Reforma fiscal, mujeres y familias

La reforma fiscal de 2014 supondrá una pérdida de recaudación de 9.000 millones de euros, que se distribuirán entre todas las personas actualmente contribuyentes para “aumentar su renta disponible”. Un aumento generalizado, y por tanto pequeño, que no cambiará la vida de las personas actualmente contribuyentes, pero que sí supondrá una merma en los recursos disponibles para atender a las personas que más lo necesitan: familias sin ningún ingreso, personas dependientes que ahora no acceden a los servicios públicos, personas sin atención sanitaria, criaturas sin acceso a una escuela de educación infantil, etc.

Como siempre que disminuyen los recursos disponibles para protección social, las mujeres saldrán especialmente malparadas por varias razones: en primer lugar porque son un alto porcentaje de las personas sin ingresos suficientes y de otros colectivos desfavorecidos, como familias monoparentales o personas mayores que viven solas. En segundo lugar porque son mujeres las personas que suplen en la familia la falta de atención pública de las necesidades de cuidado. En tercer lugar porque la mayoría de las personas empleadas en los servicios públicos son mujeres, por lo que los recortes implican siempre una gran pérdida de empleo femenino.

Todos estos factores de mayor pobreza y precariedad femenina son consecuencia de la actual estructura social vertebrada por la familia “sustentador masculino/esposa dependiente”, en la que las mujeres se especializan en el cuidado familiar y los hombres en el empleo. Esta es la “tradición” pero familias hay muchas más y todas deberían importar. Así que la pregunta es: ¿qué hay específicamente de política familiar en esta reforma fiscal? ¿Qué familias se atienden y qué tipo de familia se promueve? ¿Cuáles son las consecuencias para las personas, y en particular para las mujeres?

Las novedades anunciadas en política familiar son dos. La primera “un fuerte aumento de los mínimos familiares por hijos, ascendientes y personas con discapacidad a cargo”, que en su mayoría “tendrán un aumento superior al 25%”, según la Nota de Prensa de Moncloa. Pues bien, haciendo los cálculos no se ve ese incremento. Por ejemplo el mínimo por el primer descendiente aumenta de 1.836 a 2.400 euros, efectivamente un 31%. Pero esa no es la desgravación real: teniendo en cuenta que el tipo impositivo que se aplica a esas cantidades es de un 24,75% en 2014 y pasará a ser de un 19% en 2016, la desgravación real, o disminución de la cuota a pagar por la persona contribuyente, aumentará en 1,6 euros (de 454,41 a 456 euros).

Tengamos en cuenta también que la franja inferior de rentas excluidas de estas desgravaciones se ensancha, precisamente porque el mínimo exento será mayor; y para esas rentas excluidas no se prevén prestaciones por descendientes. En lugar de estas desgravaciones que cada vez excluyen a más personas, precisamente a las más necesitadas, ¡cuánto más simple y justo sería establecer prestaciones universales por descendientes independientes del nivel de renta! Esta no es ninguna propuesta novedosa sino la práctica habitual en los países más avanzados en política social, por ejemplo todos los países nórdicos.

La segunda novedad en política familiar, que tendrá más importancia cuantitativa para las familias afectadas, es que se crean tres nuevas deducciones: para familias con hijos dependientes con discapacidad; para familias con ascendientes dependientes; y para familias numerosas. Cada una de estas desgravaciones ascenderá a 100 euros al mes o, si esta segunda cantidad es inferior, al total de las cotizaciones a la Seguridad Social del contribuyente y de su empleador; y también se podrá cobrar como prestación. O sea, funcionará como la actual desgravación/prestación para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, con la diferencia de que en este caso el contribuyente no tendrá que ser mujer.

¿A quienes se aplicarán estas nuevas deducciones y qué efectos tendrán? Darán derecho a estas deducciones dos tipos de contribuyentes: personas empleadas que tengan a su cargo una familia numerosa; y personas empleadas que acojan a una persona dependiente (ascendiente o descendiente), siempre que los ingresos de la persona dependiente sean inferiores a 8.000 euros anuales. No afectarán, pues, a las personas dependientes que vivan solas o con familiares desempleados, ni a las familias numerosas cuyo progenitor o progenitores estén desempleados.

En resumen, estas nuevas desgravaciones/prestaciones no son precisamente para las personas más necesitadas de atención a la dependencia o de un ingreso mínimo. Si aumentamos el zoom e imaginamos qué tipo de familia se beneficiará, veremos una familia con más de dos criaturas o con al menos una persona dependiente (o con las dos condiciones). Veremos también a una persona con empleo. ¿Qué más? O bien veremos mucho dinero para comprar servicios de cuidado en el mercado, que no se compran con esos 100 euros mensuales por cada una de las circunstancias citadas, o inevitablemente nos encontraremos con una cuidadora familiar informal, o sea una mujer cuidando las 24 horas.

Hasta aquí las novedades de la reforma fiscal respecto a la familia. Pero hay más: la reforma mantiene la desgravación por declaración conjunta. Curiosamente, tanto el Anteproyecto como el Gobierno y la Comisión de Expertos se han cuidado de no aludir a la existencia de esta desgravación a pesar de que, con la reducción de la desgravación por rendimientos del trabajo, pasará a ser el mayor gasto fiscal del IRPF. Si es una desgravación a la familia, ¿cómo es posible este olvido? Muy sencillo: porque nadie contradice hoy en día que esta desgravación es regresiva y proporciona un incentivo adverso a la participación laboral de las mujeres casadas. Es decir, otro incentivo más al mismo tipo de familia “sustentador masculino/esposa dependiente”.

En resumen, ni Hacienda somos todos y todas ni por esta reforma nos aproximamos a serlo.

María Pazos Morán es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, autora del libro Desiguales Por Ley y una de las promotoras del Llamamiento urgente ante la reforma fiscal que prepara el Gobierno.

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