Reforma de la Ley de Costas: garantía para el litoral

EL litoral español cuenta con un nuevo marco normativo para reforzar su protección y garantizar un desarrollo sostenible. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Le y de Costas , cuyo objetivo es afrontar los problemas históricos que plantea la regulación de nuestros 8.000 kilómetros de litoral. Y ello, con el convencimiento de que es necesario corregir errores del pasado, asegurar una protección medioambiental más eficaz y permitir que miles de ciudadanos conserven sus viviendas.

La realidad de nuestras costas, y la experiencia cosechada tras 2 4 años de vigencia de la Ley de 1988, nos han llevado a abordar el futuro con determinación, conscientes de que su protección constituía el eje de una reforma normativa inaplazable. Este es un compromiso incuestionable, como también lo es nuestra determinación para dar respuesta a los conflictos sociales, que, por falta de voluntad política, llevaban más de dos décadas pendientes de solución.

Y es que se acercaba el momento en el que familias y empresas habrían tenido que abandonar sus viviendas o cerrar sus negocios, porque la normativa anterior, aprobada por el Partido Socialista, quedaba muy alejada de la realidad social sobre la que legislaba.

Era, por tanto, apremiante resolver la inseguridad jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en particular viviendas, que fueron expropiados bajo la ley de 1988. La prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años permite, precisamente, proteger los legítimos derechos de los afectados.

Esto es lo que constituye la razón de ser de la nueva Ley de Costas: frenar la degradación del litoral y la urbanización descontrolada, reforzar la seguridad jurídica y generar confianza para la actividad económica.

Se prohíben nuevas edificaciones en la costa, sin excepciones. Tanto en Dominio Público Marítimo Terrestre, es decir, en la ribera del mar y las playas, como en la zona adyacente de servidumbre de protección, en la que se ubican cerca de 120.000 viviendas. En definitiva, miles de situaciones que requerían una solución inmediata.

Debe quedar claro, para no confundir a la opinión pública, que no se reducirá la superficie protegida, y no se podrá construir allí donde hasta ahora estaba prohibido. Además, las obras de reforma que sean necesarias en viviendas o establecimientos no podrán implicar, en ningún caso, aumentos de volumen, altura o superficie. Y por primera vez, una ley de costas española introduce políticas de lucha contra el cambio climático.

Es uno de los muchos argumentos que sustentan que la nueva normativa establece un régimen claramente más exigente que la anterior. Lo acredita una de las medidas más garantistas de la nueva norma: la llamada cláusula « Anti algarrobicos», que frenará la construcción ilegal antes de que se produzca. Desde ahora, el Gobierno podrá suspender de forma cautelar una obra a la espera de la decisión de los jueces. Con ello, pretendemos evitar que se repitan episodios nefastos para la historia medioambiental española muy reciente.

En definitiva, la nueva Ley de Costas impulsada por el Gobierno de España aporta seguridad jurídica donde había incertidumbre, refuerza la protección medioambiental frente a las agresiones urbanísticas y hace compatible el uso sostenible de nuestro litoral con una actividad económica que genera decenas de miles de empleos. Recuperar y mejorar nuestra costa, como garantía de futuro y en beneficio del interés general, es el compromiso de este Gobierno con la reforma de la Ley de Costas.

Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *