¿Rearme o renovación del equimamiento militar en América Latina?

Por Carlos Malamud, Investigador principal para América Latina, Real Instituto Elcano, y Carlota García Encina, Ayudante de investigación, Real Instituto Elcano (REAL INSTITUTO ELCANO, 18/12/06):

Resumen

En los dos últimos años algunos países latinoamericanos, con Venezuela a la cabeza, han incrementado sensiblemente el gasto militar. Este hecho ha llevado a plantear la pregunta de si estamos frente a un proceso de rearme y una eventual carrera armamentística o sólo se trata de la renovación de unos equipos obsoletos. En determinados casos, como Chile o la propia Venezuela, estamos frente a proyectos muy ambiciosos de modernos equipos militares. Pese a ello, algunos analistas y observadores han mostrado su temor de que pueda tratarse de los primeros pasos en lo que podría ser una verdadera carrera armamentística en la región. Por otra parte, también llama la atención que ciertos gobiernos vinculados con la izquierda continental, que siempre se reivindicó como antimilitarista y abogó por la reducción de los presupuestos militares, sean hoy los que estén a la cabeza de estos movimientos.

El gasto militar en América Latina

América Latina es la región del mundo que destina menos recursos de su PIB a los presupuestos de defensa (véase el Cuadro 1), algo más de un 1,4% del total. El peso de las dictaduras militares en la vida política de la mayoría de los distintos países de la región en las décadas de 1970 y 1980 hizo que durante algunos años muchas críticas, especialmente de los políticos y los intelectuales, se dirigieran contra el excesivo protagonismo que los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) tenían en la vida política y la economía nacionales. Coincidiendo con el desarrollo de los distintos procesos latinoamericanos de transición a la democracia y con los procesos de ajuste económico, acompañados por numerosas privatizaciones de las empresas públicas, los presupuestos militares se vieron seriamente afectados y, en muchos casos, sensiblemente reducidos, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina.

El tamaño limitado del gasto militar también responde a las líneas maestras de la dinámica histórica del continente. Pese a algunos conflictos fronterizos binacionales y a que durante décadas el principal supuesto de intervención de las FFAA regionales era la guerra con sus vecinos, América Latina se ha caracterizado por conocer una menor incidencia de los conflictos bélicos que otras partes del mundo, a diferencia de lo ocurrido en Europa, Asía y África. En líneas generales, podemos decir que se trata de una región de paz, donde la incidencia del terrorismo internacional es escasa, más allá de las sospechas que penden sobre la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) o sobre Isla Margarita (Venezuela). Sin embargo, pese a ser un continente de escasa incidencia bélica, América Latina es una zona con una alta presencia de la violencia. En realidad, se trata de la zona más violenta del mundo, con una tasa de homicidios del 27,5 por cada 100.000 habitantes.[1] Lo mismo se puede argumentar si tenemos en cuenta los secuestros u otras formas de violencia criminal, pese a que las encuestas de victimización realizadas en los distintos países de América Latina son escasas.

Cuadro 1. Gastos de defensa por regiones 1995-2005 (en miles de millones de dólares a precios constantes de 2003)
Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
África 8,8 8,6 8,7 9,4 10,5 11,1 11,1 12,1 11,9 12,6 12,7
América 368 347 347 340 341 353 358 399 447 485 513
Central 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2
Norte 347 328 326 319 320 332 335 375 425 463 489
Meridional 17,3 15,7 18,1 17,5 17,1 17,8 19,9 20,4 18,3 18,9 20,6
Asia y Oceanía 112 116 118 119 122 126 132 138 144 152 157
Europa 239 236 239 234 238 243 243 249 256 260 256
Oriente Medio 40,0 39,0 43,4 46,5 45,8 51,5 55,0 52,6 55,0 58,9 63,0
Total 768 747 756 748 757 784 800 851 914 969 1001
Fuente: Sipri Yearbook 2006.

Sin embargo, en los dos últimos años ha habido un incremento bastante significativo del gasto militar en la mayoría de los países de la región. Según el International Institute for Strategic Studies (IISS) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) los países que más han gastado en compras para la defensa, a lo largo del ejercicio 2005, son Chile y Venezuela, con 2.785 y 2.200 millones de dólares respectivamente, seguidos por Brasil, con 1.342 millones. En el otro extremo, a considerable distancia, encontramos los 80 millones de dólares invertidos por Argentina.[2] Como porcentaje de su PIB, los países que tienen un mayor gasto militar son Chile (3,8%), Colombia (3,7%) y Bolivia (1,9%), y los que menos son México (0,4%), Argentina (1%) y Perú (1,4%) (véase el Cuadro 2). Por supuesto que ante el diverso tamaño de las economías, los 2.772 millones de dólares gastados por México en 2005 (0,4% del PIB) no son comparables con los 893 millones de Perú (1,4%). Sin embargo, en 2005 respecto a 2004, los que han tenido un mayor incremento en términos absolutos son Venezuela (30,3%), Brasil (18,9%) y Chile (10,2%).

La tendencia ascendente del gasto militar se confirma en 2006, a tal punto que según unas cifras difundidas por el diario O Estado de São Paulo, basadas en una investigación de la consultora Forecast Internacional,[3] Venezuela podría incrementar el gasto en armamento hasta los 30.000 millones de dólares en los próximos seis años, o hasta 60.000 si Chávez continuase en el poder hasta el año 2021. Pese a lo abultado de estas cantidades, el discurso del presidente venezolano insiste una y otra vez en la necesidad de rearmar a su ejército y prepararlo para una posible invasión de EEUU, lo que tiende a hace algo más creíbles los montos manejados por Forecast Internacional, aunque dependiendo siempre del volumen de los ingresos petroleros.

Cuadro 2A. Gasto de defensa en países de América Latina 1998-2005 (en millones de dólares a precios constantes de 2003, y como porcentaje del PIB)
País 1998 1999 2000 2001
US$ % PIB US$ % PIB US$ % PIB US$ % PIB
Argentina 1.803 1.3 1.858 1.4 1.821 1.3 1.791 1.4
Bolivia 177 2.6 140 2 129 1.8 165 2.3
Brasil 8.223 1.9 7.587 1.7 8.042 1.7 9.323 1.9
Chile 2.115 3.4 2.240 3.7 2.371 3.7 2.461 3.7
Colombia 2.255 3.1 2.508 3.5 2.537 3.4 2.862 3.8
México 2.895 0.5 3.061 0.6 3.067 0.5 3.186 0.5
Perú 861 1.6 864 1.6 970 1.7 1.027 1.9
Venezuela 1.156 1.4 1211 1.6 1.158 1.3 1.522 1.7
Cuadro 2B. Gasto de defensa en países de América Latina 1998-2005 (en millones de dólares a precios constantes de 2003, y como porcentaje del PIB)
País 2002 2003 2004 2005
US$ % PIB US$ % PIB US$ % PIB US$ % PIB
Argentina 1.480 1.2 1.528 1.2 [1.586] [1.1] 1.560 1.0
Bolivia 164 2.1 179 2.2 177 2 169 1.9
Brasil 10.670 2.1 8.317 1.6 7.811 1.5 8.687 1.6
Chile 2.625 3.8 2.521 3.4 3.172 3.9 3.401 3.8
Colombia (*) 2.757 3.6 3.066 3.8 [3.212] [3.8] [3.309] [3.7]
México 3.026 0.5 2.941 0.5 2.817 0.4 2.772 0.4
Perú 734 1.3 775 1.3 778 1.2 893 1.4
Venezuela 1.132 1.3 1.062 1.3 1.314 1.2 1.477 1.6
[ ] = Estimaciones.
(*) Entre 2003 y 2004 se incluye una cantidad de 2.600 millones de pesos del Impuesto para preservar la Seguridad Democrática, decretado en agosto de 2002
Fuente: Base de datos del SIPRI, World Economic Outlook 2006 y elaboración propia.

Al bajo gasto en Defensa de la mayor parte de los ejércitos de la región, hay que añadir que en la mayoría de los casos el porcentaje del presupuesto que se destina al reequipamiento militar es muy bajo, mientras que el destinado a personal y otros gastos corrientes resulta comparativamente desorbitado. En cuanto a las adquisiciones, hay que puntualizar que muchos gastos en equipos militares no están incluidos dentro de los distintos rubros del presupuesto de Defensa sino en otras partidas de los presupuestos nacionales, como pueden ser las inversiones en infraestructuras. Es evidente que esta situación dificulta, al menos, el análisis del gasto militar. De todas formas, el excesivo gasto en personal realizado por la mayor parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas va en contra de las actuales corrientes existentes en los principales ejércitos del mundo y tiende a lastrar cualquier esfuerzo de modernización por una falta evidente de recursos. Por tanto, la pregunta que está en el aire en lo referente a este tema es si se está produciendo una carrera armamentística en América Latina con la excusa de la renovación del material obsoleto o si estamos asistiendo a fenómenos de otro tipo.

