Reformas: sólo valen los hechos, no las palabras

A veces hay que hablar bien de Europa, y esta es una gran ocasión: la UE acertó, sin duda, con su apuesta sin precedentes por la recuperación económica tras la pandemia. Para España, 140.000 millones de euros representan una oportunidad histórica, la de incorporarse a una ola de renovación y transformación impulsada desde Bruselas y en la que tuve el honor de participar como negociador del Parlamento europeo. Una ocasión extraordinaria para mirar al futuro y apostar por una economía, una sociedad y unas administraciones públicas con la vista puesta en la transición verde, la innovación y la digitalización.

El plan que se enviará a Bruselas tiene elementos muy positivos, dado que responde a los objetivos marcados por la UE. Pero también plantea motivos para la preocupación, porque está cargado de retórica y hace trampas sobre las reformas que Europa nos pide.

Reformas: sólo valen los hechos, no las palabras«El plan económico más ambicioso de nuestro país»; «la mayor oportunidad económica de España tras su ingreso en la Unión Europea». Así lo ha definido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un documento que publicaba a las ocho de la tarde del día anterior a su presentación en el Congreso: un plan ideado en La Moncloa sin contar con las Comunidades Autónomas, la sociedad civil, los sindicatos ni las pequeñas y medianas empresas.

Desde luego, un plan sin luz ni taquígrafos, como he podido constatar personalmente en numerosas reuniones mantenidas en los últimos meses con asociaciones, emprendedores y administraciones regionales de diverso signo político. Esta falta de transparencia beneficiará a quienes sí han tenido acceso, a los que han podido influir en la elección de las prioridades. Es un plan que el Gobierno dice haber trabajado con todos, pero que resulta ser un traje a medida de unos pocos.

Claro ejemplo de ello es la creación de un consorcio público (PERTE) con Volkswagen e Iberdrola, adjudicado con nombres y apellidos a través de una columna de opinión firmada por el propio presidente del Gobierno, sin siquiera respetar el procedimiento establecido mediante Real Decreto-ley: ni convocatoria pública, ni registro para las empresas interesadas. Sin darle la oportunidad a PSA-Citroën en Vigo, Renault en Valladolid o Ford en Valencia de competir y presentar sus propuestas para baterías y coches eléctricos.

Es lógico que nos preocupe cómo se va a asignar este dinero que llega desde Europa. Según el presidente, hay amplias garantías, procedimientos reglados que respetan la libre concurrencia y que involucran a los diferentes actores. A la hora de la verdad, me temo que tales controles sean papel mojado; capitalismo de amiguetes.

El Real Decreto-ley que regula la gobernanza de lo que algunos erróneamente denominan el maná europeo para España, fuertemente contestado, y convalidado solo gracias a la abstención de Vox, es definido como una reforma estructural en sí mismo. Su título sugiere que tiene como misión modernizar la administración pública, mejorar la gestión y ejecución de los fondos europeos. Cierto es que agiliza la gestión de los fondos, pero lo hace, sin ningún disimulo, a expensas de eliminar controles contra el fraude y la corrupción. El dictamen del Consejo de Estado es muy revelador: «Lo que no parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos».

Las inversiones que propone el plan tampoco pueden estar exentas de crítica. Por ejemplo, se habla de una inversión de 3.500 millones de euros en el Plan nacional de competencias digitales. Es una buena noticia, pero es un dinero que se repartirá a través de múltiples programas, dispersando el esfuerzo y perdiendo de esta manera efectividad. Compárense con los 5.800 millones de euros –uno de cada 10 euros del plan europeo– que se destinarán a renovar edificios (una reforma medioambiental con dudoso coste-beneficio climático), y que, cuando se acaben, nos volverán a dejar varios cientos de miles de trabajadores estancados, sin preparación para la economía del futuro. He aquí la real ambición transformadora del plan: entre ladrillo y futuro, siempre ladrillo.

Preocupa, además, la falta de detalles sobre reformas imprescindibles como las del mercado laboral y la de las pensiones. Ambas forman parte de las recomendaciones específicas que nos envió Bruselas en 2019 y que son condición esencial para que la Comisión y, después, los Estados miembros, puedan aprobar el desembolso de los 140.000 millones de euros para España.

El Gobierno ha tenido casi un año para consensuar el diseño y las prioridades de un plan que presenta como un nuevo modelo de país. Sin embargo, eso no le impide afirmar que está pendiente del Pacto de Toledo y del diálogo social para no pactar ya el paquete de reformas que exige Bruselas. Se escuda en su propia inacción para pedirle más tiempo a la Comisión y comprometerse meramente a llevar a cabo estas reformas, sin fechas ni calendarios vinculantes. Triste excusa, la del necesario diálogo social, para congelar estas dos reformas, que alimenta la sospecha de que el Gobierno intenta salirse con la suya, en este y en otros capítulos, y confiar en que la Comisión trague después con su política de hechos consumados.

No son las únicas reformas que el Gobierno aparca o diluye. Los detalles de la reforma del marco institucional sobre la administración de las finanzas públicas son más bien escasos y, los que conocemos, desalentadores.

La Comisión indicaba en su informe de España para 2020 que era un ámbito que debía fortalecerse. El plan del Gobierno, lejos de hacerlo, otorga a tal fin exactamente cero euros. Ni para sus anunciadas medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ni para la mejora de la eficiencia del gasto público. A pesar de que, como asegura el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) con datos de las cuentas anuales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 2018, por cada euro invertido en el organismo se recaudaron 10,64 euros en la lucha contra el fraude.

Otro problema sobre el que nos llama la atención Bruselas es el de la falta de avance en la aplicación de la ley de unidad de mercado, que serviría para promover la libre competencia y disminuir la fragmentación del mercado interior. Del documento no se desprende novedad alguna; solo vagas referencias a problemas sobradamente conocidos, como la liberalización de los horarios de apertura o la armonización y consiguiente reducción de una inabarcable legislación regional y sectorial, que no hace más que dificultar que los emprendedores puedan desarrollar su actividad.

Resolver estas deficiencias aumentaría las probabilidades de que este plan sea aprobado y, lo que es más importante, de que tenga éxito. Quedan todavía intensos meses de negociación, tanto con la Comisión Europea como con los Estados miembros. La expectación es máxima. Si los gobiernos, y los parlamentos, de Alemania, Holanda y los países frugales han aprobado esta medida tan excepcional es para que el dinero se use responsablemente. Las demenciales ayudas a Plus Ultra, bien conocidas por los lectores de este periódico gracias al gran trabajo de Carlos Segovia, son un mal precedente. Ni la complacencia sin base real ni el desprecio hacia las manos tendidas son opciones que nos podemos permitir.

Esta oportunidad será histórica solo si se aprovecha bien; en caso contrario, sería imperdonable.

Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *