Durante los últimos años, las enormes inconsistencias de la reforma del sistema de pensiones abordada en 2013 han reorientado el debate sobre el futuro del modelo español de pensiones públicas hacia las vías de transformación abiertas en la reforma llevada a cabo dos años antes, en 2011. Las inconsistencias de la estrategia de 2013 no solo descansaban en la forma en que se adoptó, sin apelación alguna al diálogo político y social, o en las dificultades políticas a la hora de sostener en el tiempo una política de pensiones que, de una u otra forma, se apoyaba en la congelación de facto de su cuantía al margen de la evolución de los precios, sino en sus propios contenidos de fondo.
Al centrar la reforma de 2013 en la congelación de facto de la cuantía o incluso en su reducción, al aplicarse una versión muy restrictiva y unívoca del factor de sostenibilidad (que hacía descansar sobre la cuantía de la pensión futura, reduciéndola, todo incremento registrado en la esperanza de vida en el momento de la jubilación) se consolidaba una estrategia tendente a rebajar el gasto a plazo del sistema a base de reducir la cuantía media de la pensión percibida. Al propiciar un ajuste semejante la pregunta a responder no residía solo en las razones por las que España, a diferencia de la mayoría de las principales economías europeas, no podía garantizar una actualización razonable de la cuantía de sus pensiones, sino, sobre todo, para qué queremos un sistema de pensiones que congele la cuantía inicial de la pensión durante todo el resto de la vida de los jubilados, los actuales y los futuros. Unos jubilados que vivirán en media más de 20 años tras haber alcanzado la edad de retiro y que se encontrarían con que su pensión podría verse reducida su capacidad de compra en alrededor del 40% durante la última etapa de su vida.
Son tales razones las que ha hecho posible volver a reencontrar, en un espacio de consenso, el camino emprendido en la reforma de 2011. Retomar aquella estrategia es, en lo esencial, continuar con las políticas que la sustentaron entonces: diálogo social y político; actualización periódica de la cuantía de acuerdo con la evolución de los precios; alargamiento progresivo del periodo de cómputo hasta alcanzar en un plazo razonable el conjunto de la vida laboral; diseño de un factor de sostenibilidad más complejo que el que se realizó en 2013 (que se limitaba a reducir la pensión a medida que crece la esperanza de vida), nuevas medidas de estímulo a la prolongación de la edad de jubilación y, junto a ello, poner en pie una estrategia financiera a medio plazo que establezca las condiciones para una asunción progresiva del nivel actual de déficit (en buena medida no directamente vinculado a las prestaciones contributivas del sistema) por parte de los ingresos del Estado, para evitar que el nivel actual de las cotizaciones sociales no tenga que crecer adicionalmente. Por supuesto, ello podría ser compatible con una operación de intercambio de cotizaciones entre protección de los desempleados y pensiones que permitiera aumentar la cotización por contingencias comunes (la que financia las pensiones contributivas) y reducir el nivel de la cotización por desempleo (que antes de la actual crisis presentaba un escenario de superávit a plazo). Se trata de reformas de calado, no cabe ninguna duda, pero creo que diseñadas con inteligencia y explicadas con convicción pueden reunir, a diferencia de lo sucedido en 2013, un amplio grado de respaldo social.
Valeriano Gómez es economista y exministro de Trabajo.