Cuadro 3. Estructura de gastos del Ministerio de Defensa, 2004
(%) Gastos personal Reequipamiento militar Otros gastos
Argentina 82,54 0,65 16,81
Brasil 70,43 2,88 26,69
Chile 58,34 23,46 18,19
Colombia 56,34 5,97 37,69
Perú 51,81 48,19
Venezuela 71,11 15,31 13,59
Fuente: Balance Militar de América del Sur, Nueva Mayoría.

Los impulsores del rearme

Venezuela

Sin lugar a dudas, Venezuela es el principal protagonista de esta supuesta carrera armamentística en América Latina, aunque hay que tener en cuenta que la Fuerza Armada Nacional (FAN) venezolana no es el principal poder militar de la región. Según el ranking sobre el poder militar en América del Sur, que elabora la Military Power Review,[4] Brasil encabezaba en 2005-2006 esta clasificación, seguido, en este orden, por Perú, Argentina y Chile. Por su parte, Venezuela se situaría en el quinto puesto y Colombia estaría sexta. Pese a todo, hay que reseñar, con respecto al ranking 2004-2005, que Venezuela ha subido un puesto, ya que entonces estaba situada en el sexto lugar después de Colombia.[5] A la vista del notable incremento del último año, sería importante ver el lugar en que queda Venezuela en el próximo informe de la Military Power Review.

En virtud del enfrentamiento político que mantienen los Gobiernos de Washington y Caracas, la Administración Bush ha expresado su inquietud por el proceso de rearme venezolano y ha advertido de la transferencia de armas de Venezuela a las dos principales organizaciones guerrilleras de Colombia, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como el cultivo de las relaciones con Estados patrocinadores de terrorismo como Cuba e Irán.[6] Por ello, el 15 de mayo de 2006 EEUU incluyó a Venezuela en la lista de países que no cooperan con EEUU en la lucha contra el terrorismo.[7] Como consecuencia de esta situación, se suspendió la venta y transferencia de armamento de EEUU a Caracas, así como el traspaso de armamento norteamericano ya en manos de Venezuela a otros países.[8] Este embargo de armas[9] no incluía la suspensión de los contratos de mantenimiento de los F-16 en manos de la Fuerza Aérea venezolana.[10] Ya antes del embargo, EEUU había presionado para la cancelación de ventas hacia Venezuela, logrando que se suspendieran los intercambios por parte de Israel, Suecia, Brasil y, más recientemente, España. Fue precisamente este hecho, sumado a la teoría de la “guerra asimétrica” desarrollada recientemente por Venezuela como respuesta a la “guerra preventiva” de EEUU, la que ha llevado a Chávez a plantear, en su programa semanal Aló presidente, la renovación total del armamento de la FAN, para no depender de sus tradicionales proveedores occidentales, claramente influenciables por las presiones de Washington. Y es precisamente este objetivo de sustitución total del armamento de la FAN lo que sostiene la especulación acerca del abultado gasto militar venezolano para los próximos años.

El Gobierno de Hugo Chávez explica que las compras militares crecientes son parte de un proceso de reposición y actualización de un material militar ya antiguo (como sería el caso de la sustitución de los viejos fusiles FAL belgas por los Kalashnikov rusos), y que su principal objetivo es luchar contra el creciente problema del narcotráfico y contra la violencia ejercida por los grupos armados paramilitares que operan en la frontera con Colombia. Pero Venezuela también ha dejado entrever que con sus adquisiciones de material bélico intentaría compensar, en parte, las transferencias de armamento realizadas por EEUU a Colombia en el marco del Plan Colombia (entre 2000 y 2004) y su prolongación en el Plan Patriota. Sin embargo, dadas las peculiares relaciones que mantienen los presidentes Chávez y Uribe, a la vista de los numerosos intereses en que se asientan las relaciones colombo-venezolanas, sostenidas sobre demasiados sobreentendidos y ciertos equilibrios inestables, se trata de un punto que no puede ser acentuado, dadas las reticencias que encontraría en Bogotá.

Ante los crecientes problemas por adquirir armamento en sus fuentes tradicionales de aprovisionamiento, comenzando por los EEUU, el comandante Chávez decidió mirar a Rusia, China y otros proveedores alternativos. Los acuerdos de armamento con Rusia se impulsaron tras el viaje del presidente venezolano a Moscú en noviembre de 2004, que tuvo sus frutos en marzo de 2005 con la compra de 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK 103 y AK 104[11] para reemplazan los FAL belgas que cuentan con más de 50 años de operatividad en la FAN. El acuerdo también incluía 15 helicópteros: seis MI-17 de transporte, ocho MI-35 de ataque y un MI-26 de transporte.[12]

En julio de 2006 Moscú y Caracas firmaron un nuevo acuerdo en esta materia, tras una nueva visita de Hugo Chávez a Rusia.[13] El nuevo contrato incluye el suministro de 24 cazas Sukoi-30 MK2, que sustituirán a los F-16 (adquiridos hace más de 20 años por Venezuela), y que costarán casi 1.500 millones de dólares. También incluye 54 nuevos Mi-35 con capacidad de combate, cuyo precio sumaría otros 250 millones de dólares. Venezuela también contempla la posibilidad de adquirir complejos antiaéreos Tor-M1 de fabricación rusa, lanchas patrulleras e, incluso, un submarino tipo Amur, todo por un importe de 1.000 millones de dólares. A estos nuevos materiales hay que añadir la futura producción en Venezuela de fusiles Kalashnikov y sus respectivas municiones, por valor de 200 millones de dólares, con la puesta en marcha de una instalación industrial para su fabricación en la localidad de Maracay. A finales de octubre de 2006, y tras la suspensión de la venta de los aviones españoles de EADS-CASA,[14] el asesor del presidente de Venezuela, el general Alberto Muller Rojas, anunció la posibilidad de adquirir aviones de transporte militar de fabricación rusa.[15]

Con respecto a su relación con China, que Chávez ha visitado en cuatro ocasiones desde 1999, Venezuela anunció en agosto de 2005 la compra de tres radares móviles tridimensionales de largo alcance JYL-1 (E/F Band), por un valor de más de 150 millones de dólares, que podrían situarse en la Isla Margarita y en la Península de Paraguaná, donde hasta hace dos años había dos radares norteamericanos TPS-70, retirados de su emplazamiento tras finalizar un acuerdo de cooperación entre ambos países.[16] La ubicación para el tercer radar JYL-1 es aún desconocida. Los radares formarán parte del Comando de Operaciones de la aviación militar, y el contrato contempla la entrega de repuestos, la asistencia técnica y el entrenamiento del personal venezolano para operarlos. En octubre de 2006, tras una reunión de Chávez con una delegación china en Venezuela, se anunció que los radares estarán instalados en 2007. La relación entre ambos países también incluye el envío, en 2005 y 2006, de personal a China para estudiar la fabricación y manejo de los satélites de comunicación, una acción que el Pentágono considera que puede estar destinada a la utilización de los satélites en el terreno militar.

Si bien Irán no se ha convertido en un proveedor de armas para Venezuela, sí ha comenzado a preocupar al Gobierno de EEUU y otros gobiernos occidentales la cada vez más estrecha colaboración entre el comandante Chávez y el régimen de los ayatolás. Desde que Chávez asumió el Gobierno en 1999, ha viajado a Irán en seis ocasiones, mientras que el presidente Mahmud Ahmadineyad estuvo en Caracas tras la Cumbre del Movimiento de los No Alineados (NOAL) celebrada en La Habana a mediados de septiembre de 2006. En los últimos años ambos países han suscrito 90 acuerdos y memorandos de entendimiento valorados en 7.500 millones de dólares, aunque la mayor parte de ellos todavía no se han cumplido. En el campo militar, en septiembre de 2006, y durante la citada visita de Ahmadineyad a Caracas, se anunció la instalación, con la ayuda de Irán, de una fábrica de pólvora en Venezuela.[17] Además, Chávez ha apoyado reiteradamente a Teherán en su programa de enriquecimiento de uranio e incluso ha defendido el derecho iraní a desarrollar el arma atómica para uso pacífico en numerosos foros internacionales.

