La legislatura que ahora da sus últimos pasos se inició en materia territorial con un gran objetivo: reformar limitadamente la Constitución para, entre otras cosas, dotar al Senado de un carácter territorial más nítido en su naturaleza, funciones y composición. La reforma partía de la constatación de que se habían agotado las posibilidades de potenciar ese carácter territorial del Senado desde los preceptos constitucionales que hoy lo regulan y de que la evolución del Estado de las Autonomías hacía necesaria y urgente la reforma. Un objetivo que, por cierto, ha sido una constante de los proyectos políticos y propuestas electorales de la mayoría de los partidos políticos desde hace varias legislaturas.
El momento político era propicio. Se estaban tomando iniciativas de reforma de varios Estatutos de Autonomía y la simultaneidad de ambos procesos podría darles coherencia y visión de conjunto. Se dieron los primeros pasos, con el Informe del Consejo de Estado solicitado por el Gobierno, pero no ha sido posible continuar el proceso.
Ha sido el clima político el que ha impedido seguir avanzando. Se han llevado a cabo reformas en distintos ámbitos, incluso en ese clima, pero el imprescindible consenso para abordar la reforma de la Constitución, el más sólido y exigente de todos, encontró una barrera infranqueable en el ambiente bronco, crispado y tenso de las relaciones políticas que ha presidido esta legislatura. Cada uno tiene su responsabilidad en el mismo y los ciudadanos deben pedir cuentas por ello ahora que llega el momento de darlas.
Entretanto, el Senado ha tratado de potenciar su papel territorial durante esta legislatura. Ha sido sede de la Conferencia de Presidentes, una de las grandes innovaciones de estos años. El presidente del Gobierno, con su especial sensibilidad autonómica, ha comparecido mensualmente en el Senado realzando así el papel de esta Cámara. Además, se llegó a un gran consenso sobre el uso en el Senado de las lenguas cooficiales y existe un inicial acuerdo para abordar una reforma del debate anual sobre el Estado de las Autonomías con un nuevo formato que le dote de más agilidad y efectividad.
Pero la reforma del Senado sigue siendo necesaria y perentoria. La puesta al día de diversos Estatutos de Autonomía ha dejado aún más al descubierto la necesidad de reformar también los instrumentos comunes, los del Estado, relacionados con nuestro sistema autonómico, empezando por la Cámara Alta. No es prudente que el proceso avance sólo en una sola dirección: la de más descentralización y autogobierno territorial. El Estado necesita acomodar y adecuar sus instituciones e instrumentos de actuación a ese proceso. No para neutralizarlo, sino para hacer más coherente, más fuerte y más eficaz el conjunto.
En este momento histórico de nuestro país, el debate sobre si la Administración del Estado debe ser más grande, tener más competencias, es inútil y poco práctico. El debate no es sobre obesidad o anorexia. Un Estado grande no equivale a un Estado fuerte. Nuestro espectacular desarrollo económico y social de las últimas décadas ha coincidido con un proceso fuertemente descentralizador. Como están muy descentralizados países tan potentes como Estados Unidos, Canadá o Alemania. Un Estado fuerte es el que tiene una musculatura desarrollada y ágil, un sistema nervioso que la potencie y un torrente sanguíneo que le dé vida y fuerza. Y un equilibrio orgánico e institucional que le haga más eficaz.
España es hoy un país más fuerte de lo que algunos agoreros predican. El sistema autonómico ha permitido aflorar fuerzas económicas y sociales regionales que explican en parte el despegue español de los últimos treinta años. Y España ha aportado valor añadido a los esfuerzos regionales, a todas y cada una de las Comunidades Autónomas, en el ámbito internacional, en el comercio exterior e interior, en lo cultural y en lo social. Ha sumado, potenciado e integrado esos éxitos en un proyecto global y en una realidad común, que es nuestra España de hoy.
Por todo ello, carece de sentido no abordar reformas que van en la misma dirección y que tienen como objetivo preparar nuestro país para los retos del futuro. Como las que pretenden una mayor y mejor cooperación e integración de las políticas territoriales en las instituciones comunes. Es el caso, entre otras, de las políticas hidráulicas, las de medio ambiente o las sociales. Y ahí es donde se vislumbra la potencialidad de una Cámara territorial, el Senado, para contribuir a ese objetivo. Una institución que sea la cúspide del sistema cooperativo y el lugar de encuentro y participación territorial en la elaboración y aprobación de las políticas comunes. Y que garantice, a través de la participación autonómica, la máxima aceptación, viabilidad y eficacia de las mismas.
Es el momento, ahora que se inicia un nuevo período político y parlamentario, de reclamar a los partidos políticos un serio y firme compromiso electoral para no dilatar más la reforma del Senado. Ésta es una cuestión de Estado que exige la renuncia a determinados intereses en aras del bien común. Y quien, por las razones que fueren, no sea partidario de la reforma, que explique sus razones a los ciudadanos, ahora que es el mejor momento. España lo exige.
Javier Rojo, presidente del Senado.