Referéndum, sí, pero de ratificación, no de consulta

La política en Catalunya está estancada entre dos alternativas imposibles. La primera, un referéndum consultivo que, además de unilateral e ilegal, es innecesario y repetitivo; y la segunda, una pasividad política negadora del problema que el desafecto con España y la reivindicación catalanista expresa hoy Catalunya.

Hablemos claro: la nueva convocatoria de otro referéndum es puramente táctica, solo busca mantener encendidos los motores de un proceso que empieza a declinar por el desgaste de su inviabilidad. ¿Es que no sabemos ya lo que piensa el pueblo de Catalunya? Nos lo dicen mil encuestas sociológicas todos los días. ¿Es que no hubo un referéndum el 9 de noviembre del 2014, en el que votaron dos millones de catalanes y respondieron a dos preguntas concretas? Porque la ilegalidad de la consulta no impidió su realización, y todo el que quiso votó ¿Para qué hacer otro en el 2017?

Una vez más, hay que advertir de los riesgos de este tipo de referéndums en los que los ciudadanos solo dicen estar a favor o en contra de un deseo, sin conocer las consecuencias ni las condiciones de su materialización. Unas consultas en las que hay que posicionarse de manera simple, binaria (sí o no), a dos alternativas extremas, despreciando un abanico de soluciones políticas intermedias desgraciadamente inexploradas. Privar al pueblo de Catalunya de esas opciones es un fraude antidemocrático.

Pero igual de preocupante es que una mayoría de catalanes abrace esta vía porque no encuentren otro modo de expresar sus demandas identitarias y de autogobierno y se adhieran a un proceso unilateral y rupturista aunque no crean en él y aunque la independencia de Catalunya no sea su opción.

Los responsables de este choque nos van a despeñar a todos. Los primeros saben que no hay ninguna posibilidad de conquistar la independencia unilateralmente, contra España y contra Europa, contando con un apoyo social tan bajo, y teniendo en cuenta que esos apoyos se irán debilitando entre la población al comprobar las graves consecuencias en sus vidas de una ruptura de estas dimensiones en esas circunstancias. Los segundos confían en que las llamas de este incendio se apaguen en las contradicciones internas de una política institucional enloquecida por su dependencia de una opción antisistema, por la rivalidad política y electoral entre las fuerzas nacionalistas y, en último lugar, porque confían en que el tiempo oxidará los engranajes de un proceso sin avances y sin destino.

Es urgente abrir la vía a la tercera vía. La única salida a este callejón pasa por abrir una verdadera ventana a la reforma de nuestra Constitución que nos dé la oportunidad de renovar el pacto autonómico con Catalunya de manera que la población de Catalunya vote, simultánea o sucesivamente, tanto la reforma constitucional como su nuevo estatus sobre su ser y estar en España.

Hablaríamos en ese caso de uno (o dos) referéndums de ratificación (no de consultas) de las condiciones concretas que regulen tanto los aspectos identitarios --simbólicos--, autonómicos, competenciales y económicos de Catalunya como la Constitución que ampara ese nuevo estatus.

La operación es difícil, pero es la única salida. Requiere que el Gobierno del PP abra ese espacio y acepte la creación de una subcomisión mixta Congreso-Senado para abordar esta reforma, que tome iniciativas concretas y rápidas, llamando a expertos y presidentes autonómicos a una tarea tan extraordinaria como necesaria. La gestualidad catalana de la vicepresidenta debe concretarse en esta plataforma, acompañada de otras medidas de pacificación institucional.

La segunda condición es la participación de los partidos de Catalunya en ese proceso, desde un espíritu constructivo y de colaboración. La tensión interna entre los partidos catalanes necesita una clarificación electoral, y todo el mundo cree que llegará pronto, pero antes deberán decidir quién acepta el órdago de esta negociación y quién se arriesga a pactar una salida distinta de la ruptura independentista. La tercera condición no es menor. A este negocio están llamadas también las comunidades autónomas, nuevos protagonistas del marco territorial, a las que no se les debe marginar de este acuerdo general de funcionamiento de nuestro modelo autonómico y de solidaridad interterritorial. Y, por supuesto, en este intento debemos estar, por lo menos pero no solos, el PP y el PSOE. Si alguno falla no hay pacto.

No es fácil, lo sabemos quienes defendemos esto desde hace años, pero es la vía. Intentarlo no tiene desventajas. El riesgo del no acuerdo ya lo estamos pagando, y sus consecuencias son malas para todos.

Ramón Jáuregui, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.

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