Si bien el Gobierno venezolano repite una y otra vez que no tiene planes para desarrollar armas atómicas, ha mostrado públicamente su interés por impulsar la tecnología nuclear para usos pacíficos, como hizo en la reunión del G-15 que se celebró en La Habana en septiembre de 2006.[18] Al igual que en el caso iraní, la abundancia de petróleo y de gas existentes en el subsuelo venezolano y los recursos así generados, provocan algunos recelos acerca del objetivo último de las ambiciones nucleares venezolanas. Tras su reciente ingreso en el Mercosur, el comandante Chávez afirmó que apoyará el desarrollo de un programa de energía nuclear en el seno del grupo de integración regional de América del Sur. A esto hay que agregar que Brasil y Argentina también han entrado recientemente en el delicado terreno del enriquecimiento de uranio. Ambos países son los que han llevado a cabo un mayor desarrollo en materia nuclear en América Latina desde hace al menos dos décadas atrás y en los noventa pusieron bajo supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) sus respectivos desarrollos. Recientemente, Brasil anunció la firma de un acuerdo con la India y Sudáfrica para cooperar en el uso pacífico de la energía nuclear,[19] mientras que Argentina anunció el pasado agosto su intención de revitalizar su antiguo programa nuclear, siempre en el marco del uso pacífico.[20] La situación puede alterarse por las distintas iniciativas del presidente Chávez y de su alianza con países que desafían las normas internacionales sobre política nuclear, como Irán y Corea del Norte. En octubre de 2005, Chávez anunció que buscaba adquirir una central nuclear en Argentina, propuesta que por ahora no ha tenido respuesta, y meses antes anunció la búsqueda de un acuerdo nuclear con Brasil, lo que fue desmentido por el Gobierno de este país. A esto habría que agregar los repetidos mensajes del comandante Chávez por incluir los aspectos militares en el Mercosur.

En paralelo a la compra de material militar y a la firma de numerosos acuerdos bilaterales, Venezuela activó, a mediados de abril de 2005, el Comando General de Reserva Militar y Movilización. Según el comandante de la Reserva, general de división Julio Quintero Vitoria, “el contingente [de reservistas] se utilizará para apoyar actividades en caso de calamidades naturales y acciones de defensa si se diera una invasión por parte de alguna potencia extranjera al territorio nacional”.[21] La Reserva Militar es la quinta Fuerza Armada y se plantea como objetivo que pueda llegar a contar con un millón de hombres, pese a los grandes esfuerzos presupuestarios que esto supondría.

El presidente venezolano ha insistido de forma reiterada en que el principal escenario de un potencial conflicto, aún hipotético, sería el de una invasión de los EEUU a Venezuela con el propósito de poner fin a su revolución bolivariana. Hugo Chávez se prepara, según sus propias palabras, para una guerra asimétrica, la metodología del débil contra el fuerte. La característica primordial es la disparidad entre las partes contendientes para que el débil pueda sacar ventaja. La compra de fusiles rusos es coherente con ese concepto, pues es el tipo de armas que se emplean en la guerra de guerrillas, que sería la que tendría que llevar a cabo Venezuela en caso de una agresión por parte de EEUU. También es coherente con este concepto la reactivación del Comando General de Reserva Militar y Movilización.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU acusa a Chávez de apoyar a grupos antidemocráticos en Bolivia y Ecuador, tener nexos con la guerrilla colombiana y el bloqueo injustificado de la cooperación antidroga con Washington. Sin embargo, el tema que más controversia podría generar en el futuro es la definición de un marco legal para la FAN. En este sentido, la Ley Orgánica de la FAN es un instrumento jurídico que determina sus objetivos estratégicos. Dentro de los artículos que habían sido aprobados hasta agosto de 2006, la Asamblea Nacional incluyó el concepto de “doctrina de la consolidación del poder militar”, con la cual la Ley le atribuye a la FAN la responsabilidad de participar en los procesos de integración latinoamericana y caribeña. Esta puntualización parece ser el primer esfuerzo oficial por darle un alcance transnacional a las acciones de la FAN, un temor expresado por analistas y autoridades de otros países en el hemisferio.[22]

España, Brasil y Venezuela

Desde hace más de una década España ha estado vendiéndole armas a Venezuela. Desde abril de 2004 hasta febrero de 2005, España y Venezuela habían firmado al menos 10 pactos de venta de material militar, la mayoría referidos a aviones, helicópteros y sistemas de radares, cuyos principales beneficiarios fueron las empresas españolas Indra y EADS-CASA. Pero el último acuerdo de venta de armamento, anunciado tras la polémica visita del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a Caracas el 31 de marzo de 2005, y firmado por los titulares de Defensa de ambos países en noviembre de 2005, es el que ha suscitado más polémica. La operación incluía ocho buques militares –cuatro patrulleras de vigilancia costera y cuatro oceánicas– y 12 aviones –10 de transporte C-295 y dos de patrulla marítima CN-235– a EADS-CASA, por un valor de 2.000 millones de dólares. El acuerdo –el mayor pedido de un país extranjero a la industria militar española en los últimos años– se vinculó al compromiso de Venezuela de adquirir también tres buques civiles –dos asfalteros y un petrolero de tipo Panamax– y un contrato de reparación de petroleros en instalaciones navales españolas.[23]

Tras el veto de EEUU a vender su tecnología para los sensores de los EADS-CASA, alegando que rompería el equilibrio militar en la zona, se barajó la posibilidad de utilizar tecnología europea e incluso israelí en su reemplazo. Sin embargo, este tipo de solución encarecía en exceso el precio de venta, pues hacía necesario rediseñar la aviónica, con todo lo que este hecho presuponía de gasto adicional en comparación con el inicialmente pactado. Finalmente, en octubre se 2006, España confirmó la cancelación de la venta de los 12 aviones.[24] Ya en octubre de 2005, Washington logró persuadir a Israel para cancelar un contrato de 100 millones de dólares para modernizar los F-16 venezolanos.[25] No obstante, España y Venezuela mantienen el acuerdo sobre los ocho buques que construirá Navantia. Además, en julio de 2006 el astillero vigués Rodman Polyships cerró un acuerdo con Venezuela para la venta de 31 patrulleras, por un valor de 199 millones de dólares, destinadas a labores de vigilancia costera, seguridad y salvamento. Este acuerdo forma también parte de la negociación que cerró el Gobierno español en noviembre de 2005. Las embarcaciones de Rodman, de diferentes esloras –30, 20 y 17 metros– no llevarán equipos de EEUU, y en su lugar fueron seleccionados otros fabricantes japoneses y europeos. Asimismo, el astillero vigués transferirá tecnología al país latinoamericano y montará un pequeño astillero para la construcción de pesqueros.

El Gobierno venezolano también firmó un importante acuerdo de cooperación en materia de defensa, en febrero de 2005, con Brasil, consistente en el intercambio de petróleo por aeronaves militares, entre ellas 20 aviones de entrenamiento avanzado Super Tucano, construidos por la empresa brasileña Embraer. Al igual que en el caso español, la venta se suspendió por el veto de EEUU a transferir la tecnología norteamericana que llevan incorporados dichos aviones. Poco después del anuncio de la suspensión del acuerdo, el ministro de Defensa venezolano anunció que Venezuela y Brasil habían llegado a un acuerdo para construir conjuntamente un avión de transporte militar.[26]

Bolivia

El 26 de mayo de 2006, Caracas y La Paz firmaron un acuerdo de cooperación militar que por su contenido ha causado bastante preocupación en buena parte de América del Sur, especialmente en los países vecinos a Bolivia. Según las autoridades bolivianas, el acuerdo prevé la instalación de una base militar en Quijarro, a unos 200 kilómetros del límite con Paraguay, y otra en Riberalta, en el departamento amazónico del Beni, en la frontera con Brasil. Ambos proyectos serán financiados por Venezuela. Según otras fuentes, el acuerdo prevé la construcción de hasta 24 bases militares en la frontera boliviana con sus cinco vecinos, además de complementar las capacidades de defensa de los dos países firmantes, gestión de crisis, estandarización del armamento y participación mutua de oficiales de las Fuerzas Armadas en acontecimientos nacionales, si hubiera necesidad de ello.[27] Los temores ante el contenido del acuerdo alertan sobre la posibilidad de una abierta ingerencia venezolana en territorio boliviano.

