Recetas de repago

El Parlament aprobó, con los votos de CiU y la abstención del PP, el repago en farmacia, una tasa conocida como euro por receta que es del todo innecesaria. Es un paso más en la reconversión del sistema de salud iniciada por el Gobierno de Artur Mas, que nos lleva a un sistema dual con más pobreza y desigualdad entre los catalanes, y una iniciativa que facilitará los cambios que pretende el PP en todo el Estado. Seguro que el Gobierno de España sabrá agradecer en breve el servicio prestado por el consejero Boi Ruiz. Es posible hacer las cosas mejor en salud y resulta más eficiente, como ha sido demostrado por los Gobiernos catalanistas de izquierdas. Mientras en Cataluña el consumo en farmacia crecía el 11% entre 2004 y 2009, en el Estado lo hacía el 21,5%. Corregir esa tendencia al alza permitió a Cataluña ahorrar 1.000 millones de euros.

Las políticas de farmacia que se realizaron entre 2004 y 2010 han supuesto las mejores estrategias moderadoras del consumo de fármacos. Citaré algunas, empezando por la más importante, la receta electrónica, que ha permitido que la dispensación de fármacos a los pacientes se limite a los estrictamente necesarios, lo que a su vez permite a los médicos establecer pautas más adecuadas y racionalizar la programación de visitas a los CAP.

La incorporación de la dirección por objetivos y la retribución variable en los acuerdos con los médicos incorporó incentivos al uso racional de los medicamentos y la prescripción de genéricos, que en 2009 suponían en Cataluña el 33% de los envases recetados, porcentaje que en el resto de las comunidades autónomas se reducía al 25%. La política de concertación con el sector farmacéutico también supuso un gran avance en el uso racional del medicamento, así como la creación, en 2009, de la Mesa del Medicamento de Cataluña, que permitió establecer un consenso en políticas farmacéuticas. La Mesa del Medicamento es, o era, un órgano constituido con todos los agentes relacionados con el sector del medicamento en Cataluña: industria, distribución, oficinas de farmacia, consejos de colegios profesionales, patronales, foros de pacientes, expertos y el Departamento de Salud. Se desarrolló en tres grupos de trabajo, que incluían la investigación, el uso racional y la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, y el paciente como gestor de su tratamiento. Desarrollando estos instrumentos, Cataluña ha gozado de una notable ventaja competitiva respecto al resto de las comunidades, legitimada por el hecho de estar consensuada con el sector farmacéutico.

Estas políticas han sido los verdaderos moderadores que han hecho bajar el peso de la farmacia dentro del presupuesto del Departamento de Salud del 23% en 2004 al 17% en 2009. Y todo ello antes de los reales decretos ley de 2010 de racionalización del gasto farmacéutico y del Real Decreto 9 de 2011, que, además de regular la receta por principio activo, introducía más modificaciones en el sistema de precios de referencia.

Boi Ruiz, para seguir con la racionalización del consumo, solo tenía que seguir las políticas que han demostrado su utilidad. Pero el consejero ha sido víctima de un arrebato, típico de CiU, que impulsa a experimentar con cosas que, al final del camino, siempre acaban por incrementar la brecha social y generar más pobreza. El Servicio Catalán de la Salud ya estudió la variación en la corresponsabilidad de los usuarios en el coste del medicamento —euro por receta…—, pero no se implantó porque las previsiones demostraban la profundización de las inequidades si previamente no se corregía el copago actual, cuya regulación es estatal y asciende al 40% (excepto para pensionistas) sin tener en cuenta el nivel de renta del paciente. El Gobierno del presidente Mas actúa al revés: implanta sin estudiar, genera desigualdades, confunde a los profesionales y desconcierta y da miedo a los ciudadanos en dificultades económicas.

Esta tasa que introduce el repago, pagar dos veces por lo mismo, traerá más desencuentros con el sector farmacéutico, profesionales de la salud y usuarios. Es un impuesto al consumo de medicamentos cuyo hecho imponible es estar enfermo. No aportará ninguna ventaja, reportará algunos ingresos a la caja de la Generalitat hoy y mucho más coste en el futuro. Es indispensable, para no seguir perdiendo credibilidad y liderazgo, que el Departamento de Salud recupere el consenso con el sector y, sobre todo, con profesionales y ciudadanos. Estos tiempos difíciles requieren cordura y sentido común, no tiques que ahonden las desigualdades, algo que parece preocupar muy poco a CiU.

Por Josep Maria Sabaté, portavoz de Salud del PSC en el Parlament.

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