Tras las elecciones han desaparecido las certezas respecto a las consecuencias de las elecciones, salvo una: en el medio plazo, parece improbable que nadie llegue a La Moncloa con mayoría absoluta. Dos nuevas plataformas han entrado en escena. Debido a su reciente configuración, ambas padecen cierta escasez de funcionarios o políticos con experiencia. Uno de ellos, además, tiene un discurso marcadamente antiestablishment, lo que le lleva a tomas de posición de un carácter simbólico fuerte, con una lógica hostil a los pactos. Esta estrategia de diferenciación ha provocado una respuesta por parte del resto de contendientes de cordón sanitario similar a la que otras fuerzas políticas europeas han adoptado con frentes de izquierda o de derecha. Por el momento, el cambio en el sistema de partidos ha resultado en parálisis.
Esta situación tiene riesgos evidentes. La exclusión de una formación con el apoyo de Podemos equivale a dejar fuera a una parte sustancial del electorado, algo que encaja mal con el deseo de cambio de la ciudadanía. Por otro lado, los presupuestos no pueden prorrogarse indefinidamente, la actividad legislativa deberá ser retomada, y es difícil avistar la ansiada renovación sin un nuevo Gobierno con legitimidad democrática. Así, los dos grandes retos a los que se enfrenta el sistema político español son acomodar la entrada de nuevas voces en la toma de decisiones, y conjugarlas con la gobernabilidad del país.
¿Cómo afrontarlos? Durante los últimos años se ha dedicado bastante tiempo a hablar del diseño del sistema electoral. Sin embargo, es mucho menos lo discutido sobre las instituciones legislativas y su papel en la democracia. Históricamente, estas han jugado un rol menor en el proceso de elaboración de políticas en España. La abundancia de mayorías estables ha hecho que el Ejecutivo domine, relegando al Congreso a aprobar decisiones que venían tomadas del Consejo de Ministros.
Dar más peso a las instituciones legislativas ayudaría a mejorar el funcionamiento democrático en un escenario multipartidista. La de nombrar un Gobierno es lo que en Ciencia Política se llama una decisión de delegación. El "delegante” que decide delegar es, sin embargo, reacio a hacerlo si tiene razones para esperar que el “delegatario" va a desviarse de su mandato: una vez el Gobierno haya sido nombrado, controlar su acción o desalojarlo será singularmente difícil. Sin embargo, si existen mecanismos efectivos de control, el Gobierno y los partidos del Parlamento sí podrán llegar a pactos que el primero deberá respetar.
Hay dos frentes para aumentar la capacidad de control del Congreso: mejorar el procedimiento y aumentar los recursos. En primer lugar, la actividad del Ejecutivo debería estar sometida a mayores obligaciones de información y transparencia en relación con el legislativo. Por ejemplo, un mayor número de comisiones permanentes, con más diputados y poder de supervisión, o una restricción del poder del Gobierno para marcar la agenda parlamentaria. Medios y votantes deberíamos, por nuestra parte, prestar una atención más detallada al proceso legislativo, de acuerdo con su nuevo rol preeminente.
Por el lado de los recursos, escribir leyes es una tarea con fuerte carácter técnico. Mientras que el Gobierno cuenta con ministerios enteros para redactarlas, el Congreso solo puede enmendarlas con la ayuda de un puñado de asesores. Mejorar los recursos del Parlamento sería una medida positiva, como sugirió Víctor Lapuente. Pero se puede ir más allá. Instituciones independientes como el Tribunal de Cuentas o la Autoridad Fiscal, convenientemente reformadas, podrían jugar un papel de apoyo necesario a la hora de redactar y evaluar propuestas a negociar con el Ejecutivo. Además, aumentar el número de comisiones parlamentarias permitiría una mayor correspondencia entre los cuadros de la Administración encargados y los diputados asignados al mismo, facilitando la especialización de los diputados en materias concretas.
Sin duda, estas medidas son menos espectaculares que una reforma electoral. Pero al no tener ganadores y perdedores claros, son más factibles. Prometen contribuir a desbloquear la situación del país en el medio plazo: los nuevos partidos tendrían más fácil participar en la toma de decisiones, posibilitando acuerdos, y forzándoles a invertir en el desarrollo de cuadros intermedios. Empezarán así a usar el Congreso no como lugar para la toma de postura, sino para influir en la elaboración de posturas.
Los españoles nos hemos pronunciado a favor de un coro de voces políticas más plural, un desarrollo normal en una sociedad compleja. Sin embargo, para que este estas voces suenen de forma armónica, es necesario afinar nuestras instituciones.
Luis Abenza es investigador doctoral en la Universidad de Duke.