El hecho de que la seguridad del presidente Evo Morales esté garantizada en buena medida por agentes venezolanos[28] es un dato que es tenido en cuenta por los analistas y políticos que se hacen eco de estos temores, y que ha provocado reacciones negativas en países como Chile, Paraguay y Perú. Paraguay reaccionó airadamente tras conocer el acuerdo entre Caracas y La Paz, y trascender que las dos primeras bases se construirán en el río Paraguay y en la frontera con Brasil. La misma preocupación ha expresado Perú, que tilda a dicha cooperación de absolutamente atípica y se sorprende de la injerencia venezolana así como de la actitud de Bolivia que lo acepta. Chile también ha expresado su inquietud, aunque se muestra más tranquila, ya que sus capacidades militares se han visto potenciadas últimamente y también por el interés de mejorar sus relaciones con Bolivia para poder, finalmente, adquirir gas proveniente de ese país. El acuerdo con Venezuela, no obstante, está aún pendiente de la aprobación por la Cámara Alta del parlamento boliviano. La Comisión de Gobierno y de Defensa de Bolivia ha mostrado recientemente su inconformidad con respecto a la injerencia venezolana en ámbitos como las modificaciones en la estructura de las Fuerzas Armadas, el control democrático de la fuerza, la estandarización e interoperatividad en las filas castrenses y la participación mutua de oficiales de las Fuerzas Armadas de ambos países en acontecimientos nacionales oportunos.

Chile

El otro país de América Latina que más ha gastado en material militar ha sido Chile, que dedica un 3,8% de su PIB a la defensa. El presidente Ricardo Lagos anunció a mediados de 2005 un programa de compras de nuevo equipamiento militar,[29] continuación del Plan Alcázar, iniciado en 1992, para reemplazar el material obsoleto. Según la planificación, el programa de nuevas adquisiciones se extiende hasta el año 2014. El programa descansa además en la Ley del Cobre, que otorga el 10% de los beneficios obtenidos por la venta de dicho metal a la compra de armas y que los últimos años se ha beneficiado del importante incremento de los precios del cobre en los mercados internacionales.

Como parte de este programa, Chile recibió este año dos fragatas holandesas Clase L y Clase M de las cuatro que debe recibir hasta 2007. También ha recibido dos submarinos de ataque franco-españoles Scorpene, por unos 450 millones de dólares, que sustituirán a otros dos submarinos de fabricación británica que han sido retirados tras 30 años de servicios. Uno de los Scorpene fue entregado en 2005 y otro en 2006. El proceso de renovación de la flota se completa con la adquisición, sellada en septiembre de 2005, de tres fragatas británicas usadas, por valor de unos 258 millones de dólares.[30] La Armada chilena pretende así reunir una flotilla de superficie de ocho barcos, cuatro británicos y cuatro holandeses, programa de renovación que culminará en 2008. La Armada chilena recibió también, en marzo de 2006, el primero de los tres helicópteros Douphin HH-65 procedente de Brasil.[31] La Fuerza Aérea, por su parte, ha recibido a lo largo de este año seis aviones de combate F-16, de los 10 que se han comprado directamente a EEUU por 660 millones de dólares. Antes de fin de año se deben entregar los cuatro restantes. Todo parece indicar que los F-16 reemplazarán a los Mirage 5Ms, actualmente en servicio. La Fuerza Aérea chilena también recibió cuatro de los dieciocho F-16 de segunda mano provenientes de Holanda, a los que se les realizó un proceso de actualización con tecnología israelí, y con un coste de 180 millones de dólares como se acordó en diciembre de 2005.[32] En marzo de 2006, el Ministerio de Defensa de Chile confirmó la adquisición de 118 tanques Leopard II a Alemania, para reemplazar a los 220 Leopard I (sólo 131 están actualmente en uso).[33] Fuentes institucionales reconocen que la idea es llegar a tener al menos 300 Leopard II operativos en Chile.[34] Tanto los F-16 como los Leopard II irán a la frontera norte de Chile, que comparte con Perú y Bolivia.

¿Carrera de armamentos?

Ante la dinámica abierta por el Gobierno de Chile de adquirir un material moderno y poderoso, el Gobierno peruano, su vecino del norte, ha expresado en varias ocasiones su preocupación por las compras chilenas. Esta preocupación se basa en la existencia de un viejo diferendo fronterizo, herencia de la Guerra del Pacífico, del siglo XIX, que actualmente tiene en el trazado de la frontera marítima uno de sus puntos más álgidos. Ante los temores peruanos, las autoridades de Santiago aseguran que lo que han hecho es un procedimiento normal de reemplazo del armamento obsoleto por otro más moderno. Además, el ministro de Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, anunció en junio de 2006 que su país y Perú reactivarían en breve el diálogo para homologar la medición del gasto militar de ambos países.[35] Este el diálogo se inició en el año 2001 con los presidentes Alejandro Toledo y Ricardo Lagos, pero sólo recientemente se pudo concretar una reunión. El proceso fue suspendido por Perú en marzo del 2005, tras conocerse que Chile había vendido armas a Ecuador en pleno conflicto del Cenepa, en 1995.

Por todo esto, y frente a lo que los peruanos entienden como falta de respuestas satisfactorias por parte de Chile, vemos a las Fuerzas Armadas de Perú inmersas en un profundo proceso de reorganización. Tras los drásticos recortes presupuestarios en Defensa, en los primeros años del siglo XXI, el presidente peruano Alejandro Toledo decidió en 2004 constituir un Fondo de Defensa y Seguridad Nacional con un porcentaje de las regalías de la explotación del gas de Camisea, siguiendo, de alguna manera, el modelo chileno del cobre. Fuentes del Ministerio de Defensa han admitido que aún es poco lo que reciben de este fondo, aunque se trata de un importante punto de partida para recuperar la capacidad operativa de todo su sistema defensivo.[36] El Gobierno peruano ha anunciado en septiembre de 2006 que invertirá más de 600 millones de dólares en la recuperación de aviones y en la solución de aquellos problemas relacionados con la capacidad operativa de sus Fuerzas Armadas.[37] La flota de los 16 MiG-29 usados que la Fuerza Aérea peruana compró a Bielorrusia en 1996 cumplirá próximamente 20 años y, por tanto, deben ser sometidas a una inmediata reparación o modernización. Para ello contarán con el apoyo de la Federación Rusa, con la que firmaron un convenio de cooperación técnico-militar en 2004. Esta modernización de los aviones es necesaria para el equilibrio estratégico en la zona, ya que los F-16 norteamericanos adquiridos por Chile son superiores a los MiG-29. Perú también ha adquirido recientemente cuatro fragatas lanzamisiles italianas y mantiene conversaciones con representantes de empresas francesas para llegar a un acuerdo que le permita obtener el mantenimiento de su flota de aviones Mirage 2000.[38]

Si bien Chile y Venezuela son los países de América Latina que más armas han adquirido en los últimos meses, la gran diferencia entre los dos países estriba en que mientras Chile ha optado por dotarse de la tecnología más avanzada, comprando sistemas que no existían en la región, Venezuela, por su parte, a partir del desarrollo de la doctrina de la guerra asimétrica, se ha centrado mayoritariamente en adquirir un material que permita armar a un porcentaje importante de milicias civiles. El propio presidente venezolano ha anunciado en diferentes ocasiones su proyecto de equipar con los fusiles nuevos a sus Fuerzas Armadas y entregar el material viejo a una milicia civil armada. Sin embargo, en el Gobierno de Colombia existe un gran temor, no formulado oficialmente, ante el destino de los FAL que dejen de ser utilizadas por la FAN. ¿Servirán para ser utilizados por los reservistas o, por el contrario, entrarán en los circuitos ilegales de compra y venta de armas cortas, lo que podría ponerlos al alcance de las FARC?

Por su parte, Brasil, la principal potencia militar de la región, ha incidido muy especialmente en la adquisición de medios de combate y transporte para asegurar el control de la zona del Amazonas y lograr la impermeabilización de la frontera con Colombia, intentando evitar la presencia de narcotraficantes y terroristas de las FARC en su propio territorio. Para ello ha puesto en funcionamiento una parte sustancial del SIVAM (Sistema de Vigilancia Amazónica), destinado a controlar el espacio aéreo y terrestre de un área considerable de la selva amazónica. Todo ello refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control del Amazonas y a la lucha contra distintos actores no estatales, como los narcotraficantes, los traficantes de armas y ciertos grupos armados extranjeros, básicamente colombianos. Esto se puede observar claramente en la ubicación de los emplazamientos de las guarniciones militares en las fronteras del país, que de estar mayoritariamente en los límites con Argentina se desplazaron a la frontera norte, con Colombia.

