Recordando la historia

Según dicen algunos historiadores, Hitler no llegó al poder por haber conseguido la mayoría absoluta en unas elecciones, sino que habiendo conseguido ser el partido con mayor representación parlamentaria, quienes ocupaban los puestos clave del Estado, políticos de derecha y centristas, pensaron que lo podrían utilizar para sus fines, por lo que le dieron entrada al Gobierno. Pero fue Hitler quien los utilizó para liquidar la República de Weimar.
No se ponen de acuerdo los historiadores a la hora de responder a la pregunta de si la República de Weimar estaba condenada o no al fracaso. Quienes afirman que sí, lo hacen basándose no solo en el a posteriori del acontecer histórico, sino en la dificultad intrínseca que acompañó a una constitución, la de Weimar, pensada y formulada básicamente por la izquierda alemana tras la derrota en la primera guerra mundial, pero cuyo desarrollo y gestión cupo fundamentalmente a los partidos de derechas. Quienes niegan la inevitabilidad del fracaso aducen que, sin negar lo anterior, a pesar de todo hubiera podido ser salvada la República si los políticos de derecha y de centro no hubieran caído en la ilusión de controlar a Hitler metiéndolo en el poder.

Siempre es peligroso trazar paralelismos histórico, especialmente cuando no se matizan suficientemente las situaciones. Pero de todos los sucesos históricos se puede aprender algo. El reciente acuerdo de financiación autonómica alcanza, si nos atenemos a declaraciones de algunos de los protagonistas, importancia casi constitucional. El presidente del Gobierno ha afirmado que con ese acuerdo se crea el verdadero Estado de las autonomías. Y el conseller Castells ha dicho que el acuerdo tiene voluntad y capacidad de perdurar en el tiempo.
Estamos, pues, ante un elemento de desarrollo constitucional de capital importancia. Estamos ante lo que pudiera denominarse el cierre del desarrollo autonómico abierto, pero no definido en todas sus posibilidades por la Constitución española. Y si estamos ante un elemento importante de desarrollo constitucional, no estará de más reflexionar sobre las condiciones en las que dicho desarrollo se debiera producir.
En casi todos los países democráticos el desarrollo constitucional requiere de mayorías cualificadas. En los países federales, en general, debe producirse una doble mayoría cualificada: la mayoría cualificada en el órgano que representa a los ciudadanos en condiciones de igualdad y sin referencias de diferencia territorial, en la Cámara baja, en la que están representados los ciudadanos en cuanto iguales, y la mayoría cualificada en el órgano de representación de los ciudadanos agrupados según los diferentes territorios, la mayoría cualificada de la pluralidad territorial, casi siempre definida como Cámara alta.
Supongamos que el acuerdo de financiación autonómica alcanzado recientemente cuenta con la mayoría cualificada en la Cámara alta inexistente, en cuanto representación de la pluralidad de territorios, en España, pero sustituida malamente por el Consejo de Política Fiscal. A pesar de todo, el acuerdo que comentamos necesitaría, por su significado de elemento capital en el desarrollo constitucional español, de una mayoría cualificada en el Congreso, donde están representados los ciudadanos españoles en cuanto iguales. Y a nadie se le oculta que para ello se necesitaría el acuerdo con el Partido Popular.

Si este acuerdo no se produce, y todo indica que no se va a producir, parece que la decisión política de quienes tienen la responsabilidad de gobernar es la de seguir adelante con el acuerdo alcanzado. Y la razón en la que se sustenta esta decisión de seguir adelante con el acuerdo alcanzado aunque no exista, al menos, acuerdo cualificado en el Congreso y se pueda poner en duda que en el Consejo de Política Fiscal se haya producido un acuerdo por la mayoría cualificada necesaria, es que el Partido Popular no se atreverá a echar atrás lo acordado ahora, con lo cual se produciría algo así como un acuerdo a posteriori por incapacidad de modificación de lo acordado.
Dos reflexiones al respecto. Una primera se refiere al peligro que supone para este desarrollo constitucional concreto, y para el conjunto de la Constitución, que su gestión dependa de partidos que no participan de sus principios estructurales. Para que se entienda bien: el Partido Popular es un partido plenamente constitucional. Pero se le está colocando en la situación de tener que gobernar con elementos constitucionales que no han sido acordados con él. Y esta situación entraña siempre riesgos. Con la Constitución y sus desarrollos no se debe jugar nunca. Es una advertencia de la historia.

En segundo lugar, es una política poco democrática la de gobernar mediante leyes irreversibles que anulan la capacidad de la oposición. Es muestra de omnipotencia, pero no de democracia. Y a estas dos reflexiones se le puede añadir como corolario que es muy poco democrática la costumbre que se va estableciendo en España de pensar con toda la fuerza del convencimiento que la culpa y la responsabilidad del desacuerdo es siempre del otro. Y menos cuando esa afirmación se hace desde el monopolio de la disposición al diálogo por parte de uno mismo.

Joseba Arregi, presidente de Aldaketa.