La crisis financiera que comenzó en el año 2007 provocó una contracción del 6% en la economía mundial en el transcurso de dos años, duplicando, a su vez, el desempleo. La causa directa de dicha crisis fueron los préstamos bancarios depredadores, no es de extrañar que las personas se encuentren naturalmente enojadas y quieran ver rodar cabezas y bonificaciones; este es un sentimiento que fue encapsulado por las actuales protestas a nivel mundial contra “Wall Street”.
Sin embargo, los bancos no son sólo parte del problema, sino también son una parte esencial de la solución. Las mismas instituciones que fueron responsables de causar la crisis deben ayudar a resolverla; para esto, ellas tienen que empezar a prestar nuevamente. Ya que la demanda mundial está languideciendo, la prioridad tiene que ser la recuperación, sin abandonar el objetivo de la reforma: políticamente, esta es una delicada línea a seguir.
Las razones más comunes para la reforma son la necesidad de volver a regular el sector de servicios financieros. En el período previo a la crisis, los expertos afirmaban a todo pulmón que no existe peligro en dejar que los “eficientes” mercados financieros se auto regulen. Reflejando el pensamiento financiero de libre depredación que prevalecía en aquel momento, el Fondo Monetario Internacional declaró en el año 2006 que “la dispersión del riesgo crediticio de los bancos entre un grupo más amplio y diverso de inversores... ha contribuido a hacer que el sistema bancario en particular, y el sistema financiero en general, sea más resistente...” como resultado, “los bancos comerciales pueden ser menos vulnerables a… shocks”.
Es imposible no escuchar dentro de tales tonterías el prepotente redoble del tambor del Poder del Dinero, que nunca ha dejado de creer que sus propios intereses son iguales a los intereses del público. Durante los cincuenta años posteriores a la Gran Depresión de la década del 1930, el Poder del Dinero tuvo que rendir cuentas frente al poder del gobierno que actuaba como contrapeso. En el corazón de las sumas y saldos del ámbito político se encontraba la ley Glass-Steagall de Estados Unidos, que fue promulgada el año 1933.
La ley Glass-Steagall estaba dirigida a evitar que los bancos comerciales corran riesgos con el dinero de sus depositantes, para lograr esto ordenó la separación institucional de la banca minorista y la banca de inversión. El resultado de ello fue sesenta y cinco años de relativa estabilidad financiera. En lo que los economistas más tarde denominaron como el sistema financiero "reprimido", los bancos minoristas cumplen la necesaria función de intermediación financiera sin asumir riesgos de vida o muerte, mientras que el gobierno mantiene la demanda agregada lo suficientemente alta como para mantener un nivel de inversión de pleno empleo.
Entonces, el Poder del Dinero contraatacó, con la ayuda e incentivo de economistas que actuaron como sus cómplices y apologistas. El Big Bang del año 1986 en Londres puso fin a la separación de las funciones bancarias en el Reino Unido. Después de un prolongado cabildeo del sector de servicios financieros, el presidente de los EE.UU. Bill Clinton derogó la ley Glass-Steagall en el año 1999. A partir de ese momento, los bancos comerciales y de inversión pudieran fusionarse, y las entidades compuestas fueron autorizadas para proporcionar una gama completa de servicios bancarios, incluyendo la posibilidad de asumir riesgos por colocaciones bursátiles (underwriting) y otras actividades bursátiles.
Esto fue parte de una ola de desregulación que borró del mapa la promesa de Franklin Roosevelt que ofrecía “echar a los mercaderes del templo”. Clinton, asimismo, se negó a regular los riesgos derivados de los canjes de créditos en mora, y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EE.UU. permitió que los bancos triplicaran su apalancamiento. Estas tres decisiones llevaron directamente a la extravagante locura de las hipotecas de alto riesgo que pusieron de rodillas al sistema bancario de EE.UU. en el período 2007-2008.