Brasil es el país que más ha diversificado sus compras, adquiriendo desde helicópteros Black Hawk y torpedos estadounidenses a misiles sudafricanos, pasando por aviones de entrenamiento saudíes, de transporte españoles y de combate franceses.[39] Brasil es también es el único país de América del Sur que mantiene una importante industria militar, después que la política de privatizaciones y ajuste económico de la década de 1990 liquidó buena parte de la existente en otros países de la región, como fue el caso especial de Argentina. Muchas de las adquisiciones del material para la Fuerza Aérea brasileña han estado condicionadas por la gran dimensión económica de la empresa aeronáutica brasileña Embraer, que se ha convertido en un importante jugador internacional. Esto ha llevado al Gobierno de Lula a reforzar la tendencia a poner como condición para adquirir material aéreo extranjero el desarrollo de joint ventures con esta compañía. En este sentido, y según informaciones del diario Les Echos, la empresa francesa Dassault (accionista de Embraer desde finales de la década de 1990) ha invitado a Brasil a participar en la fabricación del caza francés Rafale, un caza de cuarta generación, un avión polivalente capaz a la vez de realizar misiones de defensa aérea (aire-aire) y de ataque (aire-tierra), y de operar tanto desde tierra como desde un portaaviones. La información, sin embargo, no ha sido confirmada por Dassault.

No obstante, no hay que olvidar que en enero de 2003, poco después de llegar al Gobierno de Brasil, Lula suspendió la adquisición de 12 cazas de guerra, por un valor de 760 millones de dólares, en cuya licitación participaban varios consorcios aeronáuticos internacionales, de modo de poder destinar dichos fondos al programa Hambre Cero. Pese a este parón coyuntural, un año después se retomaría el programa de actualización del poder aéreo. La Fuerza Aérea de Brasil ha adquirido tecnología israelí para 46 aviones de combate F-5E de fabricación norteamericana. El programa se completará con la incorporación de 76 aviones turbohélice Super Tucano, que operarán en el Amazonas y 53 aviones de ataque a tierra tácticos AM-X co-fabricados con Italia.[40] En julio de 2005 los Gobiernos de Brasil y Francia firmaron un acuerdo de cooperación aeronáutico, militar, energético y medioambiental, con el fin de profundizar las relaciones bilaterales entre los dos países. Además, se estableció la transferencia, en préstamo, de 12 aviones Mirage 2000C provenientes de las reservas de la Fuerza Aérea francesa.[41] También ha recibido cuatro aviones de transporte militar C-295, de los 12 que se compraron tras un acuerdo con EADS-CASA (que tiene participaciones en la brasileña Embraer) firmado en abril de 2005. Dicho acuerdo también incluía la modernización de su flota de aviones P-3 de patrulla marítima, que incluirá la instalación del sistema de misión FITS (Fully Integrated Tactical System) desarrollado íntegramente por EADS-CASA en España.[42] Recientemente, la Fuerza Aérea brasileña ha confirmado la elección del turbohélice C-212, fabricado por el consorcio europeo EADS-CASA para reemplazar su flota de Bandeirantes, por un coste de 260 millones de dólares. El Gobierno brasileño ha tomado la decisión de comprar 50 C-212 tras el fracaso de las negociaciones con el fabricante brasileño Embraer, para modernizar los Bandeirantes, fabricados por Embraer hace ya 30 años.[43]

Por otro lado, Brasil estudia adquirir un portaaviones de origen francés, incorporar vehículos blindados alemanes y de EEUU y adquirir misiles antibuque de largo alcance del tipo Harpoon a EEUU y del tipo MM-40 a Francia, entre otros programas.[44] También hay que destacar la continuidad del programa de construcción de un submarino brasileño con propulsión nuclear. A todo ello se suma la decisión política de tener una mayor presencia en la escena internacional y de este modo el Gobierno de Lula apostó claramente por subir el perfil brasileño en lo referente a su participación en Operaciones Multilaterales de Paz de Naciones Unidas, tal como lo demuestra el envío de 1.200 efectivos militares a Haití para participar en una misión que no casualmente ha estado al mando de un general brasileño.

Brasil es el único país latinoamericano que tiene un plan estratégico de defensa, con intereses estratégicos bien definidos que giran en torno al control de la Amazonía (la principal reserva natural del mundo y la primera reserva de agua dulce del planeta). Para ello puso en marcha el dispositivo SIVAM/SIPAM (Sistema de Vigilancia Amazónica /Sistema de Protección de la Amazonía), inaugurado el 25 de julio de 2001, cuando se encontraba al 75% de su conformación, con un costo superior a los 1.400 millones de dólares. La norteamericana Raytheon fue la empresa elegida para proveer los equipos y servicios para la realización del proyecto. El sistema contempla, además, que la Fuerza Aérea brasileña utilice 25 turbohélices Super Tucano y de cinco a ocho aviones radar con capacidad para sensoramiento y seguimiento terrestre. Por su parte, el Ejército aporta al sistema 3.000 soldados en alerta permanente, con lanchas y helicópteros. La Marina aporta 1.100 hombres, navíos de patrullaje fluvial y grupos de apoyo a poblaciones ribereñas.

Brasil también se opone al Plan Colombia (actual Plan Patriota) –lo ha hecho desde la época de Fernando Henrique Cardoso– por dos motivos. El primero se relaciona con el tradicional temor brasileño a la presencia militar de EEUU en el continente y, el segundo, que en función de la posición estratégica continental de Brasil y a su dilatada frontera con Colombia, las FARC se vean tentadas a extenderse por el territorio amazónico, instalando incluso campamentos y bases de retaguardia en territorio brasileño. Por eso no es de extrañar que el Gobierno brasileño enviara en 2005 una delegación a Vietnam para estudiar el comportamiento de la guerra de guerrillas en condiciones de jungla.[45]

En Colombia, la existencia del Plan Colombia impulsado inicialmente por el Gobierno de Andrés Pastrana para combatir al narcotráfico –y, de hecho, a la guerrilla y que tuvo todo el respaldo de Washington, hasta tal punto que fue visto como una iniciativa de EEUU– ha derivado en una fuerte concentración de la adquisición de material militar procedente de EEUU. La impronta estadounidense ha condicionado durante todo este tiempo las relaciones de Colombia con sus vecinos, especialmente con la Venezuela de Hugo Chávez.[46] Lo mismo ha ocurrido con la posterior implementación del denominado Plan Patriota. En fechas recientes se ha aprobado la continuación de la ayuda económica de EEUU para la adquisición de armas por parte de Colombia hasta 2008. En un principio, los equipos de combate (helicópteros, aviones, etc.) cedidos por EEUU a Colombia tenían que pasar por el tamiz de la lucha antinarcóticos, pero finalmente Washington llegó a autorizar que los helicópteros suministrados a través del Plan Colombia para operaciones antidroga pudieran emplearse en acciones de contrainsurgencia.[47] Las adquisiciones más recientes de Colombia se centran en carros de combate, piezas de artillería y aviones de transporte. El 75% del monto de recursos transferido a Bogotá por Washington dentro del Plan Colombia se ha destinado a material de uso militar.

En diciembre de 2005, Colombia firmó una orden para adquirir a Brasil aviones por valor de 235 millones de dólares. Se trata de 25 aviones de ataque Embraer EMB-314 Super Tucano y A-37s que se quiere emplear en operaciones contra el narcotráfico, y presentarán características renovadas que le permitirán el lanzamiento de bombas guiadas por láser y misiles de largo alcance.[48] En enero de 2006, Santa Bárbara Sistemas alcanzó un acuerdo con el Gobierno colombiano para vender 15 obuses 155/45 por un valor de 13,5 millones de euros. La entrega de nueve de estos obuses está prevista antes del final de ese mismo año.[49] La decisión del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, de septiembre de 2004, de cancelar la entrega de 41 tanques franceses AMX-30 renovados, comprometidos por la administración de José María Aznar en febrero de 2004 para evitar, según fuentes oficiales, un aumento de la tensión en la frontera de este país con Venezuela, se vio compensada en  noviembre de 2005, con la visita del entonces ministro de Defensa, José Bono, a Bogotá, donde cerró la venta de material militar a Colombia. Se trata de 12 aviones de segunda mano del modelo C-212, de transporte ligero, y de nueve aeronaves nuevas –dos C-295 y siete CN-235–, todas para el transporte militar. De alguna manera, la visita del ministro Bono y la venta de aviones intentaban equilibrar la operación de venta de naves y aeronaves que entonces se había cerrado con Venezuela.

Colombia es el tercer receptor de cooperación militar norteamericana en el mundo, con más de 3.000 millones de dólares desde el año 2000. Colombia sigue siendo prioritaria en la agenda de EEUU. Así quedó demostrado con la solicitud del Departamento de Estado al Congreso de EEUU de 735 millones de dólares para el sostenimiento de la Iniciativa Andina contra el narcotráfico en el año fiscal 2006, lo que significa un aumento del 16% en la asistencia para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. También se solicitó que el paquete de ayudas a Colombia se extienda por lo menos dos años más.

