Reclutamiento militar e inmigración

Por Juan Antonio Herrero Brasas, profesor de Etica Social en la Universidad del Estado de California (EL MUNDO, 19/04/06):

El 17 de febrero de 1873 la Primera República abolía las quintas. Aquel experimento de profesionalización duró lo que la misma República. Casi 123 años después, PP y CiU acordaban una nueva supresión del servicio militar obligatorio.

Tal decisión, formalmente legislada por el Gobierno del PP, daría como resultado la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas tras un periodo de transición de seis años. El acuerdo para abolir el servicio militar obligatorio, hecho público el 17 de abril de 1996, fue precedido de décadas de agitación social, de modo que para ese momento tal sistema de reclutamiento era ya prácticamente insostenible.

La participación ciudadana en el debate social sobre el servicio militar fue algo sin parangón en ningún otro país de Europa. Para quienes recuerden esos años, no hará falta detallar la intensidad que llegó a adquirir el asunto. Era omnipresente en los medios de comunicación. Tan absolutamente central llegó a ser el tema en la vida pública que las elecciones generales de 1989 pasaron a la Historia como las elecciones de la mili.

Para el momento en que se tomó la decisión de profesionalizar las Fuerzas Armadas, todo el mundo, hasta la más sencilla ama de casa, tenía una opinión formada y generalmente informada sobre la cuestión, un magnífico ejemplo de la democracia en su más sano funcionamiento. La contribución de la prensa a dicho debate fue crucial. EL MUNDO y otros diarios de tirada nacional, airearon valientemente estudios, opiniones y datos que de otro modo no habrían llegado nunca al ciudadano medio.

Inicialmente, tanto PP como PSOE se oponían a la eliminación de la mili -a favor se habían pronunciado ya años antes IU y otros partidos-, pero la resistencia masiva de objetores e insumisos, así como las continuas publicaciones sobre la cuestión, hicieron que poco a poco tal postura fuera perdiendo rigidez. Entre mis recuerdos más señalados de aquellos momentos está el comentario que Santiago López Valdivielso, en aquel entonces portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, me hizo en un curso sobre el servicio militar organizado por la Universidad Complutense en El Escorial durante el verano de 1993. El que después sería director general de la Guardia Civil se me acercó para decirme enfáticamente que había sido la información contenida en mi primer libro -Informe Crítico sobre el Servicio Militar- lo que le había hecho cambiar de postura y posicionarse a favor del ejército profesional.

Por el puesto que ocupaba, cabe poca duda de que el posicionamiento de Valdivielso influiría significativamente en el debate interno que llevó al cambio de postura del PP. Aquel libro y otros que publiqué después también llamaron la atención de CiU, partido que me llevó como experto civil a la Comisión Congreso-Senado para la plena profesionalización.

También entre esos recuerdos está una reunión que organicé para debatir la conveniencia de la profesionalización con un teniente general, un general y un coronel cuyos nombres quizás no sea oportuno hacer públicos aquí. Se entenderá lo insólito de tal encuentro si se tiene en cuenta el modo en que me venía distinguiendo en los medios de comunicación por mi oposición frontal al servicio militar obligatorio. Añadiré, a modo de anécdota, que la reunión tuvo lugar ni más ni menos que en la cafetería Galaxia de Madrid. No recuerdo quién de los cuatro propuso tal lugar, sino sólo que era logísticamente más conveniente para todos.

La decisión de profesionalizar que, dada la intensidad del debate social, pudo haberse tomado mucho antes del 96, y con ello haberse aprovechado una oportunidad única de demostrar liderazgo en la Europa continental, se retrasó debido a la oposición personal e invencible de Felipe González.

El debate que se produjo en España sirvió de inspiración a otros países en los que no se había producido un proceso de tal intensidad, pero en los que ningún Felipe les impedía dar el paso. Así, Holanda y Bélgica se convertían a principios de los años 90 en los primeros países de la Europa continental en eliminar el reclutamiento forzoso. Y pocas semanas antes de que lo hiciera España el presidente francés, sin que precediera debate público en su país, también tomaba la decisión de profesionalizar su Ejército. La decisión francesa fue, increíblemente, citada por algunos políticos españoles para justificar la decisión tomada en España, por ser «la tendencia en los países de nuestro entorno».

La profesionalización ha conllevado en todo momento problemas de reclutamiento. En mayor o menor medida, eso es algo que también ocurre en los demás países que cuentan con ejércitos profesionales. Una extraordinaria mejora en la situación del mercado laboral español y una oferta salarial no precisamente deslumbrante para quienes se alistan son dos razones que explican la escasez de candidatos. Actualmente, el sueldo inicial básico de un soldado español es aproximadamente el mismo que el de un soldado norteamericano. Por la diferencia en el nivel de vida, ello significa que el soldado español está, al menos a ese nivel básico, comparativamente mejor retribuido que el norteamericano. Pese a ello, tal salario no atrae el suficiente número de candidatos, en parte porque ciertos condicionamientos culturales hacen que la profesión de soldado sea vista de forma menos atractiva entre los jóvenes españoles que entre los norteamericanos.

Las nuevas medidas del actual Gobierno contribuirán a incrementar el número de alistamientos. Es muy importante tener presente que el presupuesto necesariamente más alto que requiere el mantenimiento de un ejército profesional no supone un coste mayor sino, por paradójico que pueda parecer a primera vista, sustancialmente menor que el de un sistema de reclutamiento forzoso. Quien desee una explicación técnica y detallada del asunto puede consultar mi libro Rompan Filas. La cara oculta del servicio a la patria.

En última instancia, sólo hay dos posturas realmente coherentes y progresistas: eliminar el Ejército o, si se decide que las Fuerzas Armadas cumplen realmente un servicio de defensa de la democracia y de mantenimiento de la paz, retribuir a los soldados de un modo auténticamente digno. Las medidas que aplicó el PP para mejorar el reclutamiento incluían una tímida experimentación con el alistamiento de extranjeros con una serie de estrictas limitaciones. Pueden entenderse ciertas limitaciones relativas al estado transitorio de los extranjeros en el Ejército, en tanto no adquieran la nacionalidad. Pero no veo justificado limitar el reclutamiento de extranjeros a países iberoamericanos y Guinea Ecuatorial exclusivamente.

Tal condición puede deberse en parte a consideraciones estratégicas. Aún teniendo en cuenta tales consideraciones, el hecho es, no obstante, que sería posible establecer una regulación más flexible que permita garantizar que los soldados procedentes de un determinado país no excedan nunca un cierto número o porcentaje. Una mayor flexibilidad en ese capítulo contribuiría sin duda a resolver los problemas de reclutamiento. Los países de nuestro entorno -tengamos la conciencia tranquila- también permiten el reclutamiento de extranjeros. Más aún, hasta bien entrado el siglo XIX España tenía batallones completos de soldados extranjeros (walones y suizos). No es, por tanto, nada nuevo.

El inmigrante de hoy es el español del mañana, al menos en muchos casos. Hay en España jóvenes inmigrantes procedentes de una gran diversidad de países que estarían deseosos de alistarse en un ejército que decimos tener para preservar la democracia, la libertad y la paz. Tal apertura, además, haría del Ejército un vehículo de integración sociocultural y laboral.