Se conoce ya el borrador de la nueva Ley Orgánica de Universidades y del Estatuto del PDI que, en nuestra opinión, contiene serios errores conceptuales. Para empezar, soslaya que las universidades, y especialmente las públicas, son un servicio público. Y que ese público al que deben servir está constituido en primer lugar por los estudiantes y por el conjunto de la sociedad que las financia, a cuyo progreso intelectual y bienestar social y económico deben contribuir. Sólo mucho después pueden aparecer los dos estamentos que, junto con los estudiantes, configuran la universidad: el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS). Así pues, la universidad no está al servicio de quienes estamos vinculados a ella, los de dentro, sino al de los estudiantes y los ciudadanos que la financian. En resumen: la universidad debe estar al servicio de la sociedad, no de sí misma, afirmación tan breve como importante.
Esta filosofía inspiró las Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español (Informe Miras, 2013), del que los firmantes de este artículo fuimos redactores. Por el contrario, y pese a la amplia experiencia internacional del ministro Manuel Castells, el borrador está realmente dirigido a los de dentro bajo la pretensión, públicamente manifestada, de resolver la precariedad de los falsos profesores asociados. Esta figura se remonta a la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) de Felipe González, que establecía que «la Universidad podrá contratar temporalmente profesores asociados entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen su actividad profesional fuera de la Universidad». Pero tal previsión legal fue enseguida pervertida con la connivencia de universidades, ministerios… y la propia LRU que, contradiciéndose a sí misma, también preveía que los asociados pudieran contratarse a tiempo completo. Ese double-speak legislativo tiene una larga historia de la que no escapa el borrador que criticamos, pues, por ejemplo, ignora que las universidades también tienen contratados a PDIs bajo figuras no menos precarias, pero que son de PAS. Otro ejemplo es la intención de «reafirmar la calidad del sistema universitario a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación» (Aneca), que se presenta como «cuarto pilar» del borrador. Vana pretensión: como mostraba nuestro informe, el problema de la actual selección del PDI es precisamente la opaca e hiperburocrática Aneca. Tampoco el «quinto pilar» del borrador, «asegurar la movilidad tanto interna como internacional del PDI», se traduce en nada.
En el borrador no faltan comentarios interesados y cuestionables. Por ejemplo, afirma que el profesorado joven se vio «obligado a emigrar como consecuencia de la crisis económica y de las limitaciones de la tasa de reposición». Cierto. Pero oculta que también contribuyó a esa pérdida –y no poco– la impenetrable endogamia, palabra que no menciona el borrador. También llama la atención su «segundo pilar», que pretende «garantizar una carrera académica progresiva y predecible, tanto funcionarial como laboral». La palabra clave es «predecible», pues lleva implícita una barrera a los candidatos de fuera dada la filosofía del borrador, escrito para los de dentro: «predecible» no es lo mismo que tenure-track. Sin embargo, como decía nuestro informe, una universidad vale, sobre todo, lo que vale su PDI. Hay que dar la oportunidad a los falsos asociados (y a los PDI contratados como falsos PAS) de salir de la situación en que se encuentran, pero sin cerrar el paso a los de fuera, pues siempre que alguien obtiene una plaza se resuelve una precariedad (y los estudiantes necesitan a los mejores). La solución de un problema no debe generar otro: crear un nuevo tapón que obligue, una vez más, a que profesores valiosos tengan que emigrar. La universidad española tiene una larguísima tradición de obstrucciones periódicas tras situaciones parecidas.
El presente borrador resalta la contratación laboral como «tercer pilar», limitándola al 49% del PDI como preveía la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001) de Aznar, porcentaje que mantuvo la Ley Orgánica modificada de Rodríguez Zapatero (Lomlou, 2007). Ésta creó el actual sistema de acreditaciones para la selección del PDI, controlado por la Aneca, reemplazando las habilitaciones de la LOU que eran públicas. La vía de la contratación también la proponía nuestro informe de 2013 (con diferente procedimiento de selección, claro); el presente borrador permite sospechosamente, además, la contratación de PDI no doctores. Por supuesto, la contratación laboral se viene usando en muchas comunidades autónomas, la mayoría incumpliendo el mínimo del 51% de funcionarios.
Una cuestión que el borrador no resalta es la rendición de cuentas. Nuestro informe preveía un cambio del sistema de gobierno potenciando la autonomía universitaria, con participación de la sociedad y evitando el dominio del actual y omnipresente qué hay de lo mío. Por supuesto, fue muy mal recibido por la corporativista CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). No así por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades, cuya visión de la universidad es homologable internacionalmente. El hecho es que mientras no cambie el actual sistema de gobierno universitario tampoco lo harán las universidades y los ránkings internacionales como el de Shanghái (un espejo donde la CRUE no quiere mirarse) certificarán su retraso. Tampoco entra el proyecto de Castells en la relación universidad-empresa. El «primer pilar» sólo menciona «la capacidad de la universidad de contribuir a la economía del conocimiento y de la innovación…. mediante una relación sinérgica con las empresas» sin indicar cómo facilitar la creación de empresas de base tecnológica. Se pierde así una oportunidad única de fomentar el carácter emprendedor de las universidades que tan buenos resultados ha dado en otras economías de referencia.
Con frecuencia el lenguaje del borrador es pretencioso. Enumera, por ejemplo, derechos del PDI ya reconocidos por la legislación; sólo falta (casi) indicar que las aulas deberán tener bancos y pizarras. En otras ocasiones olvida la historia. El Plan Bolonia español nos alejó de nuestros vecinos europeos y generó un caos absoluto tras imponerse el 4(grado)+1(o 2, máster) en lugar del 3+2 europeo, que también era la estructura de la universidad española ¡desde 1970! Pero nada fue resultado de un Deus ex-machina, sino de la ley de 2007 de Mercedes Cabrera. No es preciso recordar en el borrador a la responsable de aquel desastre, pero tampoco cabe pretender que el bodrio de la versión española del Plan Bolonia apareció ex nihilo. Por cierto, nuestro informe contemplaba que las universidades que quisieran regresar al 3+2 pudieran hacerlo voluntariamente.
Tras estas críticas, queremos reconocer un aspecto positivo del borrador. Propone que las comisiones que juzguen a los acreditados sean de tres miembros, dos de ellos por sorteo y externos a la universidad, aunque sería aún mejor que de los cinco miembros actuales cuatro fueran externos. También se agradece que se haya olvidado el lamentable y fracasado borrador del Estatuto del PDI de 2011, aunque algo parece haber sobrevivido en el actual borrador cuando habla de «planes individuales de dedicación académica». Dada su errónea filosofía general, esos planes individuales generan inquietud, por lo que insistiremos preventivamente en lo esencial de la I de investigador en la sigla PDI. Dicho esto, creemos que la solución de la precariedad no requiere una ley detallada, una LOMLOMLOU como plantea el borrador. Bastaría dotar las plazas necesarias y suficientes garantizando la igualdad de oportunidades de los candidatos, fueran de dentro o de fuera. Dotar esas plazas probaría de verdad que el Ministerio de Universidades desea resolver ese problema; el resto del borrador requiere tiempos más sosegados. Los trágicos que vivimos hoy no están para leyes orgánicas de este calado, que requieren un gran acuerdo nacional sobre Educación, pre y universitaria, las dos. Los grandes partidos deberían obligarse a alcanzarlo.
J.A. de Azcárraga es catedrático (emérito) de la Universidad de Valencia; J.Capmany es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia; Luis Garicano es profesor (en excedencia) del IE y eurodiputado y F.M.Goñi es catedrático de la Universidad del País Vasco.