Argentina, por su parte, se ha centrado en sistemas de radares bidimensionales y tridimensionales y en misiles aire-aire. El Gobierno del presidente Kirchner está inmerso en una profunda reorganización de sus Fuerzas Armadas, pese a estar dedicando el 80% del presupuesto militar argentino a sueldos. Los drásticos recortes presupuestarios, los planes de ajustes y la politización en torno a la cuestión militar (algunas heridas abiertas por las víctimas de la dictadura militar de 1976-1982 siguen sin cerrarse) han golpeado duramente a las Fuerzas Armadas argentinas y han impedido definir con claridad su papel en la actual realidad nacional, más allá de la taxativa prohibición de intervenir en la política interna. En este sentido, la actitud inicial del Gobierno del presidente Kirchner no facilitó precisamente la resolución de los conflictos con los uniformados.

En octubre de 2006 el Congreso de Argentina aprobó un convenio militar con Rusia, que habían firmado los presidentes Néstor Kirchner y Vladimir Putin en 2004. Este acuerdo marco aprobado avala la compra de armamento ruso y la radicación en suelo argentino de fábricas relacionadas con los sistemas de armas de ese mismo origen.[50] Una semana después, la ministra de Defensa, Nilda Garré, llevó a cabo una gira por diferentes países que le llevó a Rusia. El ministro Ivanov confirmó que recibió varios pedidos de compra de armamento, pero la ministra sólo confirmó que el país está interesado en adquirir los helicópteros militares rusos MI 17, estaciones de radar y programas informáticos rusos para el control del espacio aéreo, pero que todavía no había nada concreto.[51]

Seguridad regional

Mientras está en el aire el debate sobre la intensificación de la compra de armamento en América Latina, paralelamente se estrechan los vínculos entre algunos países de la región, que realizan conjuntamente ejercicios militares combinados. Un ejemplo de esto es el ejercicio Crucero del Sur, que en el mes de agosto celebró su tercera edición (Cruzex III) en el centro y este de Brasil. Contó con la presencia de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Francia, en una situación simulada de conflicto de baja intensidad y encarando la posibilidad de actuar en el marco de la ONU.[52] Sin duda, los países de América Latina han incrementado su implicación en operaciones multinacionales, especialmente bajo el paraguas de las misiones de paz de Naciones Unidas. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han aportado contingentes militares en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y en enero se informó de que una fuerza conjunta chileno-argentina se desplegaría en la isla. Fuera de la región, Argentina aporta una unidad de ingenieros a la misión de la OTAN en Kosovo (KFOR – Kosovo Force) desde 1999, y Argentina y Chile contribuyen en la fuerza terrestre Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR) desplegada en Bosnia. Colombia contribuye con un batallón de infantería en la MFO (Multinational Force and Observers) en la Península de Sinaí, y Uruguay ha ampliado su contribución en la MFO.

Paradójicamente, Venezuela, que aspiraba a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no ha participado en los últimos años en ninguna de las misiones de paz de este organismo.El objetivo principal del Cruzex III era entrenar las Fuerzas Aéreas en la planificación de operaciones acordadas con países amigos y según los patrones de la OTAN. Francia participó también en los dos ejercicios anteriores, ya que tiene intereses estratégicos en el área fronteriza de la Guyana Francesa, donde se encuentran sus instalaciones para lanzamientos espaciales. Además, después de la Guerra de Irak, la conducción francesa en operaciones de paz es mejor recibida que la norteamericana o la británica. Cabe señalar también el acercamiento entre el Gobierno de Chirac y Brasilia, que incluye desde la compra de aviones hasta el apoyo político para que Brasil tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU si finalmente se llevara a cabo una reforma integral del sistema de Naciones Unidas.

Otro tipo de ejercicio multinacional que se ha llevado a cabo en la región fue el realizado en tierras paraguayas bajo el nombre de “Fuerzas Comando 2006”, que se realiza anualmente y está apadrinado por el Comando Sur norteamericano. Contó con la presencia de efectivos de EEUU, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. En este caso era una prueba conjunta sobre tácticas y técnicas de operaciones especiales antiterroristas que se efectuó en la ciudad de Asunción. Lo más destacado fue la ausencia de Brasil, Bolivia, Venezuela y Argentina (aunque mandó a un observador), que expresaban así su desacuerdo con la idea norteamericana del empleo de las Fuerzas Armadas contra nuevas amenazas que incluye el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de amas, personas y drogas.[53]

Este desacuerdo ya quedó patente en la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en noviembre de 2004, donde Brasil rechazó la propuesta presentada conjuntamente por EEUU y Canadá de convertir a la Junta Interamericana de Defensa (JID) en un organismo de coordinación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Brasil consideró que un órgano de este tipo terminaría teniendo capacidades operativas, lo que iría en contra de su política en materia de Defensa, en la que no cede soberanía en la toma de decisiones de estos asuntos.[54] En la misma conferencia, el Ministerio de Defensa de Colombia propuso la creación de un contingente militar de los países de la región para combatir el trafico de drogas, armas y personas, a través del desarrollo de un cuerpo especializado, integrado por personal militar de distintos países. Brasil y Argentina también rechazaron esta propuesta y sólo se mostraron favorables al intercambio de información.[55]

La idea de EEUU y Colombia de crear una lista de los distintos grupos terroristas presentes en América, que permitiera una intervención de la OEA, fue también desestimada, en este caso por Ecuador, que sostuvo que el problema de Colombia es únicamente de los colombianos y que los demás países de la región no deben involucrarse en su resolución ni compartir ningún tipo de responsabilidad.[56] También quedan en evidencia las distintas líneas hemisféricas para la lucha contra el terrorismo en la región en las distintas reuniones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), un órgano adscrito a la OEA. La región privilegia la prevención y la desarticulación de las redes de apoyo de los grupos terroristas, mientras que la lucha frontal contra las estructuras terroristas continuaba siendo un tema de estricto manejo nacional, que en buena medida depende de las relaciones de cada gobierno con los EEUU. Cabe recordar que en marzo de 2005 la Administración Bush reiteró al Gobierno brasileño la necesidad de que se ratifiquen dos instrumentos internacionales: la Convención de las Naciones Unida y la Convención de la OEA sobre Terrorismo en el Congreso brasileño, con el fin de poder librar una lucha efectiva contra las células de financiación del terrorismo en la Triple Frontera.

Alcierre de los ejercicios multinacionales antiterroristas “Fuerzas Comando 2006”, el jefe del Comando Sur de los EEUU, general Bantz Craddock, tuvo que desmentir que su país tuviera interés alguno en instalar una base militar en Paraguay. Las sospechan recaen en la localidad de General Estigarribia, a 150 kilómetros de Bolivia, donde Washington buscó instalar en la década de 1980 una base militar, aunque sólo llegó a construir una enorme pista de aterrizaje. Se cree que en la actualidad el aeropuerto puede estar operado por los norteamericanos. Posteriormente, en el mes de agosto, se inauguró una sofisticada base antinarcóticos ubicada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, situada en la frontera con Brasil. Financiada por EEUU, las autoridades paraguayas rechazan taxativamente que se trate de una base militar encubierta.[57] Quizá para evitar más suspicacias, Paraguay ha anunciado que no renovará la inmunidad diplomática otorgada a los militares y contratistas de EEUU a partir de 2007. En Argentina y Brasil le han dado una amplia cobertura a este tema de las instalaciones ya que lo legan al renovado despliegue militar de EEUU en el Cono Sur.

El ejercicio Partnership of the Americas, llevado a cabo en las aguas del Caribe bajo el mando del Comando Sur por el portaviones norteamericano George Washington en los meses de abril y mayo de 2006, ya provocó gran revuelo y alarma, sobre todo al presidente venezolano, ya que se llevaron a cabo cerca se sus costas.[58] El despliegue militar de unos 6.500 efectivos tenía como objetivo mejorar las relaciones con los países de la región, concentrándose en amenazas no convencionales, como el narcoterrorismo y el tráfico de seres humanos, además de la implementación de mejoras en los niveles de adiestramiento en una amplia variedad de misiones.[59] Coincidiendo prácticamente en el tiempo, entre mayo y junio de 2006 se llevaron a cabo otras maniobras militares de la OTAN bajo el nombre de Joint-Caribe Lion 2006, lideradas por Holanda y en las que participaron EEUU, Bélgica, Canadá y Francia en Curaçao y la isla francesa de Guadalupe, siendo uno de los mayores despliegues aeronavales de los últimos años en la región. El presidente Hugo Chávez volvió a expresar su desconfianza por todos estos ejercicios que consideraba una amenaza para Venezuela,[60] mientras Cuba sostenía que se trataba de ejercicios para ensayar una intervención militar sobre algún país de la región. Por el contrario, Holanda, a través de su ministro de Defensa, mostraba su alarma por las ambiciones venezolanas sobre Curaçao.

