Recortes y castigos electorales

Seguramente más de un responsable autonómico se está preguntando ya por las futuras consecuencias electorales de los recortes en sanidad y educación. No sería extraño pensar que, bajo el manto de los consensos adoptados en las Conferencias Sectoriales, comienza a librarse una soterrada batalla entre el gobierno central y los autonómicos sobre cómo se repartirán en las urnas los costes del tijeretazo. El Ejecutivo de Rajoy puede pensar que parte del coste caerá sobre las regiones porque éstas son las encargadas de aplicar el ajuste en las políticas más sensibles para los ciudadanos. Y posiblemente los líderes regionales confían en que la mayor visibilidad que el gobierno central ha adquirido en la adopción de las medidas les libere parcialmente del castigo electoral.

En España, como ocurre en otros países descentralizados, los resultados de las elecciones autonómicas han estado muy ligados a la política nacional, especialmente en las regiones del mismo color político que el gobierno central. Por eso es probable que el futuro electoral de las regiones del PP dependa en gran medida de las decisiones del ejecutivo de Mariano Rajoy. Es cierto que ese vínculo es ahora más débil que en los años 80 y que la independencia electoral de algunos barones territoriales les ha hecho resistentes al declive de su partido en las elecciones generales. Sin embargo, en este contexto de crisis, en el que el gobierno central ha hecho gala de un dirigismo a menudo incompatible con la autonomía financiera de las regiones, la visibilidad de los gobiernos autonómicos ha quedado reducida.

Tradicionalmente los líderes autonómicos han sabido hacer de la necesidad virtud y refugiarse en esa dependencia electoral para esquivar el posible castigo de una mala gestión en el gobierno. Cuando los resultados en su región no han sido buenos, han preferido desdibujar su responsabilidad entre las de la administración central e ir a rebufo de los buenos resultados de su partido en las generales. Acudir a esta estrategia ha sido relativamente fácil dado el diseño del Estado Autonómico, pues la complejidad sobre el reparto de competencias hace que los ciudadanos tengan problemas para identificar quién es el responsable de qué. Por eso es frecuente encontrar a políticos de uno y otro nivel enzarzados en acusaciones mutuas sobre la responsabilidad de los malos resultados de una política o atribuyéndose méritos que no les corresponden.

El problema es que, en la actual coyuntura, hay pocos méritos que reclamar y muchos potenciales costes por repartir como consecuencia de la multiplicidad de recortes que se han puesto en marcha. Y éstos afectan a todas las administraciones. Las regiones que no están gobernadas por el Partido Popular parten de una situación algo más favorable, pues pueden entrar en el juego de exoneración y culpa frente al gobierno central para intentar sobrevivir a los ajustes. Para los barones populares la situación es más complicada, pues pocos se atreverán a acusar a Mariano Rajoy de haber impuesto el ajuste sin dejarles margen de maniobra. No obstante, esto no significa que todas las regiones del PP tengan un destino electoral inexorablemente ligado al de Rajoy, pues la presencia y visibilidad que el gobierno central tiene para los ciudadanos en cada región es muy distinta.

Aunque hace tiempo que todas las Comunidades Autónomas poseen las mismas competencias sobre las grandes políticas públicas —sanidad, educación y servicios sociales— la percepción de los ciudadanos sobre quién ejerce la responsabilidad sobre esas políticas es muy desigual entre regiones. Por ejemplo, tomando los datos del último barómetro autonómico publicado por el CIS en el 2010, el porcentaje de ciudadanos que sigue pensando que el principal gobierno responsable de la educación es el gobierno nacional oscila entre más del 60% en Extremadura, Murcia o Canarias y el 23% en el País Vasco o el 32% en Navarra. Existen patrones similares en la atribución de responsabilidades sobre la sanidad. Y aunque en política económica las diferencias entre regiones son menores, el porcentaje de los que identifican al gobierno central como principal responsable fluctúa entre el 91% en Extremadura, en torno al 85% en La Rioja, Murcia, Aragón y Asturias y el 58% en Navarra. En general, la visibilidad del gobierno central es mayor en las Comunidades que asumieron las competencias más tarde y menor en las que llevan más tiempo gestionando las principales políticas.

Que el gobierno central sea muy visible para los ciudadanos en algunas regiones y menos en otras significa que los barones populares tendrán distinto margen de maniobra para protegerse de los costes electorales de los ajustes. La supervivencia de los líderes de Comunidades Autónomas donde la administración central sigue siendo muy visible estará más vinculada a las decisiones del gobierno central. En cambio, donde la actividad del ejecutivo autonómico está más presente para los ciudadanos, los gobiernos tendrán más capacidad para evitar cargar con el coste electoral de las decisiones adoptadas por Rajoy. En definitiva, si los ajustes marcan el desenlace de esta legislatura y también la de los gobiernos autonómicos, lo harán sobre todo en aquellas regiones en las que la sombra del gobierno central sigue siendo alargada.

Sandra León es profesora de la Universidad Complutense y colaboradora de la Fundación Alternativas.

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