Recetas de Obama para una sanidad enferma

Alrededor de 50 millones de personas en Estados Unidos carecen de seguro sanitario, el 15% de la población y varios millones más tienen planes inadecuados o atención pobre. En contraste, la Unión Europea y Canadá gozan de un seguro nacional de salud, pero también Costa Rica, que cubre al 88% de la población, contribuyentes y pobres, con atención integral e igual. Según la OMS, el gasto sanitario per cápita en Estados Unidos es el mayor del mundo, un 63% superior al promedio de los países ricos, pero con indicadores de salud mediocres comparados con ellos.

La Junta Gobernadora de la Administración de Seguridad Social acaba de advertir que los dos programas sanitarios del Gobierno federal: seguro para ancianos que cotizaron cuando trabajaron (Medicare) y asistencia para niños pobres, ancianos en asilos y discapacitados (Medicaid) serán insolventes en 2017, dos años menos que en 2008, un desequilibrio peor que el de las pensiones que tendrán fondos hasta 2037. ¿Cuáles son las causas de estos fenómenos en el país más rico del mundo?

La mayoría de ellas son internas al sistema, un mosaico laberíntico primordialmente privado en la provisión de servicios pero mixto en su financiamiento: el 55% del gasto total sanitario es privado y el 45% público. De este último, sólo el 13% es de los dos programas del Gobierno federal y el resto de otros programas federales, de los Estados y municipales.

Los hogares contribuyen mediante primas y copagos a las aseguradoras privadas (HMO) o directamente a instalaciones y profesionales particulares. Las empresas con planes para sus empleados aportan sólo el 5% del gasto total. A los asegurados en Medicare se les deduce una prima de su pensión federal, deben comprar cobertura adicional con una aseguradora que puede tener deducibles y cargar copagos; también las medicinas tienen copagos.

En teoría, las aseguradoras y proveedoras privadas estimulan la competencia y reducen costos, pero éstos han crecido por decenios a un ritmo mucho mayor que la inflación y el PIB. El factor principal es la escalada en el precio de las medicinas; la investigación ha generado adelantos técnicos prodigiosos, pero se prohíbe la competencia de productores externos, opuesta por el poderoso cabildeo de las grandes compañías farmacéuticas y la agencia federal (FDA) que aduce no puede comprobar la calidad de los fármacos importados (si se permitiese comprarlos a Canadá, el precio caería en picado).

Los médicos y hospitales prolongan la vida de enfermos terminales o muy ancianos con procedimientos costosísimos. Una buena tajada de los recursos va a la enorme burocracia administrativa y el «papeleo» que crece sin remedio. Los médicos deben asegurarse por sus errores (malpractice) contra demandas judiciales de los usuarios que son compensadas por millones concedidos por jurados generosos, los que aumentan las primas haciéndolas prohibitivas para muchos galenos; para protegerse contra las demandas, los médicos ordenan multitud de pruebas costosas a menudo innecesarias.

Hay un fraude de miles de millones anuales en los programas públicos que ha inducido una investigación federal en varios Estados. El sistema es primordialmente curativo, con baja prioridad a la prevención, que podría evitar atención más costosa en el futuro; ciertas pruebas y acciones preventivas no son reembolsadas por las aseguradoras privadas. Debido a los costos crecientes y la crisis económica, muchas empresas han cerrado o cortado los planes sanitarios para sus empleados.

Otras causas son externas al sistema. La proporción de ancianos en la población total crece con rapidez (el 20% de la población tendrá más de 65 años en 2030), y como la expectativa de vida aumenta su atención de salud cuesta más: en el futuro, el 80% del gasto sanitario total será por enfermedades terminales y atención de pacientes crónicos. La generación del baby boom ya ha «madurado»: deja de ser contribuyente, se jubila y beneficia de los programas públicos. Durante la Administración de Bush aumentó la pobreza, las personas sin aseguramiento y la demanda por Medicaid; además, la crisis financiera desatada por la combinación fatal de avaricia del mercado y falta de regulación gubernamental adecuada y efectiva ha provocado la caída del empleo y las contribuciones, agravando el desequilibrio de Medicare y Medicaid.

La epidemia de obesidad (cerca de la mitad de la población), debida a la horrenda dieta alimenticia y a la falta de ejercicio, trae efectos nefastos: un salto mortal en la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y de articulaciones, una bomba de tiempo. El alcoholismo y el tabaquismo también son culpables; el último en declive gracias a las demandas judiciales exitosas contra las compañías tabaqueras, la prohibición de fumar en lugares públicos y la campaña masiva de educación.

Obama ha declarado: «No podemos dejar las decisiones difíciles para el próximo presupuesto, la siguiente administración o la generación venidera», y ha fijado el 31 de julio a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes para que apruebe su versión de la reforma. El Senado trabaja en un plan similar aunque con algunas diferencias. Obama es inteligente, flexible y busca el consenso, ¡qué mejoría con la ignorante y dogmática arrogancia del previo inquilino de la Casa Blanca!

Su prioridad es que toda la población tenga seguro sanitario. También propone la creación de una entidad pública que compita con las aseguradoras privadas, dando a los afiliados la opción de mantenerse en las primeras (si están satisfechos) o cambiarse a la pública. Promete que el Gobierno federal ayudará a las familias con un ingreso combinado menor de €64.000 anuales para que paguen sus primas. Pide a los empleadores que contribuyan, pero esto no será fácil con la crisis. El Gobierno regulará el sistema asegurador y la ayuda financiera a las familias de ingreso bajo y medio. Además mejorará la información para que el pueblo entienda la necesidad de controlar costos, usar alternativas más baratas con igual efectividad, cuestionar a médicos y hospitales sobre ciertas pruebas y procedimientos y comparar costo / efectividad dispares en estados y localidades y divulgar sus causas.

El costo actual del sistema es de 1,3 billones de euros y la extensión de la cobertura que se proyecta costará una suma similar en los próximos 10 años. Por el lado del gasto, las proveedoras privadas prometieron a Obama recortar 1,5 billones de euros en costos, pero Paul Krugman juzga que no cumplirán y, por lo contrario, boicotearán la reforma, especialmente la aseguradora pública. Para aumentar los ingresos el Congreso discute varias fuentes: 1) eliminar / reducir las deducciones al impuesto a la renta por gastos sanitarios de aquellos que ganan más de 181.000 euros anuales; 2) imponer impuestos a los planes de salud de las empresas, especialmente los excesivamente generosos que estimulan el despilfarro; 3) un aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas así como a las sodas, que contribuyen a la obesidad, y al tabaco.

Hasta ahora no se contempla un incremento de los impuestos a la nómina ni al consumo. Los republicanos en general favorecen el recorte en los gastos y se oponen al aumento de los tributos (así como de las contribuciones de empresas), mientras que los demócratas apoyan ambos. Quizás la decisión más difícil, por sus implicaciones ético-morales, es la prolongación de la vida, por días o semanas, de enfermos terminales, ancianos nonagenarios o los totalmente incapacitados, en coma y sostenidos artificialmente por aparatos mecánicos y medicamentos.

Obama cuenta la angustiosa decisión de reemplazar la cadera a su abuela sufriendo cáncer en etapa final y que murió dos semanas después. Esto -dice- no se puede dejar a las vías políticas normales, requiere una «conversación democrática» y educación ciudadana. Una excelente receta aplicable no sólo a este tema controversia sino a toda la reforma sanitaria.

Carmelo Mesa-Lago, catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, EE UU.