La reforma laboral se ha convertido en lo que Alfred Hitchcock llamaba un macguffin. Todos hablan de ella sin decirnos en qué consiste. Para la inmensa mayoría de sus predicadores, la reforma laboral tiene, como la yegua del filósofo, todas las cualidades imaginables menos la existencia. Nadie la concreta aunque todos parecen coincidir en considerarla como una necesidad de esas que solemos llamar imperiosa.
Estamos en un debate nominalista de los que sustituyen las ideas por las palabras. Un debate encendido y caluroso en el que unos y otros censuran al único que le ha puesto contenidos, el Gobierno, sin aclarar, naturalmente, qué es lo que falta y qué es lo que sobra. Por eso me parece importante que el decreto ley se vaya a tramitar posteriormente como proyecto de ley. De esta forma, podremos saber si sus reformas laborales, las de aquellos que se limitan a enunciarlas, son algo más que un macguffin.
Pero, además, su tramitación, podría servir para hacer más visible la necesaria conexión entre el marco de relaciones laborales y el cambio del modelo productivo. Se trata de encontrar en la crisis una oportunidad: sanear las cuentas públicas al mismo tiempo que ponemos en marcha todas las reformas de la estrategia de sostenibilidad. Solo en ese contexto ha de entenderse la consolidación fiscal y la reforma laboral.
Tenemos un mercado de trabajo muy sensible al ciclo. Podríamos incluso decir que acusa una preocupante bulimia: se crea mucho empleo cuando la economía crece y se destruye también mucho cuando la economía deja de hacerlo. Esto ya nos pone de manifiesto el primer problema: en España la variable económica del ajuste empresarial es siempre el nivel de ocupación. Es decir, se sigue viendo el coste laboral como uno de los factores determinantes de la competitividad de las empresas.
Debatir sobre qué mercado de trabajo tenemos y cuál queremos tener implica también discutir y analizar la estructura productiva que tenemos y la que queremos tener para ganar competitividad. Dicho de otra forma: a menos que ingenuamente creamos que el derecho es el que gobierna la economía, deberemos empezar por explicar en qué modelo económico queremos incluir la reforma laboral. Si no lo hacemos, reducir el coste del despido, por poner un ejemplo de una medida que puede ser útil para ganar estabilidad, solo se verá como una forma más fácil de que las empresas se sigan ajustando a la evolución del ciclo económico con el tamaño de sus plantillas.
Así que lo primero, en este proceso de cambio de leyes laborales, es determinar el modelo económico al que habrá de aplicarse la nueva legislación. Para decirlo más claramente y ciñéndonos a nuestra realidad: la reforma laboral ha de ser un acompañamiento necesario de la estrategia de sostenibilidad que ha aprobado el Gobierno de España. Y, por consiguiente, ha de ser parte de un compromiso político y social que una las dos cosas: el modelo económico y el modelo de relaciones laborales que mejor se acomode al mismo.
Nuestra economía viene funcionando, desde hace ya muchos años, de prestado. Compramos más de lo que vendemos y esto, además de exigirnos un alto nivel de endeudamiento, nos señala un defecto de competitividad. He aquí el problema que hemos de resolver. Y resolverlo no en el corto sino en el medio y largo plazo; es decir, ganar competitividad no con la ventaja relativa, ya casi irrelevante, de nuestros menores costes laborales, sino profundizando en nuestra capacidad de innovar; de hacernos no más baratos sino mejores.
Algunos llaman a esto el cambio del modelo productivo. El Gobierno lo ha llamado estrategia de sostenibilidad. Nosotros lo llamamos Andalucía sostenible. Se trata, dicho resumidamente, de hacer mejor lo que sabemos hacer y de adelantarnos en la satisfacción de las nuevas necesidades. De hacer de la calidad nuestra estrategia competitiva; de convertir a la educación en la palanca del cambio; de invertir en conocimiento y formación; de hacer del factor trabajo el elemento decisivo no por sus costes sino por sus aportaciones; de buscar la excelencia; de digitalizar el mundo de la empresa; de hacer interminable la carrera por la innovación. Si esto es así, y yo creo que sí, la aguja de marear nos señala un norte de pactos y compromisos.
Para empezar, deberíamos alcanzar un pacto entre todas las Administraciones públicas. Un pacto que reúna en una misma política de oferta a todos los Gobiernos. Dado el actual reparto de competencias, es importante que todos actuemos coordinadamente para ganar competitividad de forma creciente y duradera. Andalucía sostenible solo será posible en la medida en que forme parte de una misma estrategia en el conjunto de España. Las políticas educativas y formativas, las de investigación y desarrollo, las de fomento empresarial, los incentivos económicos, los procedimientos administrativos y todas las políticas que pretenden hacer más sostenible nuestra organización productiva deberían seguir una misma pauta por parte de los distintos Gobiernos. El efecto de aceleración sería enorme. Discutamos el modelo y las medidas, para inmediatamente compartir un mismo camino. Un camino que integraría también la reforma laboral.
El actual sistema de relaciones laborales sigue todavía las pautas de un modelo productivo que está en un proceso de transformación. La coexistencia de lo viejo y lo nuevo hace que las reglas de juego, que pueden ser razonables en algunos casos, se conviertan en un obstáculo para la implantación del nuevo modelo o para mejorar la productividad. Los miles de convenios colectivos que se hacen cada año por encima del ámbito de la empresa vienen a expresar esta rigidez del sistema y, a veces, la fractura de un mercado laboral único que rechaza marcos autónomos o fragmentados.
Hay, pues, que modificarlo. Pero hay que hacerlo impulsando de forma simultánea el cambio en la organización y en la cultura empresarial. Parece haber un acuerdo general en que es necesaria mayor vinculación de los salarios a la productividad. Pero, para que ello pueda ser así, no basta con modificar la estructura de la negociación colectiva (que también); hay que conseguir, además, que las ganancias de productividad no se consigan con mayor jornada y salarios más bajos, sino con la innovación empresarial, la formación de los trabajadores y la aplicación de nuevas tecnologías.
Una estrategia de sostenibilidad compartida ha de llevarnos hacia un modelo en el que las aportaciones empresariales en innovación, en mejora de la calidad, en formación de sus empleados, tengan como contrapartida una mayor disponibilidad de estos, una mayor polivalencia y, en definitiva, también, un mayor nivel de iniciativa.
Ese contrato por una mayor productividad exige un nuevo marco regulatorio de las relaciones laborales en la dirección que ha marcado el Gobierno: más seguridad en las contrataciones, más estabilidad en el empleo y mayor flexibilidad en la prestación laboral. Más seguridad jurídica en el inicio y en la finalización del contrato y, sobre todo, una mayor vinculación de las remuneraciones a la productividad.
La reducción del déficit, la reforma laboral, el desarrollo del Pacto de Tole-do, la estrategia de sostenibilidad son parte de un mismo objetivo que nos compromete a todos. La crisis ha de ser una oportunidad para revisar nuestros problemas estructurales y resolverlos con un impulso compartido. Para asegurar el futuro y para conservar el modelo que ha hecho de la Europa de los últimos sesenta años una historia de éxito.
José Antonio Griñán Martínez, presidente de la Junta de Andalucía.