El paro constituye la primera preocupación del 83,3 por ciento de los españoles. La Encuesta de Población Activa señaló al finalizar 2011 la cifra de 5,27 millones de parados. Y hace unos días el paro registrado nos dio el mazazo de 177.470 parados más en enero de este año. Y, aunque ambas cantidades no sean homogéneas, constituyen un testimonio escalofriante de la recesión económica y, sobre todo, del empleo en nuestro país.
Las previsiones más solventes sobre el PIB nos anuncian entre un -1 y un -1,7 por ciento en 2012. Y la teoría económica habitual sitúa en el +2 por ciento el límite de crecimiento a partir del cual el flujo de creación de empleo será positivo. Pero esta última cifra no es, según cualificados expertos, un dogma macroeconómico. No debemos caer en las aterradoras previsiones del Nobel Joseph Stiglitz. Se puede crear superávit de empleo sin llegar al 2 por ciento del PIB.
La reforma laboral del 10 de febrero de 2012, en la inevitable complejidad del decreto-ley, con sus 63 páginas del BOE, pone el acento en tres cuestiones esenciales: el abaratamiento del despido, la flexibilización en los convenios colectivos y las mejoras en los contratos individuales. Los medios y los sindicatos han puesto el énfasis en los dos primeros, pero el más importante y urgente para reducir el paro, especialmente el juvenil, en el 46 por ciento, es el conjunto de medidas que fomentan la empleabilidad.
Para intensificar la creación de empleo en época de recesión hacen falta sobre todo dos tipos de políticas: las de inversión pública selectiva y las activas de promoción de empleo. Respecto a las primeras, que son las que recomendó vivamente Enrique Fuentes Quintana al presidente Suárez hace 34 años tras la aprobación de los Pactos de la Moncloa, podemos en estos momentos destacar las siguientes:
Primera. Un programa intensivo urgente en infraestructuras del transporte. No se trata de contratar grandes y costosas infraestructuras. El Ministerio de Fomento ha sido por gestión y por presupuestos uno de los más perjudicados por la crisis. En 2011 las adjudicaciones ministeriales se desplomaron un 54 por ciento respecto al año 2010 —datos de noviembre— y cerca del 75 por ciento en relación con 2008. La ministra ha anunciado un nuevo plan de inversiones de 225.000 millones para los próximos doce años. Pero esta iniciativa no resuelve el acuciante problema actual del paro. Es necesario un plan urgente de contratación en los próximos cuatro meses. Aunque se desconocen las cifras presupuestarias para este año, recomendamos, para empezar, un programa de cien contratos, de un presupuesto medio de 50 millones —como han señalado algunos dirigentes del sector—, con un volumen aproximado de 5.000 millones a realizar en las anualidades 2012-13-14.
Segunda. Apoyo a la promoción de empresas y centros de I+D+i, reactivando su financiación con subvenciones y préstamos a medio y largo plazo, hoy muy recortados. Ello debe plantearse con una rigurosa selección de su viabilidad.
Tercera. Reactivar las inversiones en infraestructuras hidráulicas. No se trata de volver al Plan Hidrológico Nacional del PP (2001) ni al Plan AGUA aprobado por el PSOE (2005), pues ello comporta retornar a enfrentamientos infecundos, sin entrar en la alternativa del «sistema de desaladoras», propiciado por el anterior Gobierno, que no ha resuelto el problema del agua.
El estudio de la regulación de las aguas excedentarias en cada cuenca llevará tiempo y en ningún caso puede plantearse como una medida urgente que ayude a crear empleo. Pero sí puede constituir un eficaz antídoto contra el desempleo la activación de proyectos de los programas «gestión e infraestructuras del agua» y «calidad del agua», que han tenido recortes del 40 y del 50 por ciento en los últimos años.
Podríamos con más espacio y tiempo añadir otras acciones más con las ayudas para reactivar el mercado de la vivienda o el impulso a las TIC's o las recomendadas por Santiago Grisolía en su Tercera de ABC con el título de «Ahorrar y también gastar».
Y en el desarrollo de la reforma laboral deberíamos aplicar un tratamiento de urgencia a las siguientes políticas activas.
Cuarta. Medidas para la contratación laboral de jóvenes. Esta demanda se viene realizando hace tiempo desde diversas instancias, la propuso el presidente del Banco Central Europeo Trichet en su carta a Zapatero el pasado mes de agosto y la ha reiterado recientemente Merkel a Rajoy. La nueva reforma incluye varias fórmulas: contrato para la formación y el aprendizaje, elevando de 25 a 30 años la edad máxima para acceder a él; contratos a parados, con deducciones fiscales durante un año del 50 por ciento para la empresa y percepciones del 25 por ciento de la prestación de desempleo para el trabajador; bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años. Todas ellas son válidas. Y hay que aplicarlas ya.
Quinta. Tratamiento fiscal especial para los autónomos. Los autónomos se deben convertir, como han proclamado sus propias asociaciones, en una de las fuentes más fecundas para la creación de empleo. Tendrán derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contraten a su primer trabajador de menos de 30 años.
Sexta. Flexibilidad laboral para las pymes. Las pymes, que representan el 90 por ciento de nuestro tejido productivo, gozarán de todas las medidas de flexibilidad que regula el decreto-ley para casos de ERE, dificultades económicas de la empresa y toda gama de deducciones o bonificaciones previstas en el texto para la contratación de personal.
Séptima. Riguroso control del fraude del seguro de desempleo. El Gobierno prepara un gran plan antifraude fiscal, que se estima que ronda el 23 por ciento, con reforma de leyes fiscales importantes (IRPF, impuesto de sociedades…). Pero debe situarse en primer plano el plan especial de la Inspección del Trabajo para combatir el fraude y la economía sumergida, que ayudará en gran manera a transformar trabajo sumergido en empleo legal y reducir así las cifras del paro.
El clima laboral debe serenarse durante la tramitación negociada del decreto-ley en las Cortes, máxime teniendo en cuenta el importante acuerdo de 25 de enero entre la patronal y los sindicatos que limita los crecimientos salariales al 0,5 por ciento en este año, al 0,6 por ciento en 2013 y a una subida vinculada al PIB en 2014.
Ni el Gobierno ni la sociedad civil pueden aceptar que el ascenso del paro acompañe inexorablemente al decrecimiento del PIB. El objetivo nacional debe ser mantener a lo largo de 2012 una cifra en el entorno de los cinco millones de parados para afrontar una rebaja importante en 2013. Y ello, sin duda, es posible con programas específicos de creación de empleo y con la limitación salarial. Y apuntalando así el crecimiento del PIB.
Por Salvador Sánchez-Terán, exministro de la Transición.