La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha acudido a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para presentar las líneas generales de actuación de su departamento en esta nueva Legislatura. La ministra vino con talante dialogante y nos propuso un esfuerzo colaborativo de todas las fuerzas políticas para construir lo que ella llama el Estado del Bienestar del año 2050, afrontando los nuevos retos demográficos, los cambios sociales y tecnológicos. Y es verdad que acertó cuando expuso como piezas esenciales para construir ese futuro la prevención: prevención de la enfermedad, de la dependencia, de la pobreza; y la construcción de un nuevo modelo sociosanitario mucho más integrado que el actual que comparta objetivos, recursos e itinerarios.
Es un futuro que necesariamente debemos construir, y lo debemos hacer juntos. Juntos los partidos políticos. Juntas las Administraciones nacionales, autonómicas y locales, y por cierto, también las europeas. Juntos pacientes, profesionales e industrias que nos dan servicios. Futuro donde la innovación y la investigación son esenciales, porque aún están por descubrir muchas de las soluciones que serán capaces de dominar las grandes enfermedades prevalentes actuales: demencias, enfermedades mentales, cáncer y diabetes entre otras.
Sin embargo, su llamada a construir juntos ese futuro vino sin un diagnóstico certero sobre la situación actual. Y no avanzaremos si no nos ponemos antes de acuerdo en el diagnóstico sobre dónde estamos y qué ha pasado con la sanidad y los servicios sociales en nuestro país en estos años. Es imposible reconstruir la sanidad española y prepararla para el futuro si no se reconoce la profunda desfinanciación a la que se ha visto sometida, 6.500 millones de menos en los tres últimos años, compensada en parte con 3.000 millones más salidos de los bolsillos de las familias. La reducción y precarización de las condiciones de empleo de los sanitarios. La infrautilización de competencias profesionales: medicina, enfermería, farmacia y otras muchas. El debilitamiento de toda la estructura de investigación biomédica española. Y el abandono de la Ley General de Salud Pública de 2011, que busca hacer de esta una estrategia de salud en todas las políticas, con una estructura eficiente y moderna capaz de detectar y actuar tempranamente sobre los riesgos, sean ambientales o por hábitos no saludables.
Y no es de extrañar, por tanto, que si no hay un buen diagnóstico no se acierte en las soluciones. El programa de estabilidad 2016-2019 que el Gobierno ha enviado en las pasadas semanas a Bruselas apuesta por seguir reduciendo el gasto sanitario público en una senda que va desde el 6,5% sobre el PIB de 2011 hasta el 5,95% que se espera para 2016 y el 5,74% que se prevé en 2019. Y a ello se une un decepcionante y raquítico catálogo de medidas que solo apuestan por la continuidad en la política farmacéutica, y otras medidas como el registro de profesionales o la troncalidad de las especialidades médicas, esta misma semana anulada por sentencia del Tribunal Supremo. Por ello, es imposible creer en las intenciones de la ministra cuando su llamamiento al diálogo viene vacío y sus acciones van en sentido opuesto a la recuperación.
No obstante, el Grupo Socialista está dispuesto a construir juntos ese futuro Estado del bienestar. Pero para recuperar la confianza mutua y sustanciar un diálogo fructífero le hemos pedido adoptar ocho medidas urgentes en los próximos meses. Ocho propuestas viables que solo dependen de la voluntad política del Gobierno y que permitirán resolver problemas graves que afectan a la ciudadanía y a los profesionales, y que allanarán el camino para una legislatura de más acuerdos.
Le hemos pedido en primer lugar que levante el veto del Gobierno a la proposición de Ley del Grupo Socialista para devolver la atención sanitaria como derecho de ciudadanía, sin exclusiones. Que recupere en el próximo presupuesto 2017 el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial, para garantizar que cualquier ciudadano pueda ser atendido en cualquier punto de España y que se puedan incorporar las innovaciones terapéuticas, tal como aprobamos por mayoría en el Congreso el mes pasado.
En tercer lugar, hemos pedido al Gobierno que convoque una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para discutir monográficamente sobre financiación sanitaria autonómica, con el objeto de acordar con las Comunidades Autónomas una senda de recuperación de una financiación suficiente y más equitativa del Sistema Nacional de Salud. En cuarto lugar, que retire los recursos que tiene planteados sobre las leyes y decretos de las autonomías que buscan proteger la universalidad de la atención, limitar los copagos farmacéuticos y regular las subastas de medicamentos.
Le pedimos en quinto lugar que revise el estatuto del personal sanitario para eliminar la posibilidad de encadenar contratos temporales abusivamente, como ocurre ahora; levante las tasas de reposición que impiden a las autonomías estabilizar el empleo; y acuerde un plan de empleo público con las CCAA y los sindicatos.
En sexto lugar, consideramos necesario eliminar la posibilidad de implantar los copagos sanitarios introducidos por su reforma de 2012. Y que resuelva el conflicto creado por el ministro Alonso sobre la prescripción de enfermería, elaborando una nueva normativa para desarrollar las plenas competencias de enfermería. Y por último, que ponga en marcha la olvidada Ley General de Salud Pública y refuerce en los próximos presupuestos los recursos dedicados a la prevención de los hábitos de riesgo (alcohol, tabaco, sedentarismo) y la prevención del VIH.
Ocho medidas urgentes para abordar problemas de hoy y para construir puentes de diálogo con el Gobierno mirando al futuro.
Jesús María Fernández es diputado y portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.