¿Recortar? ¿Dónde?

Exactamente desde el miércoles 12 de mayo de 2010, recortar es, en España, la palabra de moda. Tras una tormentosa reunión del Ecofin celebrada el fin de semana anterior, el presidente del Gobierno se vio obligado ese día a dar un giro radical a su política económica y anunció en el Congreso drásticas medidas de contención del gasto público. La fiesta se acabó y empezaron los recortes para reducir el déficit. El Estado empezó primero, sigue recortando y más lo debe hacer, pero el déficit alcanzaba también a las demás administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas, si no queremos, como espero, recortar el presupuesto de la Seguridad Social.

Las comunidades se han ido construyendo, en estos años de alegre irresponsabilidad, siguiendo el modelo catalán: como pequeños estados centralistas con fines generales y no como instituciones con competencias de muy amplio alcance pero limitadas. Así, nos encontramos con una proliferación de órganos sobredimensionados que exceden estas competencias y que duplican funciones de otras administraciones. Adelgazar es la palabra que comúnmente se usa junto a recortar y creo que es correcta. Uno no adelgaza para morirse o para vivir peor, sino todo lo contrario: lo hace para reforzar su salud. Así pues, hay que adelgazar a las administraciones públicas para que estas tengan una mejor salud, es decir, suministren mejores prestaciones a un menor coste. Todos aquellos que las conocen desde el interior, o de cerca, saben que ello es posible y, desde hace años, deseable.

Tras el ejemplo del Estado central, y presionados por este, las comunidades han empezado a hacer los deberes con ritmo diverso, debido, lamentablemente, a los calendarios electorales respectivos. Así, empezó Catalunya con el nuevo Gobierno Mas y, tras las elecciones del pasado junio, están siguiendo el mismo camino las demás comunidades, especialmente, Castilla-La Mancha y Galicia. En Baleares, el nuevo presidente Bauzá suprimió sin pensárselo dos veces 92 de las 168 empresas públicas existentes. Todos, o casi todos, están, pues, mentalizados.

Sin embargo, donde el grado de rechazo ha sido mayor es en Catalunya, en especial por los recortes en el campo de la sanidad pública. Por desconocimiento de la materia no puedo entrar a juzgar si la reducción de déficit sanitario se está haciendo bien, es decir, si se disminuye el gasto sin que empeore el servicio. En todo caso, en un campo que por experiencia me es próximo, como es la universidad, estoy seguro de que la disminución del gasto no necesariamente debe repercutir en un mal funcionamiento del servicio. Casi diría que al contrario: una racionalización del sistema universitario que mejorara su funcionamiento podría llevarse a cabo con menos recursos. Los problemas de la universidad no son económicos sino de otro orden. Por tanto, los recortes presupuestarios no siempre son malos ni los aumentos de dotación económica siempre son buenos. Malas o buenas son, en todo caso, las políticas que se llevan a cabo.

Lo que quizás no se acaba de entender en Catalunya es que se cierren quirófanos mientras subsisten instituciones y órganos de más que dudosa necesidad y eficacia. Es el caso, por ejemplo, de los 41 consejos comarcales, con un presupuesto de 556 millones, 1.040 consejeros y 1.600 funcionarios. O también de instituciones como el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, la Comissió Jurídica Assessora, la Oficina Antifrau o el Consell de Treball, Econòmic i Social, que en conjunto tienen asignados 35,1 millones de euros. ¿Tantos millones son necesarios para las funciones que realizan? ¿Es necesario que realicen estas funciones? O el CAC, con sueldos por encima de los 100.000 euros. O la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –TV3 y Catalunya Radio–, con un déficit crónico que, aun habiendo últimamente disminuido, alcanza este año aproximadamente los 350 millones.

Tampoco se entiende la eficacia de ciertas subvenciones y aquí la enumeración se alargaría demasiado. Pero, aun sabiendo que es una materia sagrada, ¿son necesarios 159 millones para el fomento del uso del catalán? Quién se aprovecha de ello, y de otras subvenciones al catalán, ¿la lengua o algunos catalanes avispados? Por último, ¿es coherente para un gobierno como el de Mas, tan liberal en economía, seguir auspiciando, con un alto coste económico, a la empresa Spanair, una línea aérea catalana de capital público y privado, una mala idea del tripartito que desde sus inicios ya se vio que estaba abocada al fracaso? Las pérdidas del 2009 fueron de 85 millones, las del 2010 fueron de 115 y este año les está salvando de la quiebra un crédito de 56 millones que alguien, algún día, tendrá que pagar, y ya podemos imaginar quién va a ser.

¿Hay que recortar? Pues recortemos. Pero ¿dónde? Pero todo se aceptaría mejor si antes de afectar a ciertos aspectos de la sanidad se modificaran otras partidas presupuestarias. Aunque me temo también que hay materias intocables, ¡y hasta innombrables! Construir un Estado en lugar de una comunidad autónoma resulta carísimo.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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