En octubre de 2006 tuvo lugar en Argentina, coincidiendo con una reunión de los jefes de los ejércitos del MERCOSUR ampliado, un ejercicio militar en el que participaron Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, cuya agenda estaba centrada en las Fuerzas de Paz y la protección de los recursos naturales. El ejercicio tenía como hipótesis la recuperación de un aeropuerto que había caído bajo una potencia extra-continental.[61] Siendo EEUU el único país con la capacidad suficiente como para realizar una operación de este tipo, se decidió utilizarlo como hipotético oponente, con un supuesto interés norteamericano en las reservas naturales de la zona. En los ejercicios de años anteriores se habían desarrollado hipótesis para intervenir conjuntamente en un país que había sido desestabilizado por causas internas, pero con este nuevo ejercicio se incorporaba por primera vez el concepto de “guerra asimétrica” a las doctrinas militares de la región.

En otros aspectos de los temas de seguridad y defensa, América Latina sigue ofreciendo una imagen de ruptura, con visiones y percepciones muy diferentes sobre el significado concreto de las amenazas a la seguridad en la región. En buena medida, como ha demostrado el fracaso histórico del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) en comparación con la evolución de la OTAN, ello responde a los recelos y temores de los distintos gobiernos de la zona, especialmente de los sudamericanos, pero también de México, frente al hegemonismo de los EEUU en la materia. Recordemos al respecto la denuncia mexicana del TIAR en septiembre de 2001, coincidiendo con los atentados del 11-S. No cabe duda de la necesidad de un marco legal que incremente las posibilidades de cooperación. Es lo que ha debido pensar el presidente de Brasil, Lula da Silva, que ha propuesto la creación de una fuerza militar única para Sudamérica cuyo objetivo sería defender los recursos naturales y evitar la intervención extranjera directa. El Núcleo de Asuntos Estratégicos (NAE), que asesora al presidente brasileño, está desarrollando la propuesta de una fuerza militar única al estilo de la OTAN, según anunció el coordinador del organismo, coronel Oswaldo Oliva Neto.[62] El presidente venezolano, Hugo Chávez, ya había propuesto una iniciativa similar en julio pasado, pero limitada a los miembros del Mercosur, y se hablaba de fuerzas armadas fusionadas, mientras que en el caso de Lula habla de integración militar. A pesar del impacto de las palabras de Chávez, ningún país apoyó la iniciativa.[63] El proyecto de cooperación militar será presentado a los países de la región en 2007 por Lula, que parece que quiere asumir el liderazgo regional con un modelo de organización, la OTAN, que quizá no sea el más adecuado para la realidad de la región, toda vez que la Alianza Atlántica se articula en torno a una gran potencia como EEUU, lo que no sería el caso de América del Sur.

Posibles inestabilidades

A las clásicas rivalidades (Colombia-Venezuela, Chile-Perú y Bolivia-Chile) los países de América Latina tienen que enfrentarse a diversos problemas, de naturaleza muy diversa: la lucha contra el narcotráfico y las actividades conexas; el combate contra el terrorismo y diversos grupos políticos armados; la virulencia del crimen organizado, en sus manifestaciones más extremas, comenzando por los diversos tráficos ilegales (armas, personas, etc.); los efectos de los desastres naturales; las disputas territoriales en algunos puntos de la región (cada vez más marginales aunque siguen vigentes, como se muestra en América Central); y los problemas derivados de las desigualdades sociales.

Un tema controvertido surgió de la denuncia formulada por Porter Goss, el director de la CIA, ante una comisión del Senado de EEUU, en febrero de 2005, cuando puso de manifiesto las evidencias que disponía acerca de las reuniones mantenidas entre terroristas de las FARC y grupos terroristas islámicos para coordinar distintos ataques terroristas en la región. Se ponían como ejemplos los atentados en Buenos Aires contra la embajada de Israel y contra la AMIA en la década de 1990.[64] La hipótesis básica es que como resultado del conflicto armado y la presión a los narcotraficantes en Colombia se ha producido un desplazamiento de actividades ilegales hacia la Triple Frontera, que comparten Brasil, Argentina y Paraguay. Allí convergen el contrabando de droga, el tráfico de armas y la posible financiación de actividades terroristas islámicas.[65] Aunque es difícil precisar el verdadero alcance de la amenaza que puede representar este lugar, las agencias de inteligencia de EEUU y algunas europeas dicen tener razones que sustentan estas hipótesis. Una de ellas es que en los tres países hay una importante presencia de inmigración de Oriente Medio, ya antigua, que más recientemente se vio incrementada tras la guerra civil en el Líbano. Para muchos analistas, la presencia de Hezbolá no parece un secreto, ya que su canal oficial es uno de los cuatro que se emite en árabe por cable en esa localidad. Por el contrario, los servicios de inteligencia brasileños y argentinos niegan cualquier actividad terrorista en la zona.

Otro lugar tradicional de contrabando que se ha transformado en un importante foco donde confluyen una gran variedad de actividades criminales es la frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú. Se trata de una región selvática, altamente militarizada, donde terroristas y narcotraficantes intercambian armas por droga. Además, los altos mandos militares brasileños ven con preocupación las bases de EEUU en territorio de Colombia, Perú y, desde hace poco tiempo, también en Paraguay, algunas de ellas cercanas a las fronteras de Brasil.

En Bolivia, ante el desarrollo político de los últimos años, la inestabilidad que provocó la destitución de varios presidentes y las tensiones autonómicas han aumentado los análisis que advierten sobre un posible escenario que pasaría por la división del país. De ocurrir algo semejante, tendría importantes repercusiones regionales, no sólo por los vecinos implicados, sino también por el papel que podría jugar el Gobierno de Hugo Chávez en defensa de su aliado Evo Morales. Uno de los puntos en discusión es el del autonomismo y el control de los recursos energéticos, especialmente concentrados en la llamada “media luna oriental”. La posición autonómica y opositora existente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando se revelaron significativas tras las elecciones de la Asamblea Constituyente del 2 de julio de 2006. En Santa Cruz de la Sierra, inmediatamente después de las elecciones a la Constituyente, se produjo un ataque de miembros de la Unión Juvenil Cruceña y de la Federación Universitaria local (autonomistas) contra un grupo de indígenas que ocupaban edificios públicos. Estos hechos han incrementado la tensión en la zona y las Fuerzas Armadas han sido utilizadas,[66] como ha ocurrido anteriormente, para reestablecer el orden interno cuando las fuerzas policiales son sobrepasadas. Otro motivo de tensión es su enfrentamiento con Chile por su histórica reclamación de una salida al mar. Recientemente, Chile le ofreció un corredor no soberano para el libre tránsito pero sin presencia militar ni de seguridad bolivianas, pero Bolivia no lo quiere aceptar.

Conclusiones

La famosa carrera armamentista en América Latina, encabezada por Venezuela, ya no es sólo algo verbal. Puede que ésta no esté a la altura de las operaciones en que se ven involucradas las grandes potencias, pero en los dos últimos ejercicios se ha demostrado que en la región existe una clara intención de comprar armas, por los motivos que sea. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de cada país siguen una dinámica diferente, dependiendo de los condicionantes que marcan las distintas realidades nacionales. Si bien Chile y Venezuela son los dos países de América Latina que más armas han adquirido en los últimos meses, la gran diferencia entre ambos estriba en que mientras Chile ha optado por dotarse de la tecnología más avanzada, comprando sistemas que no existían previamente en la región, Venezuela, por su parte, a partir del desarrollo de la doctrina de la guerra asimétrica, se ha centrado mayoritariamente en la adquisición de un material que permita armar a un porcentaje importante de su población, especialmente la organizada en torno a las milicias civiles. Así vemos, entonces, como Venezuela se prepara para un “guerra asimétrica”; Chile, por su parte, compra armas más sofisticadas y fortalece acuerdos bilaterales, Brasil tiene como prioridad el control de la Amazonia, mientras Colombia debe cubrir unas necesidades internas distintas a las que determinan el equilibrio estratégico regional y Argentina se ha embarcado en una reforma castrense que le llevará bastante tiempo.

