Por Joan Herrera i Torres, portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV (EL PAÍS, 18/05/06):
En España es necesaria una reforma fiscal. España es uno de los países de nuestro entorno con más diferencias sociales y mayor necesidad de incremento del gasto social. Veinte años después de la incorporación de España a la UE seguimos muy lejos de su media en gasto social: más de seis puntos de diferencial, mientras la presión fiscal se aleja de la media en un 6,6%. Pero la menor presión fiscal no supone mayor alivio para los asalariados: el 90% de los contribuyentes son asalariados y pensionistas. Prueba de ello es la excepcionalidad de ser, probablemente, el único país del mundo donde el empresario dice ganar cerca de 6.000 euros menos que su trabajador. Tal diferencia sólo se explica en un modelo que carga la fiscalidad en la renta del trabajo.
Toda reforma fiscal debe tener claro para qué y para quién es. La reforma necesaria debería ser para acercarnos al gasto social europeo y para que tener nómina sea una ventaja. Eso requiere una reforma fiscal integral que abarque todas las figuras tributarias, consiguiendo una mayor participación de las rentas de capital.
Pero lo que se ha aprobado obedece a premisas distintas. Ésta será una reforma que recaudará, como mínimo, 4.000 millones de euros menos. Y eso se va a hacer en el momento álgido del ciclo económico, cuando se puede abordar la inversión que garantice un modelo de crecimiento sostenido en cimientos más sólidos que el del ladrillo y el endeudamiento familiar. Y se aborda sin tener presente el mayor reto social, y por tanto de gasto, de las últimas décadas: el de las políticas universales y públicas para las personas con limitaciones en su autonomía personal.
En el terreno de lo concreto, la reforma del impuesto de sociedades anuncia una reducción de cinco puntos. Se ha omitido que los beneficios empresariales en el último curso han sido espectaculares. El argumento es acercarnos a la media de la UE. Pero la verdad es que el impuesto de sociedades real en España se sitúa en el 24%, por debajo de la UE-15, excepto Irlanda. Ante esta situación son dos las preguntas obligadas. La primera de ellas es si el modelo de crecimiento debe basarse en impuestos más bajos que los del entorno UE-15, o bien debemos realizar una política económica que garantice un mayor valor añadido para nuestras empresas. La segunda es: si bajamos el impuesto de sociedades con un crecimiento superior al 3 %, ¿tendremos margen para volver a bajarlo si un menor crecimiento así lo aconseja?
De la respuesta razonable a ambas preguntas se desprende una conclusión: la medida de la reducción del impuesto de sociedades obedece más a un capricho programático que a una línea razonable en un empresariado y una economía que más que bajar impuestos necesita mayor valor añadido.
En el caso de las rentas de capital, la reforma del IRPF consolida lo peor de la reforma fiscal del PP: que las plusvalías de capital tributen mucho menos que las rentas de trabajo. La izquierda coincidió en la denuncia; el portavoz del PSOE decía que "la tributación de las plusvalías que ustedes hacen", y que hoy el Gobierno consagra, "es la voladura incontrolada del IRPF". Sin embargo, la propuesta del Gobierno hace que estas rentas sólo pasen a tributar del 15 % al 18% y, además, incluye en esta categoría las inversiones que se rentabilizan en menos de un año. A partir de ahora la simple especulación o inversión a corto plazo tendrá un premio nada de izquierdas: podrá tributar mucho menos de lo que tributaba hasta ahora.
La parte positiva de la reforma del IRPF es que las deducciones no ganan progresividad, pero sí recuperan una cierta equidad puesto que se deduce en un mismo tramo para todos. A partir de aquí, el resto de medidas hacen perder progresividad: se reducen los tramos y las rebajas de impuestos se centran en las rentas más altas. Las rentas más beneficiadas son las que van de los 42.000 euros a los 52.000 y con una reducción casi imperceptible, encontramos las rentas medias que van de los 12.000 a los 42.000 euros. Y, además, se mantienen las deducciones en materia de acceso a la vivienda sin discriminar en función del precio de la misma o del salario. Conclusión: se cambia poco y para quienes menos lo necesitan.
Por último, la llamada fiscalidad verde se aplaza y se desenfoca. Las medidas más urgentes se posponen, cuando, nuestro patrón de crecimiento y desarrollo lo que necesita es empezar a internalizar los costes ambientales. Somos el país de la UE que incumple de forma más flagrante con Kyoto.
Si la opción de negociación hubiese sido la de izquierdas, la reforma fiscal no hubiese consagrado los paradigmas de las reformas fiscales del PP. Por eso, la opción es la negociación con CiU; y con la misma política fiscal acabaremos en el momento que dejemos de crecer por encima del 3% con una política social sin márgenes. Por eso, hoy podemos decir, que lo mejor que podría pasar es que la reforma se rechazase, y que, tras la implementación de una buena política contra el fraude, el Gobierno hiciese realidad una reforma fiscal desde paradigmas distintos a los del PP. Así, quizá de una vez por todas, tengamos un patrón de crecimiento más sostenible, más duradero y, sobre todo, más justo.