Se dice que la historia se repite, un dicho verdadero porque los hombres son siempre iguales y se repiten a si mismos año tras año y época tras época. Las Memoires de la Duchesse de Maillé, lo confirman una vez más. Fue un personaje de los que la Francia del XVIII y XIX supo ofrecer con abundancia: culta, instruida a pensar y con una profunda educación, era un argumento vivo de la vigencia de la aristocracia como clase directora.
Desde la tribuna de su tertulia conoció la sociedad y la política de su tiempo, y sus análisis de los años 1832 a 1851 son no solo certeros sino incluso premonitorios de lo que iba a suceder después; sus juicios, además, aportan unas consideraciones que parecen escritas sobre la actualidad española.
He espigado en su texto dos frases muy sugerentes: en la primera comenta que el acierto de los políticos hubiera sido muy otro «si el sentido de partido no prevaleciera sobre el de patria». ¿Cuántas veces no nos quejamos, hoy, de que los partidos políticos anteponen su conveniencia al bien de la nación? ¿Y cuantas adoptan decisiones inoportunas o perniciosas al país para no dañar los intereses de su agrupación?
La segunda resulta igualmente actual: «el partido derrotado en las elecciones buscará su revancha en la calle». Es triste tener que reconocer que, en estos días, estamos asistiendo a esa actitud por los vencidos en las últimas elecciones. Poco importa que se deshagan en elogios del sistema democrático; si este no les favorece, se olvidan de sus virtudes y buscan el poder por otros medios, los que sean.
Han transcurrido treinta y cinco años desde la aprobación de la Constitución vigente, y la sociedad española que ya ha asimilado el embrujo de la novedad democrática, empieza a exigir que la política y quienes la sirven, no solo se contenten con frases e intenciones acordes con ella, sino que su actuación se ajuste a lo que siempre se ha llamado buen gobierno.
Se cometieron errores, que el espíritu de conciliación de la Transición justificó entonces, como fueron, para descentralizar la administración y hacerla más eficaz, dotar a las Comunidades Autónomas de cámara legislativa y no contentarse con la transferencia del poder ejecutivo, y otro de mayor bulto, poner en manos de las Cortes el dominio del judicial que convierte al partido gobernante en una dictadura por el tiempo que conceden las elecciones. La independencia del poder judicial es básica en un Estado de Derecho y constituye la mejor garantía para que no pueda instalarse un gobierno tiránico.
Además se ha seguido fielmente la doctrina de la Revolución Francesa de negar la existencia de la verdad. La democracia no niega que exista, prescinde de investigarla por razones prácticas y de eficacia, y se ajusta a la matemática del número precisamente para huir de la confrontación de opiniones que puede suponer llegar a conocerla. Concede el poder al quien obtiene mayor número de votos sin adentrarse en cual es su programa ni si se ajusta a la verdad, y es un pragmatismo muy útil en sociedades masificadas.
Cabría preguntarse si la situación que vive ahora la sociedad española de desencanto de sus políticos, no es en realidad desconfianza hacia esa doctrina que nació al amparo de una revolución. No pueden aceptarse unos principios y rehusar sus consecuencias, no es coherente rechazar toda verdad, convivir con el relativismo y asegurar que existe una ética.
¿Cómo va a exigirse a los políticos que cumplan unas normas, que se sujeten a una moral, cuando no se acepta que existen principios de los que puede derivarse? ¿Con qué base se les recrimina o a qué ejemplo se les compara? Se está produciendo una incoherencia doctrinal que incide en el desasosiego de la sociedad, y es de la mayor gravedad conocer su origen para poner remedio.
Si la reflexión no conduce a que existen valores inherentes a la persona humana que no pueden olvidarse, que de ellos nacen unas normas que obligan a gobernantes y gobernados, puede producirse un caos doctrinal que conduciría lógicamente al anarquismo y a cuestionar la legitimidad de las instituciones.
En la sociedad española se palpa un deseo de modificar algunas pautas, que los principios en que se apoya toda comunidad vuelvan a tener la consideración que merecen, porque la política es necesaria y conveniente: no puede ni imaginarse una sociedad de millones de personas que pueda vivir sin leyes, instituciones ni gobiernos, y en la que los ciudadanos vuelvan la espalda a quienes les conducen.
El mismo Papa Francisco ha reconocido en Río de Janeiro la necesidad de apreciar la actividad pública con unas palabras que ya se habían pronunciado antes en la Iglesia: «la política es una de las formas más altas de la caridad».
Marqués de Laserna, académico correspondiente de la Real de la Historia.