¿Reformas? Sí, pero con prudencia

En los últimos tiempos se han multiplicado las voces que piden reformas en nuestro marco institucional. Los motivos que lo explican son básicamente tres: la frustración causada por la gestión deficiente de la crisis económica, la indignación ciudadana por los casos de corrupción y el auge del independentismo en Cataluña.

Las reformas deberían servir, supuestamente, para mejorar la calidad de nuestra democracia, acabar con la corrupción y con el dominio omnímodo de los partidos políticos, promover una mayor participación y control de la ciudadanía. Por otro lado, actualizarían y mejorarían el diseño territorial español, ofreciendo a muchos catalanes que pueden caer en la tentación independentista un “proyecto común” más atractivo.

Muchos de los defensores de las reformas hablan directamente de reforma “constitucional”. En su opinión, no bastaría con nuevas leyes y medidas administrativas, sino que deberían revisarse algunos preceptos de nuestra Carta Magna que habrían quedado desactualizados. Como demostración de las virtudes de la reforma constitucional, se utiliza el ejemplo de otras democracias avanzadas que han reformado sus constituciones con mayor frecuencia que la nuestra.

El discurso de las reformas ofrece una confortable posición en el debate ideológico: un moderado término medio entre el “inmovilismo” y la “ruptura”. También tiene una innegable utilidad en términos electorales: permite ofrecer a la ciudadanía un camino intermedio entre un statu quo insatisfactorio y un cambio radical que genera inquietud. No es de extrañar, por tanto, que tenga tanto éxito entre nuestros políticos, intelectuales y comentaristas en general. Ahora bien, más difícil que defender la necesidad de reformas “en abstracto” es concretar cuáles son las que deben realizarse, y demostrar lógicamente cómo acabarían con los problemas que hemos señalado. ¿Qué leyes o exactamente qué artículos de nuestra Constitución se deben cambiar y en qué sentido? ¿Qué ejemplos encontramos en otras geografías o épocas de la eficacia de lo que se propone? ¿Cuál será la coalición política comprometida con la reforma? ¿Cuál será el proceso a seguir, y cómo se sortearán sus previsibles dificultades y obstáculos?

Promover reformas del marco institucional sin tener claros los objetivos que se pretenden y sin reunir los consensos necesarios en torno a los mismos es muy peligroso. Sin esas condiciones básicas, el proceso de reformas corre el riesgo de convertirse en una competición partidista, prolongarse en el tiempo de forma extenuante y producir resultados insatisfactorios que empeoran el equilibrio anterior. La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña nos ofrece un ejemplo sangrante, pero parece que no hemos escarmentado.

Algunos procesos de reforma o de cambio no son más que una cortina de humo o una huida hacia delante de políticos que no saben gestionar el complejo, tedioso y escasamente gratificante día a día de la Administración pública, o que hallan en esa gestión poca cosa para sus ambiciones, y prefieren embarcarse en misiones “históricas”. La ciudadanía, sin embargo, suele tener necesidades más prosaicas y no por ello menos dignas de atención.

Una parte de nuestra clase política está desconectada de la realidad e instalada en una especie de pensamiento mágico. Cree que la solución a los complejos retos económicos y sociales es una frenética actividad legislativa y de “rediseño institucional”. Es cierto que las instituciones ejercen influencia en el comportamiento y un mal o buen diseño de las mismas acaba por trasladarse a la sociedad. Pero también es verdad que nuestros políticos y nuestras instituciones son reflejo de esa sociedad. Defender que con una reforma legal o constitucional nuestros problemas económicos y sociales van a desaparecer es absurdo. Conviene recordar aquí la afirmación de Tácito: “Muchas son las leyes en un Estado corrompido”.

Volviendo a Cataluña, parece probable que un conjunto de reformas que consolidaran y ampliaran el autogobierno alejaría a una parte de la sociedad de la tentación independentista. Pero si el nacionalismo sigue conservando su poder y su dominio de la educación y de la comunicación social, ¿en qué medida disminuiría realmente el problema, y cuánto tardaría en reaparecer con toda su fuerza? Si algunas fuerzas políticas catalanas siguen defendiendo el equívoco derecho a decidir, ¿qué compromiso y qué responsabilidad cabe esperar de las mismas? En definitiva, ¿servirían para algo las reformas en el medio y largo plazo?

Por otro lado, para una reforma de nuestro modelo territorial es imprescindible llevar a cabo un proceso de negociación delicado, teniendo en cuenta a múltiples actores e intereses, y asumiendo riesgos políticos. ¿Se dan actualmente las circunstancias para un proceso de ese tipo? ¿Cuenta el Gobierno con interlocutores fiables, predecibles y leales para iniciarlo? Está bien que se abra un debate social sobre la necesidad de reformas, que se lancen propuestas e ideas, y que estas se vayan madurando. Pero ningún gobernante sensato iniciaría un proceso de reformas de ese calado sin contar con una elevada probabilidad de éxito.

Juan Arza es consultor de empresas.

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