El pasado día 6 asistí como invitado a un seminario organizado por la Fundación Coloquio Jurídico Europeo (vinculada al Colegio de Registradores) bajo el título Una propuesta de federalización. Lo presentó Pere Navarro y fueron ponentes los profesores Tornos, Solozábal, Carreras y Caamaño. Al terminar la sesión de la mañana, Celestino Pardo -secretario de la fundación- me recriminó cariñosamente por no haber participado en el debate. El profesor Tornos, que asistía a la reprimenda, mostró también su extrañeza ya que -según dijo- “suele hablar siempre“; y -añadiría yo- demasiado. No es raro que por la tarde, mientras regresaba a Barcelona, me preguntase a mí mismo por mi silencio. Quise engañarme al principio pensando que estaba “atorado”, es decir, saturado como los toreros con demasiados festejos a sus espaldas; pero, al fin, afloró el motivo auténtico, que desde hace semanas pretendía negar y que desde hace unos días tengo muy claro: que no me creo del todo mi propio mensaje.
¿Cuál es este mensaje? El desarrollado precisamente en mis dos últimos artículos en este periódico (“El miedo” y “El pacto“); a saber, que es necesaria una reforma constitucional que culmine el desarrollo en sentido federal del Estado autonómico, y que permita un encaje cómodo de Catalunya en este Estado mediante la franca aceptación de su singularidad, expresada en el reconocimiento de sus derechos históricos como fundamento de competencias exclusivas en lengua propia, educación y cultura. Una reforma urgente -concluía- cuyo impedimento fundamental radica en el miedo de la actual clase dirigente española a afrontar el problema por el riesgo cierto que conlleva de perder una sustancial cuota de poder.
Fueron primero algunos amigos los que me alertaron sobre lo sesgado que resulta cargar las tintas sobre la inhibición del Gobierno de España, sin citar la responsabilidad que corresponde al Gobierno de la Generalitat en el enfrentamiento al que estamos abocados. Me defendí alegando que la mayor responsabilidad corresponde siempre a quien tiene más poder, es decir, al Gobierno de España. Pero las últimas declaraciones del president Mas tras la abdicación del Rey me han puesto ante los ojos lo que me negaba a admitir. Su primer comentario -“Habrá cambio de Rey en España, pero el proceso catalán continuará adelante“- y su primera actitud -veía difícil asistir a la coronación de Felipe VI por estar de viaje en Estados Unidos- dejan clara la absoluta desconexión de los nacionalistas catalanes respecto a la política -y a la vida- española en todo aquello que no afecte de un modo directo a su único objetivo, que es la independencia de Catalunya. Así es y así hay que aceptarlo sin ninguna crítica. Es un hecho.
¿Qué hacer ante este hecho ineluctable? Dado que la urgencia de la reforma constitucional proviene de la necesidad de encauzar el problema catalán, la primera tentación sería aplazarla y dejar que la situación se agote hasta su desenlace sea el que sea. Pero es más razonable seguir impulsando la reforma por un motivo: porque -como dijo el profesor Pérez Royo en el seminario- el Estado de las autonomías fue en su día una respuesta posibilista, abierta y sin concreción a quienes impugnaban el Estado unitario preexistente, pero no respondía a un pacto federal, razón por la que hay que llegar ahora a este pacto, cerrar el sistema y plasmarlo en la Constitución. Este pacto federal -añado- debería ser cosa de todos y adoptarse en función de los intereses generales de España, si bien reconociendo la singularidad catalana. Sería espléndido que los nacionalistas catalanes participasen en él, pero es seguro que no sucederá así ya que rechazan desde siempre un Estado federal, dado que lo único que quizá admitirían sería una relación bilateral (confederación). Y la bilateralidad es la línea roja que el Estado no puede sobrepasar, ya que le va en ello su existencia. La singularidad catalana ha de tener su encaje en una asimetría de competencias, nunca en una relación especial con el Estado.
Ahora bien, la firmeza en este punto ha de compatibilizarse con el franco reconocimiento del derecho que asiste a los catalanes a irse de España si la fórmula federal propuesta no les interesa. Es en el reconocimiento de este derecho, aunque parezca paradójico, donde se halla el fundamento de la fuerza de España y la raíz de su decoro. Porque, en resumen, los españoles tienen que llegar a un pacto que dé vida a un Estado federal, simétrico por lo que hace a la relación de las comunidades con el Estado y asimétrico por lo que hace al contenido competencial. Y, si la mayoría de los catalanes no lo suscribe vía referéndum, habrá que abrir las negociaciones para la separación, en las que ambas partes estarán legitimadas para defender sus intereses en el marco de las leyes y tratados. Muchos catalanes piensan que siendo independientes vivirán mejor; pero hay que hacer las cosas de modo que el resto pueda apostar por la unión sin ofensa de sus ideas, quebranto de sus derechos ni mengua de sus intereses.
Juan-José López Burniol