Hoy hace cinco años que el Gobierno de España, a petición del noventa por ciento del Parlamento, presentó ante el Tribunal Supremo la demanda para ilegalizar al brazo político de ETA. La «demanda de la democracia», como enseguida fue denominada, es fruto del más potente instrumento para derrotar a cualquier organización terrorista: la unidad de la inmensa mayoría en torno a la fuerza ética de la democracia, que consiste en que sólo la Ley decide y gobierna, que nadie consigue nunca nada por la fuerza. Que con quien tiene pistolas la democracia no negocia. Que la violencia, la extorsión, el chantaje y las amenazas son estériles. Consiste en hacer saber a los terroristas que el terror es inútil, que sólo las urnas dan y quitan el poder. Las pistolas, las bombas, no dan ningún poder. Y que por eso no puede tener cabida en democracia quien va a las urnas con la papeleta en una mano y la pistola en la otra. Pero hoy, cinco años después, quienes no sirven un café sin que ETA se lo ordene, expresión gráfica del ahora ministro del Interior, tienen 437 concejalías, gobiernan 32 ayuntamientos y manejan centenares de millones de euros que proceden de nuestros bolsillos. Y al mismo tiempo, ETA intenta matar.
Con la «demanda de la democracia» se le dijo a ETA que no volvería a tener nunca escaños, concejales, ayuntamientos ni dinero de nuestros impuestos hasta que no renunciara definitivamente al terror. Y se le dijo a los concejales del partido ilegalizado que debían rechazar al terror para volver a vivir de nuestros impuestos en una democracia que permite defender cualquier idea con las urnas y sin pistolas.
Esto tan sencillo y tan claro era la Ley de Partidos. A algunos, pocos, no les gustó. A otros, muchos, les pareció que no iba a servir para nada. Y a casi todos, es bueno recordarlo, les pareció muy peligroso ir tan «a por todas» contra ETA y quienes apoyan sus actos de terrorismo. Cuántas veces me dijeron muchos bienpensantes, y ¡mejor intencionados! que si ilegalizábamos a Batasuna el País Vasco iba a «arder por los cuatro costados» o pondrían todo «patas arriba». Al final triunfó la fuerza ética de la democracia. Batasuna fue ilegalizada. ETA perdió su más eficaz arma, la de la confusión que permite hacer pensar que es posible vivir de la democracia y atentar contra ella al mismo tiempo. Y los demócratas ganamos en libertad.
La Ley de Partidos fue fruto de un pacto. El pacto antiterrorista se hizo para acabar con ETA. No se hizo para decir, como pretenden ahora algunos, que la política antiterrorista la dirige el Gobierno. Para esto no hacía falta ningún pacto. Eso estaba ya dicho y muy claro en la Constitución Española. Se hizo para concretar que la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista que la Constitución da al Gobierno, debe ejercerse dentro de un marco acordado sobre dos principios: 1.- Se obliga el Gobierno, sea cual sea, a combatir a ETA sólo con la ley, a renunciar a atajos, a no hacer nada por debajo de la mesa, 2.- Se obliga al Gobierno a impulsar, de acuerdo con la oposición, todos los instrumentos y reformas legales útiles para hacer perder la esperanza a los terroristas. Sólo con la Ley pero con toda la Ley, dijimos.
De aquí, con enorme esfuerzo e imaginación de muchos, surgieron sucesivas leyes éticas y eficaces: la euroorden que España promovió en toda Europa para acabar con los santuarios en los que los terroristas se refugiaban después de matar; la ley para llamar al terrorismo callejero por su nombre y acabar con la kale borroka; la ley para que los terroristas sepan que cumplen en la cárcel sus condenas y no tienen privilegios; la ley para evitar que se regalaran títulos universitarios a los terroristas condenados y fugados y también, la Ley de Partidos políticos.
Esta fue la esencia de un pacto ético. Un pacto ético que tuvo acorralado a los terroristas. Era un pacto ético porque no se hizo para tapar la boca a quienes denunciaran su improbable pero posible incumplimiento, como pretenden algunos desde que el Gobierno empezó a incumplirlo. Eso sería tanto como pactar que la democracia se traiciona a sí misma y renuncia a que los pactos se cumplan. Incluso hay quien pretende afirmar que el pacto se hizo para suspender provisionalmente la esencia de la democracia. Que se pactó para que el Gobierno pudiera hacer lo que quisiera sin obligación alguna y la democracia, que en esencia es el derecho de los votantes a pedir explicaciones de lo que hace el Gobierno, debía dejar de funcionar y callar. Que nadie tiene derecho a preguntar al Gobierno por qué negocia y deja de aplicar sólo la Ley y toda la Ley contra ETA. Que nadie puede preguntar por qué quienes se oponían a la ley aplauden al Gobierno que no la aplica.
