La magnitud del problema del déficit de la Seguridad Social, que crece por primera vez en la historia cuando también lo hace el empleo, puede hacer pensar a los españoles que el propio modelo de reparto ha entrado en crisis. Como en su día conseguimos frenar el déficit en un contexto de intensa destrucción de empleo (desde 2008 a 2011), me interesa exponer al menos cuáles podrían ser otras razones de este desequilibrio creciente desde 2012.
Para empezar, las prestaciones, prácticamente congeladas (crecimientos del 0,25%), no crecen más de lo que antes superaban en términos constantes: un 3%. Bien es cierto que la ausencia de inflación no ayuda. El problema está en las cotizaciones, porque el Estado ya abona a su cargo todas las prestaciones no contributivas. En 2015 las cuotas han recaudado 4.800 millones menos que en 2011 (100.493 millones frente a 105.312). ¿Por qué razón? Porque las cotizaciones de desempleados y las bonificaciones compensadas por el Estado, que hace cinco años superaron los 10.350 millones, ahora han supuesto sólo 6.600. Los desempleados cotizan menos años (desde los 55, antes los 52), por menores bases (el SMI ahora, antes más) y con mayores incompatibilidades. Todas las bonificaciones las abona ahora a su cargo la Seguridad Social (3.700 millones), y antes el Estado corría con una parte sustancial. Los desempleados cotizantes bajan en la misma proporción que pierden prestaciones, y mientras el sistema de pensiones paga su déficit con el Fondo de Reserva, el resultado positivo del Servicio Público de Empleo revierte a Hacienda.
Las nuevas cuotas son inferiores, porque ahora los sueldos son exiguos. Cierto, pero también que la congelación del salario mínimo se ha trasladado miméticamente a todas las bases mínimas de cotización, que podían haber crecido. Y desde luego sería necesario un control más detallado de los contratos menores de siete días, que con frecuencia escapan a los recargos legales preceptivos por festivos y vacaciones. Ni la Tesorería General ni la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han conseguido en los últimos años frenar la infracotización.
Luego están las horas extraordinarias, que se han trasladado a sectores enteros de la economía sin control. Las prácticas en centros de trabajo de becarios y estudiantes, que no cotizan en ningún caso. Las cuidadoras familiares de personas dependientes o discapacitadas, que después de entregar su vida a sus familias han sido privadas de cotización. Con los bomberos iniciamos, a la hora de establecer su coeficiente de reducción de la edad de jubilación, una práctica de establecer, para estos empleadores y empleados, una cotización recargada, proporcional al anticipo en el cobro de las prestaciones. Esto no ha tenido continuidad, porque cuando desaparece el diálogo social una medida así sería fuertemente contestada.
La tarifa por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tenía más de 400 epígrafes en 2004, y acabó en 2011 con 17 tipos de cotización sin merma de ingresos. En otros países europeos hay tarifas únicas, tres o cuatro tipos… Los sectores exportadores y más competitivos suelen pagar un tipo más alto del medio. ¿Por qué no seguir con la convergencia? Como en otros tipos de cotización, antes bonificados, y que ahora deberían incrementar paulatinamente sus cuotas: empleadas de hogar, sistemas especiales…
Estas medidas supondrán mayor esfuerzo fiscal a empleadores y a empleados. O trasvasar superávits de otros sectores públicos que minorarían el déficit de la Seguridad Social. No resolverían el problema, pero probablemente lo redujeran a la mitad. Y en todo caso, no hay soluciones mágicas: deberemos pagar más. Podemos elegir si un recargo que se aplique a la parte del salario que excede la base máxima de cotización, a los beneficios empresariales sin incidencia del trabajo y a las actividades que ahora no cotizan es una forma adecuada de financiar la Seguridad Social, si preferimos reducir o retrasar las prestaciones, o pagar en la misma forma que ahora más impuestos para financiar algunas pensiones.
Todas las alternativas pueden exponer argumentos razonables. Pero tengamos en cuenta que el peso del factor trabajo en el PIB sigue disminuyendo, y que otros países con sistemas de pensiones de reparto ya aplican medidas como las señaladas. Porque la crisis no es de modelo, ni siquiera ideológica: todos los Gobiernos anteriores, también el de Aznar, respetaron la Seguridad Social. No estamos ante el apocalipsis, sino ante un problema de incompetencia en la gestión.
Octavio Granado fue secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011.