El pasado viernes se publicó en el BOE la ley que establece el cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021. Pese a la amplia mayoría parlamentaria que la había respaldado unas semanas antes, esta ley ha suscitado –por su contenido y por las condiciones de su trámite– la crítica de muchos expertos y las dudas de numerosos ciudadanos, entre los que me cuento, por ahondar en la ruptura en la igualdad de acceso a los servicios públicos y otros derechos entre comunidades autónomas. Además, dentro del PSOE, muchos militantes opinamos que se trató de una posición incoherente y desacertada, que no se debatió suficientemente.
El monto del cupo se negoció a nivel exclusivamente político entre PP y PNV, anunciándose con meses de antelación a cualquier pretendida justificación técnica de su cálculo. Aunque el Gobierno había excluido el régimen del País Vasco y Navarra del estudio sobre la financiación del sistema autonómico que encargó a un grupo de expertos, al ser necesario calcular el presupuesto disponible para la solidaridad interterritorial se puso de manifiesto que estas dos comunidades reciben recursos de la Hacienda central en lugar de aportarlos, pese a encontrarse entre las más ricas de España. Fue también la conclusión de otros expertos a los que el Gobierno encargó anteriormente el cálculo de las balanzas fiscales y es notoriamente la opinión mayoritaria de especialistas académicos y profesionales.
En el texto de la ley, se pretende que el cálculo del cupo surge de los flujos financieros resultantes del régimen de concierto económico con el País Vasco, pero las administraciones responsables de esta negociación bilateral no han publicado el detalle que permita su escrutinio, limitándose a proclamar unas cifras agregadas que totalizan el monto predeterminado políticamente. Ni siquiera el trámite parlamentario pudo ser la ocasión para contrastar esas cifras, ya que se convino su aprobación en lectura única
Las fórmulas para el cálculo del cupo, que están pues desvirtuadas para que sumen el insolidario resultado pactado para 2017, son las que se aplicarán además hasta 2021, previendo incluso un mecanismo adicional en el caso de la balanza del IVA para inclinarla adicionalmente en favor del País Vasco según evolucione la recaudación de este tributo.
Diversos datos oficiales muestran que las importantes ventajas en la prestación de servicios públicos en el País Vasco no pueden explicarse solamente en una posible eficacia de gestión por parte de la comunidad autónoma, sino sobre todo en el injustificado desequilibrio en los mecanismos de solidaridad interterritorial del que se beneficia. Es por ejemplo el caso del superior sueldo –con frecuencia del orden del 30%– de muchos empleados públicos vascos respecto a sus homólogos en otras comunidades autónomas o en la administración central, que no se puede considerar una mejora fruto de la buena gestión cuando el propio coste de esa masa salarial se ha incorporado íntegramente en la balanza del cupo a beneficio del País Vasco.
He presentado una petición al Defensor del Pueblo para llamar la atención sobre estas cuestiones e interponga, si lo estima oportuno, recurso de inconstitucionalidad. Resulta muy improbable que los demás poderes habilitados para presentar este recurso se decidan a hacerlo, pese a que existen probablemente millones de españoles con legítimas dudas sobre su constitucionalidad.
No comparto pues el sentido de esta ley ni en el plano español ni en lo que dificulta una progresiva armonización europea. No obstante, con mi petición no he buscado restar legitimidad a la negociación política, ni pretender que el Defensor del Pueblo sea su árbitro ni siquiera partícipe, tampoco defender ingenuamente que cuestiones complejas como el nivel de prestación de los servicios públicos sean reducibles a meros cálculos técnicos.
Además, ha reiterado el Tribunal Constitucional que la igualdad a lo largo del territorio español no puede reducirse a una total uniformidad que sería incompatible con la autonomía de las distintas comunidades, que incluso puede ser un aliciente para la mejor gestión de los recursos. Sin embargo, las evidencias que he intentado resumir –y que han ilustrado ampliamente muchos expertos– creo demuestran que con el cálculo del cupo vasco (quizá no solo en esta ocasión, aunque nunca antes llegara a denunciarse tan ampliamente) no nos encontramos en ese margen de diferencias aceptables o incluso convenientes, sino ante una asumida ruptura de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, que no pueden ser moneda de cambio para una pretendida estabilidad gubernamental.
Una vez más, un partido nacionalista logra cobrarse de la solidaridad territorial la continuidad de un gobierno en La Moncloa. La novedad ha sido que, desde la oposición, el PSOE del estéril “no es no” que no supo aportar condición alguna a la investidura de Rajoy –o incluso lograr que el PP cambiara de candidato–, entregue ahora un “sí” tan obsecuente como anticipo de lo que costarían los votos del PNV en una hipotética moción de censura. Más aún cuando este partido se ha permitido sabotear la comisión de evaluación del estado autonómico, que es la principal iniciativa política de Sánchez, como antesala de una posible reforma constitucional.
Si queremos evaluar el reparto de competencias entre nuestros administraciones de distinto nivel territorial, es necesario un discurso general (que bien pueden trazar las personalidades invitadas a la comisión) pero es necesario también convocar a expertos para analizar los principales sectores, estableciendo en grandes líneas el “nivel de servicio”, los problemas de coordinación y, por supuesto, el coste y su financiación. En consecuencia, lo coherente con la atención y margen de acción que merece esta comisión es que, a partir de sus conclusiones, se hubiera negociado la financiación de todas las comunidades autónomas (no urgía especialmente la del País Vasco, puesto que las de régimen general también tienen pendiente su actualización).
Denunciar el abuso que supone el monto del cupo y las formas de su negociación no supone ni cuestionar el concierto ni atacar a los vascos. Algunos expertos proponen un concierto amplio pero no completo (tampoco lo es el actual del País Vasco y técnicamente es casi imposible que llegara a serlo) para todas las Comunidades, que recaudaran directamente buena parte de los recursos que van a gastar, pero manteniendo siempre suficientes ingresos en la administración central para sus propias competencias y para distribuir la solidaridad interterritorial.
En cuanto a los habitantes del País Vasco, no hay duda de que actualmente se benefician de estos ingresos adicionales. No obstante, más allá de los valores intrínsecos que tiene la solidaridad, a medio plazo acabará no siendo rentable intentar ser el hijo pródigo de un Estado débil que no logra sumar fuerzas en una Europa que necesitará mayor igualdad, si quiere resistir unida la amenaza de otras potencias a nuestro modelo de progreso y bienestar.
La encrucijada en la que se encuentra España –y en la que estoy convencido el PSOE debe volver a ser un actor decisivo en su resolución– es reescribir, probablemente en papel europeo, el contrato social que nos liga. Pasará posiblemente por una reforma constitucional pero requiere sobre todo de un debate y un acuerdo mucho más amplios sobre qué significan la libertad, la igualdad y el progreso.
Víctor Gómez Frías es militante del PSOE.