La Ley de Partidos se hizo para que ETA supiera que no tendría concejales ni diputados si no se rechazaba el terror. Aquello fue ético y eficaz. Funcionó. Pero llegó Zapatero. Y decidió que la fuerza ética de la democracia, anónima pero eficaz, ya había llegado bastante lejos. Pensó que ETA estaba ya suficientemente debilitada como para que una persona, con una intuición y con una ambición, que él y sus amigos consideraban legítima, pudiera ser protagonista individual del fin dialogado de ETA. Alguien podía intentar poner su nombre y apellidos a la más sana ambición de nuestra democracia. Y la ética democrática se convirtió en talante y en deseos. Se sustituyó la fuerza de la democracia y la aplicación de la ley por la aventura personal. Al servicio de esta apuesta personal de Zapatero, Otegi se convirtió en «hombre de paz», los demócratas que luchaban contra ETA con toda la ley eran la foto del pasado, de Juana dejó de cumplir en la cárcel su condena, se nombró ministro de Justicia a quien se opuso al pacto antiterrorista con saña, y se permitió que medio partido de Batasuna-ANV vaya a las urnas sin haber rechazado las pistolas.
Y ETA se dio cuenta de que el terror le volvía a ser útil. Y una vez que obtuvo lo que necesitaba -recuperar sus concejales, gobernar ayuntamientos y financiarse con nuestros impuestos- dijo que se acababa la tregua. No entregó las armas, pero se les devolvieron escaños y ayuntamientos.
Se renunció a aplicar la ley y con ella a hacer valer la fuerza ética de la democracia. Para maquillarlo se puso un gran esfuerzo e imaginación en todo tipo de mentiras. El Gobierno nos contó que era posible que medio partido del mismo partido fuera terrorista y la otra mitad del mismo partido no lo fuera, ni tampoco sus dirigentes a los que les había hecho terroristas, al parecer «por sorpresa», la mitad del partido. Otro día el mismo señor, que se opuso a la Ley de Partidos y que ahora es ministro, nos dice que para aplicar la ley hay que bajar a los ruedos, y decide torear sólo medio toro y dejar el otro medio porque a él le parece manso o necesita hacer creer que lo es. Se afirma que un partido que no existe puede , en horas 24, tener estructura, capacidad y medios para presentarse en todos los sitios en los que nunca se presentó pero sí se presentó el partido ilegalizado. Se nos dice que el partido hasta ahora inexistente puede recibir apoyo, doctrina y votos del partido ilegalizado y al mismo tiempo no tener nada que ver con él. Otro día se dice que un terrorista condenado va a cobrar su sueldo en la sede del nuevo partido que paga al terrorista pero que no tienen nada que ver con él. Más tarde se nos dice que el Tribunal Supremo y el Constitucional son los que han legalizado la mitad de Batasuna-ANV que el Gobierno no quiso ilegalizar cuando todos sabemos que los jueces no legalizaron nada, sólo pudieron ilegalizar el trozo de partido que el gobierno les pidió que ilegalizaran. Otro día nos dicen que la Ley de Partidos es tonta y los terroristas listos y se han burlado de ella. Otro día nos cuentan que aterrorizar en las urnas a los votantes el día de las elecciones es un acto de normalidad democrática. Otro día se dice que no se acude a los tribunales para impedir que ETA tenga concejales porque no hay que dar pasos en falso. Otro nos cuentan que no condenar atentados no vale para ilegalizar a quien se tenía que haber ilegalizado con otras muchas abrumadoras pruebas. Y últimamente nos dicen que don Baltasar lo va a arreglar todo porque el Supremo y el Constitucional no saben. Y para cada historieta de estas encuentran un fino jurista que la sopesa, la analiza y, por supuesto, luego, con esfuerzo e imaginación, la defiende.
En todo este lío pierde la democracia, pierde el Gobierno y gana ETA. Por eso hoy es necesario volver a la fuerza ética de la democracia. Que ETA sepa de nuevo que el terror es inútil. Que el gobierno gobierne y le diga a ETA que vamos a por ellos sólo con la ley, nada más que con la Ley, pero con toda la Ley. Está bien la acción policial. Hay que aplaudir cada detención de los terroristas. Pero también hay que hacer política antiterrorista. Hay que ilegalizar a Batasuna-ANV. Y hay que recuperar el tiempo perdido. Por eso el Gobierno, que debe dirigir la política antiterrorista, está en la obligación de explorar el camino, y poner sólo un poquito de esfuerzo e imaginación, para promover, dentro de la Constitución, una ley que exija que cuando se ilegalice a ANV, porque se ha acreditado que nunca debió legalizarse antes de que ETA entregue las armas, se les prive de sus escaños y sus actas de concejales. O al menos que se les prohiba inmediatamente manejar los muchos dineros de nuestros impuestos que desde el pasado 27 de mayo manejan quienes no sirven ni un café sin que ETA se lo ordene. Tendrá el apoyo de la inmensa mayoría del Parlamento. Así derrotaremos todos, sin aventuras personales, juntos, pero con ética y eficacia al terrorismo.
José María Michavila, diputado del PP en el Congreso y ex ministro de Justicia.