A partir de ese colapso, se han hecho esfuerzos para reconstruir el desmantelado sistema de la regulación financiera a fin de evitar “los prestamos excesivos” que condujeron a dicho colapso. La nueva doctrina se conoce como “regulación macro-prudencial”. En virtud de un acuerdo internacional que se conoce como Basilea III, se pide que los bancos mantengan una relación proporcional mayor entre "activos ponderados según su riesgo" sobre patrimonio neto, y que el apalancamiento se limite a un porcentaje menor de dichos activos. Los reguladores nacionales están investigando formas cómo variar los requerimientos de relaciones proporcionales a lo largo el ciclo económico, y han comenzado a someter a los bancos de forma regular a "pruebas de estrés".
En el Reino Unido, un comité de política financiera en el Banco de Inglaterra tiene la misión de controlar el "riesgo sistémico" de quiebra financiera, y una autoridad reguladora prudencial está a cargo de supervisar a las instituciones de importancia sistémica. De acuerdo con Charles Goodhart, economista de la corriente monetarista, una tasa de crecimiento significativamente más rápida de lo normal en créditos bancarios, precios de vivienda, y apalancamiento dará a las autoridades suficientes señales de alerta sobre una inminente crisis.
La nueva ortodoxia pone su fe en la capacidad que tienen los reguladores para mejorar la forma en la que se mide el riesgo de los bancos, mientras que al mismo tiempo no se producen cambios en la estructura del sistema bancario. Sin embargo, cuando se trata de subir los requerimientos de patrimonio frente a “activos ponderados según riesgo”, ¿quién tiene que hacer la ponderación, y cuál es la metodología a seguir?
Goodhart admite que las “ponderaciones de riesgo” de los bancos en el período previo a la recesión estuvieron sujetas a presiones políticas y a la “captura y manipulación del sector financiero”. Esto es inevitable, ya que como John Maynard Keynes señaló, el “nivel de riesgo” de muchas de las inversiones, por estar sujeto a incertidumbre inherente, no se puede medir. En resumen, la nueva filosofía regulatoria reemplaza la ilusión de que se puede dejar que los bancos auto administren sus riesgos de forma segura, con la ilusión de que los reguladores harán esto por ellos.
Entretanto, el entusiasmo inicial por la restauración de la ley Glass-Steagall; es decir, dividir las funciones bancarias asignándolas a instituciones separadas, quedó en el camino. Tiene lógica que los bancos cuyos depósitos están garantizados por el Estado son instituciones seguras y aburridas, ya que otras actividades necesarias que conllevan riesgo se desligan de dichas instituciones y se asignan a empresas separadas. No obstante, se ha progresado muy poco en la implementación (re-implementación) de esta idea.
La "regla Volcker", cuyo objetivo es prohibir la participación de los bancos comerciales en toda operación bursátil por cuenta propia, como también prohibirles ser dueños de fondos de cobertura y firmas de capital privado languidece en el Congreso. En el Reino Unido, una comisión independiente sobre banca, encabezada por Sir John Vickers, rechazó la separación de la banca minorista de la banca de inversión, recomendando en lugar de ello la creación de un “anillo protector” que rodee a los depósitos para protegerlos de los tentáculos de inversión de los bancos universales.
Aquellos que hacen cumplir las leyes antimonopolio argumentan que tales "murallas chinas" siempre ceden cuando están bajo presión, debido a la gran demanda de los accionistas para que los bancos universales aumenten sus ganancias a expensas de un núcleo sólido de banca comercial. Y debido a que los altos ejecutivos aún seguirán teniendo la obligación legal de maximizar las ganancias. Las propuestas de la comisión Vickers también dependen de regulaciones sofisticadas, las cuales asumen, al contrario de lo que muestra la historia, que los reguladores siempre estarán un paso más delante que los banqueros.
El Poder del Dinero nunca se rinde fácilmente. Independientemente de que se apoye en la regulación, o que dé señales de estarse dirigiendo hacia la separación institucional, la mayoría de las propuestas de reforma en el sector bancario se mantienen en la fase de proyecto, y con seguridad serán castradas por cabildeos del sector financiero.
Aún más, cualquiera que sean sus méritos intrínsecos, ninguna de estas propuestas aborda el problema más inmediato de la economía mundial: insuficiente oferta, no sobre oferta, de créditos. En otras palabras, el reto es reavivar el crecimiento del crédito teniendo plena conciencia de que tenemos que empezar a ingeniarnos formas de ponerle freno.
Por Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de Economía Política en la Universidad Warwick.