Para Venezuela el brazo militar sirve, evidentemente, para reforzar su diplomacia del petróleo, dirigida a conseguir aliados y aumentar su influencia. Incluso la exageración con sus detractores al hablar de la carrera armamentista de Chávez le sirve para proyectar una imagen de poder, tanto nacional como regionalmente. Esta idea se basa en la percepción de la emergencia de una verdadera potencia militar, con aliados tan claros como Cuba, Bolivia e, incluso, Irán, a los que se suman otros gobiernos simpatizantes de la izquierda latinoamericana y algunos amigos agradecidos por la solidaridad petrolera venezolana, como Ecuador, Argentina y Nicaragua. Pero su soberbia le puede pasar factura, como le ha ocurrido recientemente al quedarse sin su ansiado sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este punto existe una limitación todavía mayor. Pese a la gran disponibilidad de recursos provenientes de la renta petrolera, la capacidad de Venezuela es muy limitada y el monto de las ayudas que pueda prestar a los dos nuevos gobiernos de América Latina teóricamente afines, Ecuador y Nicaragua, mostrará los verdaderos límites de la política exterior del comandante Chávez.

Si por un lado las cuestiones de Seguridad y Defensa vuelven a ocupar un papel importante en los países de América Latina, también se ha incrementado la disparidad ideológica entre los varios gobiernos, lo que ha acrecentado el clima de alta desconfianza entre los países ante cualquier compra de armamento o acuerdo militar. Por ello, hoy por hoy parece poco probable la creación una fuerza militar común en América Latina, ya sea la idea de Lula como de Chávez. A la inquietud creada por Chávez se añade la que genera el supuesto renovado interés de EEUU por afianzar su presencia en la región.

[1] Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial de la Violencia y la Salud, 2002, "World report on violence and health" .

[2] Jorge Marirrodriga, “Latinoamérica se rearma”, El País, 29/IV/2006.

[3] Casto Ocando, “Planea Venezuela una compra récord de armamentos”, El Nuevo Herald, 16/IX/2006.

[4] Ranking do Poder Militar na America da Sul 2006/2007 en http://www.militarypower.com.br/ranking.htm .

[5] Ranking do Poder Militar na America da Sul 2004/2005, en http://www.militarypower.com.br/ranking.htm .

[6] US Department of State, “Country Reports on Terrorism 2005”, abril de 2006.

[7] US Department of State Bureau of International Information Programs, “Venezuela Not Fully Cooperative with Counterterrorism Effort”, 15/V/2006.

[8] Washington estaba preocupado por las noticias sobre el posible traspaso de los F-16 norteamericanos de las Fuerzas Aéreas de Venezuela a Irán.

[9] El término correcto sería “restricción”, aunque en los medios se habla generalmente del “embargo” a Venezuela.

[10] La inclusión de un país en la lista de Estados que no cooperan plenamente con EEUU en la lucha contra el terrorismo, la denominada NFC (Not Fully Cooperative with Antiterrorim Effort), no establece una restricción para las licencias autorizadas de repuestos o mantenimiento. En el caso de que un país sea incluido en la lista de los Estados que apoyan el terrorismo (State Sponsors of Terrorism) hubiera sido un embargo total de armas. US Department of State, Daily Press Briefing, 17/V/2006.

[11] El primer lote se recibió en abril de 2006 y constaba de 33.000 fusiles; el segundo se entregó en agosto de 2006 y constaba de 32.000; se espera recibir el último de 35.000 antes de finales de año (datos de la Agencia Bolivariana de Noticias y Defensa, Estrategia e Inteligencia).

[12] Fue recibido el 3 de abril de 2006 y los otros 12 llegarán antes de finales de año (datos de la Agencia Bolivariana de Noticias y Defensa, Estrategia e Inteligencia).

[13] Agencia Bolivariana de Noticias, 19/VI/2006.

[14] Infolatam/Efe, 19/X/2006.

[15] Ibidem.

[16] Observatorio de Seguridad Suramericano, agosto de 2005.

[17] Terra, 18/IX/2006.

[18] Efe, 14/IX/2006.

[19] Rosendo Fraga, “La cuestión nuclear en América Latina”, Nueva Mayoría, 22/IX/2006, www.nuevamayoria.com.

[20] Ibidem.

[21] Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio de Información y Comunicación, 13/IV/2005.

[22] El Universal, 25/VIII/2006.

[23] Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa celebrada el lunes 18/III/2005.

[24] Infolatam/Efe, 19/X/2006.

[25] Defense Industry Daily, 26/X/2005.

[26] El Nacional, 21/I/2006.

[27] “Acuerdo complementario al convenio de cooperación técnica entre la República de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela en materia de Defensa”,en http://www.defesanet.com.br/y/acuerdo_militar.pdf .

[28] Según reveló el periódico ABC (5/I/2006), durante la gira que Morales llevó a cabo a principios de 2006 por diversos países de Europa, Venezuela le proporcionó un equipo especial de seguridad. Además, el director nacional de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Alfonso Huerta, afirmó que el Gobierno ofrece seguridad a Morales cuando viaja por el interior del país, no cuando abandona el territorio nacional. Y el portavoz del AMS, Alex Contreras, afirmó que la gira de Morales era posible gracias a la cooperación de Cuba y Venezuela (La Razón, 6/V/2006).

[29] Ignacio J. Osacar, “Los Leopard II de Chile y el equilibrio regional”, Nueva Mayoría, 17/I/2006.

[30] Defesa@net/Efe, 09/IX/2005.

[31] Defensa.com, 28/III/2006.

[32] Defesa@net/El Mercurio, 20/IX/2006.

[33] Defensa.com, 30/III/2006.

[34] Ignacio J. Osacar, op cit.

[35] El Comercio, 30/VI/2006.

[36] La República, 2/I/2006.

[37] Observatorio de Seguridad Suramericano, Fundación Seguridad y Democracia, septiembre de 2006.

[38] La República, 27/II/06.

[39] Jorge Marirrodriga, op. Cit.

[40] Fabián Calle, “Los países de la Unión Europea como protagonistas centrales del re-equipamiento militar en Sudamérica”, CADAL, 2006.

[41] Observatorio de Seguridad Suramericano, Fundación Democracia y Seguridad, julio de 2005.

[42] Defesa@net, 24/X/2006.

[43] Defesa@net, 22/IX/2006.

[44] Fabián Calle, op. Cit.

[45] Jornal Brasil de Fato – Attac, 21/XI/2005.

[46] Carlos Malamud, “El complicado proceso para la paz en Colombia. Las difíciles relaciones de Colombia con sus vecinos: Venezuela, 2ª parte”, Documento de Trabajo 5/2004, Real Instituto Elcano, 3/II/2004, http://www.realinstitutoelcano.org/ .

[47] Román Ortiz, “Luces y sombras de la estrategia contrainsurgente del presidente Uribe”, ARI 52/2002, Real Instituto Elcano, 18/IX/2002.

[48] Defesa@net, 30/VI/2006.

[49] Defensa.com, 13/I/2006.

[50] La Nación, 28/X/2006.

[51] La Nación, 28/X/2006.

[52] Comunicado MINDEF, Ministerio de Defensa Nacional, Gobierno de Chile, 24/IX/2006.

[53] Departamento de Comunicación Social, Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay, 30/VI/2006.

[54] Observatorio de Seguridad Suramericano, Fundación Seguridad y Democracia, noviembre de 2004.

[55] Ibidem.

[56] Ibidem. En esta línea se inscribe la postura de Ecuador de negarse a reconocer sistemáticamente el carácter terrorista de las FARC.

[57] Clarín, 29/IX/2006.

[58] Agencia Bolivariana de Noticias, 26/IV/2006.

[59] US Naval Forces Southern Command Public Affairs, 11/V/2006.

[60] Radio Nederland, 26/V/2006.

[61] Rosendo Fraga, “El factor militar en América Latina”, Nueva Mayoría, 12/X/2006.

[62] Juan Arias, “Lula propone una fuerza similar la OTAN en Suramérica”, El País, 17/XI/2006.

[63] Rosendo Fraga, “El Ejército Sudamericano de Chávez”, Nueva Mayoría, 12/VII/2006.

[64] En octubre de 2006, la Fiscalía Argentina acusó formalmente al Gobierno de Irán por el ataque contra la asociación judía AMIA de Buenos Aires, señaló al movimiento chií libanés Hezbolá, como la organización encargada de ejecutarlo y pidió la extradición de diversas autoridades iraníes involucradas en los atentados (BBC, 26/X/2006).

[65] A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other Groups, Federal Research Division, Library of Congress, mayo de 2002, http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/NarcsFundedTerrs_Extrems.pdf.

[66] Las Fuerzas Armadas bolivianas también fueron desplegadas, por orden del presidente Morales, en las refinerías y campos petroleros del país coincidiendo con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006.