A finales de 1986 acabábamos de superar con éxito la «más importante y profunda crisis que ha tenido el sistema financiero español». Así la calificaba el profesor Álvaro Cuervo en un extraordinario libro titulado La crisis bancaria en España, 1977-1985. Causas, sistemas de tratamiento y coste. En efecto, aquella crisis acabó cerrando 58 bancos, que representaban el 28% del sector financiero español en su conjunto. De los conocidos siete grandes y cinco medianos bancos españoles hoy permanecen menos de la mitad y, según sus estimaciones, el coste de refinanciar la crisis con dinero público fue de 560.175 millones de pesetas, lo que suponía entonces cerca del 1,5% de nuestro PIB.
Tenemos grabado el análisis sobre cómo se salió de la crisis expuesto entonces por Javier Irastorza, otro gran maestro de la economía de quien, ya entonces, era su discípulo más brillante y buen amigo, Luis de Guindos. Por esas fechas, el hoy ministro de Economía aprobaba las oposiciones a técnico comercial del Estado y estaba enfrascado en traducir el libro del premio Nobel de Economía de 1986, James Buchanan, sobre la necesidad de independencia de la política monetaria respecto de los procesos electorales.
La crisis del sistema financiero español se superó bien. En los tres años posteriores, la economía española recuperó su capacidad de financiación y los agentes económicos ahorraban más de lo invertido. Según el Informe de cuentas financieras de la economía española del Banco de España, nuestra economía alcanzó un saldo positivo neto anual de capacidad de financiación interna del 1,4% de su PIB.
Pero hoy la crisis del sistema financiero es mundial y encuentra a España en una situación bien diferente. Y le ha tocado a Luis de Guindos lidiarla. Y sabe, como ha demostrado con la reforma aprobada en el pasado Consejo de Ministros, que la respuesta ya no puede centrarse sólo en meter dinero público procedente de los impuestos de los ciudadanos. Hay que buscar otros remedios más dinamizadores. Nuestra economía se caracteriza por una creciente e ingente necesidad de financiación exterior, con saldos negativos que han llegado a ser incluso de casi 100.000 millones de euros anuales, por encima del 9% del PIB.
Hoy España es el segundo país del mundo que más dinero debe al exterior, con una deuda neta con el resto del mundo de 1,264 billones de dólares. Sólo Estados Unidos debe más que nuestro país, con la diferencia de que su deuda representa el 21% de su PIB y en nuestro caso esa cifra es el 91% del PIB. Nuestra deuda neta de financiación exterior supera la de Francia, Italia y Grecia juntas (1,109 billones de dólares) siendo su PIB conjunto seis veces superior al de la economía española.
A esta realidad se une otra más grave: la financiación de nuestra economía se ha encarecido enormemente en los últimos tiempos. Y aquí se da una extraordinaria paradoja. Mientras nuestros grandes bancos (Santander, BBVA, Caixa) tienen una solvencia en rating y en core capital TIER 1, superior a los competidores -es decir, son más sanos-, les sale mucho más caro que a ellos obtener dinero en los mercados. Baste un ejemplo: El Santander tiene un rating AA-, superior al de JPMorgan, Barclays, City, Deutche Bank o UBS. Ninguno llega a tener doble AA-. Sin embargo, siendo menos solventes, se financian a tipos de interés anual de hasta 200 puntos básicos por debajo de nuestros grandes bancos. No se penaliza, en estos casos, la gestión de estas entidades. Se penaliza la duda en la capacidad de nuestra economía para recuperar la senda de crecimiento que nos permita devolver toda la deuda acumulada, en una situación en la que no contamos con autonomía monetaria ni de tipo de cambio.
La consecuencia es inmediata: falta liquidez para financiar préstamos a nuestras empresas y la poca que hay resulta muy cara. El resultado es que en 2011 se han cancelado más créditos que los concedidos, tasa negativa neta que no se producía desde 1965.
Devolver a España a la senda del crecimiento económico exige volver a abrir los cauces de financiación de nuestra economía. Y esto empieza por recuperar la credibilidad internacional. Pero a su vez, no es posible pensar en recuperar la credibilidad internacional si no transmitimos la seguridad de que haremos cuanto está en nuestra mano para reducir el déficit público, recuperar competitividad y mantener disciplina en el futuro. Todo ello exige a su vez importantes reformas: de flexibilidad laboral, de reducción sostenida del déficit, del sistema de financiación y gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Estas reformas son, todas, absolutamente necesarias. Pero no suficientes.
Hace falta también una acción exterior fuerte que sepa trabar alianzas eficaces y que imponga que Europa haga su parte. Una vez convencida de nuestra sincera y consistente voluntad de reforma y cambio, Alemania y Europa deben buscar y aceptar fórmulas de mutualización de la deuda pública que armonicen los costes de financiación, de incrementar los recursos comunes a través de mayor aproximación fiscal y presupuesto común, y de realizar políticas fiscales de expansión en aquellos países cuyas finanzas lo permitan. Todo ello bajo unas nuevas reglas comunes de gobierno del ingreso y del gasto. Estamos convencidos de que Europa es consciente de esta realidad y que podremos contar con que así será, pero no será nunca sin que antes nosotros, junto a otros países europeos, cumplamos con nuestra parte. No se trata sólo de saber qué hay que hacer, sino de la secuencia de los acontecimientos.
En medio de la desolación que provoca nuestra economía y, sobre todo, el inaceptable nivel de desempleo, hay consistentes razones para la esperanza. Los emprendedores españoles han sabido afrontar la crisis exportando más y mejor. Desde 2008 nuestra economía ha aumentado un 30% sus exportaciones, cifra sin precedentes y envidiada por otras naciones europeas. Los contribuyentes han aceptado el sacrificio de una fuerte subida de impuestos. Y los votantes han respaldado con fuerza un cambio de rumbo, otorgando la confianza a un Gobierno presidido por Rajoy, con ideas nuevas y claras y equipos más capaces. Y ha sabido empezar por donde era necesario, impulsando una solución global, rápida y transparente que devuelva la credibilidad al sistema financiero español.
Hoy las dudas sobre la calidad de nuestros activos, singularmente el precio de los inmuebles y el suelo, hace más daño que la propia realidad. Se trata, pues, de poner en su valor real el precio de los activos de la mayoría de las entidades que lo han hecho bien y son solventes. Y junto a ello, impulsar con decisión, una salida mediante integración, de aquellas entidades, las menos, que lo han hecho mal y no son solventes. Ésta es la apuesta que el gobierno ha hecho. Y esperemos, por el bien de todos, que nuestro sistema financiero sepa responder pronto y bien. Si el impulso reformista, que va más allá del sistema financiero, no se empantana hay razones para confiar en que vuelva el crédito a nuestra economía.
Por José María Michavila, ex ministro de Justicia y doctor en Derecho Bancario, y Daniel de Fernando, ex managing partner de JP Morgan y BBVA.