Llevamos demasiados días discutiendo sobre si hay una relativa flexibilidad en los objetivos de déficit. Todo para ver si el déficit autonómico se podría relajar unas décimas y así pasar del 1,5% al 1,8%. Dicha petición de clemencia fiscal no es más que un hilo de voz apagado por un coro atronador que dice que continúa siendo la hora de recortar. Por mucho que los hechos desmientan la oportunidad del recorte nos dicen que es la única vía, aunque estemos en una profunda recesión. El coro lo tiene claro: recortar. La discusión de la última cumbre europea era si asumíamos el 4% del déficit o el 5,8%, si recortábamos 40.000 millones de euros o 29.000 millones —para que nos hagamos una idea, lo que se puede gastar el Gobierno central es del orden de 138.000 millones, y el Govern de la Generalitat, 38.000 millones— para al final quedarse en una absurda media ponderada. Y todo ello sin discutir el horizonte para el 2013 de un objetivo de déficit del 3%.
El objetivo es recortar a costa de un contrato social que intentaba no dejar a nadie a la intemperie. Recortar una vez dinamitado el marco de relaciones laborales. Recortar aún a riesgo de hacer saltar por los aires la España de las autonomías, volviendo a un modelo de Estado centralista con la excusa del pretendido derroche de las comunidades autónomas. Recortar en una especie de pulsión suicida, dispuestos a arruinar nuestras economías y el propio marco de convivencia.
Lo sensato sería adaptar la economía a la realidad. El Banco Central Europeo podría liderar dichas políticas y debería prestar el dinero a las Administraciones al mismo interés que se lo presta a los bancos. Y una vez se vuelva a una senda de mayor prosperidad, entonces marcar nuevos objetivos. Pero lejos de este esquema, acabamos viendo como una heroicidad que Rajoy se haya plantado ante Merkosy y en vez de aceptar que le corten piernas y brazos haya optado por salvar uno de los brazos primero, para al final quedarse con la mitad de una de las extremidades, como si eso nos permitiese salir del atolladero en el que estamos metidos.
En segundo lugar, deberíamos preservar la capacidad de hacer políticas para aquellas Administraciones que se encargan de las políticas que mantienen la cohesión social, como son ayuntamientos y comunidades autónomas, y eso significa decir basta ante este inequitativo reparto del déficit, que no obedece a criterio alguno más allá de la discrecionalidad del Gobierno central. Dicho reparto no es algo nuevo, es algo que ya se definió con los Gobiernos de Zapatero y hay que recordar que el Gobierno de la Generalitat ni rechistó. Era aquella época en la que Mas aspiraba a ser el primero de la clase en recortes haciendo creer que esto expiaría nuestras culpas y los mercados volverían a dar un respiro.
Pero la realidad es más tozuda que el dogma, y al final, un exceso en los recortes ha deprimido más la economía, ha disminuido los ingresos y ha mantenido los porcentajes de déficit. Se calcula que por cada euro que se recorta en la función pública se deja de ingresar 0,6 euros. Y a pesar de ello, un año después nos viene el Gobierno central con la misma proporción en el reparto, pero ahora el Govern de la Generalitat despierta y dice que el objetivo es inasumible. El reparto del déficit se ha hecho en función de una orientación sesgada y no tiene presente la importancia social del gasto autonómico (salud, educación, servicios sociales). Si el reparto del déficit lo hiciésemos en función del porcentaje de gasto, la Administración Central podría asumir un déficit del 1,5% —ahora se autoimpone un déficit del 4%—, las CC AA podrían asumir un déficit del 2,8% —ahora les imponen un 1,5%—, y los ayuntamientos de un 1% —ahora les imponen un 0,3%. Asumir un déficit del 5,3% ya de por si es un desastre, pero si además se acepta la falta de equidad del reparto, o tan solo se matiza con unas décimas, el desastre económico, social y democrático es total, dejando al país al límite del colapso.
Por todo ello, creo que es hora de que la mayor parte de la sociedad, fuerzas políticas, organizaciones sociales y empresas alcen la voz para decir dos cosas. En un escenario de recesión, recortar es un suicidio. Hoy necesitamos un planteamiento transversal que diga basta, expresando el rechazo frontal a ese suicidio económico. Ese debería ser el planteamiento de agentes sociales, económicos y políticos, y no debería hacer falta resucitar a Keynes o ver que pasó en la Europa de los años 30 para darnos cuenta. Y en segundo lugar, la sociedad catalana debería acordar que el reparto del déficit tan solo se hará en función de un criterio y ese solo puede ser el nivel de gasto de cada una de las Administraciones.
Joan Herrera es presidente del grupo de ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya.