Continuar con las políticas económicas conservadoras sería un riesgo demasiado elevado para la estabilidad social de España, aquejada de la mayor desigualdad de su historia reciente. Ni lo hecho durante estos cuatro años puede ser guía para el futuro ni, como propone Rajoy, ahora solo basta esperar a que el tiempo todo lo cure. Consolidar esta recuperación frágil e insuficiente, para salir de la crisis y no solo de la recesión, requiere efectuar grandes cambios en la política económica, social, energética, educativa y presupuestaria, que nos permitan transformar el modelo productivo mediante un crecimiento basado en el valor añadido, no en la precariedad laboral y, sobre todo, distribuir activamente los frutos de ese crecimiento de manera solidaria empezando por crear empleo estable, revertir los recortes en educación, sanidad, dependencia y adoptar medidas de lucha contra la intolerable pobreza masiva.
España es el país del euro con mayor tasa de paro, déficit público más elevado, creciente desigualdad social y récord en aumento de la deuda pública. A partir de ahí, el reto es crecer de otra manera, más sostenible, con el objetivo de repartir, mejorando la situación y las perspectivas de los menos favorecidos, que tanto se han incrementado en esta legislatura. Y hacerlo en un mundo globalizado, dentro de la eurozona.
Los recortes en gastos sociales y la devaluación de los costes laborales, emblemas de la política de austeridad conservadora, no son sostenibles porque deterioran el principal motor interno del crecimiento económico, el consumo de las familias, e incrementan la brecha social hasta niveles intolerables. Sobre todo, cuando el fuerte impulso proporcionado por los cambios habidos en la política monetaria del Banco Central empiece a disminuir, a medio plazo, con un endurecimiento en las condiciones de los créditos.
Recuperar, entonces, un suave impulso presupuestario positivo, compatible con reducir el déficit, sí, pero a un ritmo más acorde con las posibilidades del país, mediante una mejora discrecional en los ingresos públicos y la aplicación de políticas de eficiencia en el gasto, es imprescindible. Solo así podremos situar en el centro de la acción pública las políticas que mejoran la productividad (reindustrialización, duplicar el gasto en I+D+i, implantar la agenda digital europea, impulsar el tamaño medio de nuestras empresas y la creación de nuevas empresas, formación profesional, contratación pública), facilitan una transición energética hacia una economía más baja en carbono (mayor electrificación y mayor utilización de renovables para producción de electricidad) y permiten redistribuir desde los que más tienen a los que más necesitan (extensión de la educación de 0 a 18 años, reversión de los recortes sanitarios, cumplimiento de la ley de dependencia, creación del ingreso mínimo vital, consolidación del sistema de pensiones).
Hay, pues, mucho que reformar, muchas cosas por hacer de otra manera. Pero hay que hacerlas de manera diferente, con más diálogo, con más negociación, buscando acuerdos y no con imposiciones unilaterales desde la prepotencia de la mayoría absoluta parlamentaria. El mejor ejemplo de lo dicho, el mercado laboral, donde a una legislación impuesta unilateralmente, que desarbola la capacidad de negociación de los trabajadores haciendo más regresiva la predistribución entre salarios y beneficios, tiene que sucederle una nueva legislación que haga real la negociación colectiva y que debe aprobarse tras escuchar a los interlocutores sociales. El mismo espíritu de consenso se debe aplicar al Pacto de Toledo, donde debemos encontrar una respuesta negociada a la situación de déficit creciente en la Seguridad Social como consecuencia de la precarización de los contratos de trabajo, a la reforma educativa, a combatir el calentamiento global, a la reforma de la financiación autonómica, a la lucha contra la violencia de género o, más globalmente, a la reforma de la Constitución.
De todo esto, se está hablando esta semana en la conferencia política donde el PSOE aprobará su programa electoral, tras un amplio proceso de debate participativo. Necesitamos hacer tantas cosas diferentes al pasado reciente y de una manera tan diferente que lo más seguro es un cambio: de modelo productivo, de relaciones laborales, de Estado de bienestar, etcétera. Un impulso reformista que solo puede ser creíble desde un cambio de Gobierno basado en otra mayoría ciudadana y parlamentaria. Es uno de esos momentos en que el mayor riesgo es no cambiar.
Jordi Sevilla, exministro socialista, es asesor económico de Pedro Sánchez.