libertad, porque no son un referente, sino que obligan a las partes y esto, por ejemplo, hace imposible que esta se lleve a cabo a pesar de que en circunstancias de dificultad de la empresa los trabajadores aceptan una reducción salarial para mantener el empleo. Es decir, la negociación dificulta un acuerdo que ambas partes desearían. La referencia de la revisión salarial al IPC es inadecuada en estos tiempos, porque es la productividad la que debería justificar subidas.
Es cierto que esta negociación requiere un marco regulatorio, pero la rigidez actual del sistema conduce a la no contratación laboral por la percepción empresarial de las consecuencias que esto puede tener si las circunstancias empeoran. Debemos convertir ese marco en una referencia que ayude a la negociación.
Esta rigidez se da también en el sector público, donde la dificultad de remunerar de acuerdo con su rendimiento hace que la motivación y la iniciativa se diluyan. La regulación nunca debe impedir que los agentes que deben colaborar, sindicatos y empresarios, lleguen a acuerdos que les son favorables.
La urgencia de las reformas es grande. España acumula un déficit récord del 11,4% en el 2009, la recaudación por IVA y el impuesto de sociedades han bajado respectivamente el 30% y 40% en el 2009, tenemos un índice de paro muy alto, la previsión para el 2010 es que el PIB, o sea, la riqueza del país, decrezca un 0,5% y el nivel de endeudamiento de nuestros bancos, empresas y familias es alto.
Los países del euro, nuestra moneda, crecerán en el 2010 un 1,5% y España decrecerá. Si esta situación se mantiene en el 2011, el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés para contener la inflación y esto dejará a España, si no se emprenden las reformas estructurales necesarias –mercado laboral y función pública– en el peor de los escenarios, porque el coste de la deuda aumentará, la economía no creará ingresos suficientes y, con el nivel de déficit actual, las políticas de inversión y apoyo al crecimiento no serán posibles. La experiencia de los 10 años de no crecimiento de Japón como consecuencia de su crisis inmobiliaria es una referencia aleccionadora.
Llegamos a la conclusión de que nuestro tejido empresarial es sólido, la percepción de este por los mercados es buena, pero la percepción de que nuestra economía no es capaz ahora de generar riqueza, y de que se distancie y aleje de los países de nuestro entorno, acabará influyendo en nuestro tejido empresarial.
Debemos ser capaces, pues, de tomar medidas difíciles que la ciudadanía debe poder entender. En estos momentos nuestra situación es peor que la de nuestro entorno. Será mejor que lo entendamos y actuemos en consecuencia, y sobre todo que los políticos no tomen atajos simulando que se hacen las reformas, pero dejando los problemas intactos.
Joaquim Coello, ingeniero.