Refrendos y responsabilidad

Escribió Apiano, un coetáneo de Trajano, que «la imprudencia precede a la calamidad». Ningún epitafio político mejor para David Cameron, el nefasto ex premier que por dos veces ha probado los riesgos inherentes a la llamada «democracia directa». No atravesamos en Occidente tiempos de esplendor como los que alumbró la dinastía antonina, partera, a juicio de Gibbon, de «la época más feliz de la historia de la humanidad». Es más, la irresponsable convocatoria de referendos por parte de líderes democráticos expresa la ausencia de auténticos estadistas. Estos últimos trasladan a los ciudadanos, en un envite a todo o nada, lo que corresponde resolver madura y reposadamente en el seno de los partidos políticos, cuyo programa irrenunciable se decanta con pausa en los parlamentos que se arrogan legítimamente la soberanía.

Ejemplos hay en el referéndum griego de julio de 2015 convocado por Tsipras o en el que Hungría celebrará este otoño al respecto de la política inmigratoria comunitaria. Sin embargo, los casos más obscenos corresponden al ex primer ministro británico. Choca que un país que enfiló la senda del liberalismo desde la Carta Magna de 1215 se permitiera el lujo de decidir a cara o cruz la permanencia de Escocia (con la exigua participación del 62 por ciento del censo) y luego con pertinaz incompetencia reabra la herida con las consecuencias de un Brexit imprevisto.

Mucho se ha debatido sobre los peligros de la democracia directa que, arrancando en la rousseauniana «voluntad general», ha justificado el poco practicable asambleísmo o el repudiable «centralismo democrático» de la ideología marxista-leninista. El referéndum es una técnica de democracia semidirecta que debe ser siempre complementaria de la democracia representativa. Su uso responsable ha de administrarse con el cuidado que se aplica en la manipulación de los venenos o en la elaboración y conservación de las porcelanas.

Solo de pasada se ha tratado la inclinación de las dictaduras hacia este tipo de consultas populares. Napoleón apreció las fórmulas cesaristas que le allanaban un fácil amaño de los resultados. Y precisamente este año se cumplirá medio siglo del último de los plebicistos convocados por el general Franco: el de la Ley Orgánica del Estado (LOE). Una ley fundamental del régimen había merecido previamente su controvertida ratificación en las urnas. La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) proclamaba a España un «Estado católico, social y representativo (sic) que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Suponía en realidad un aval a la magistratura vitalicia de Franco y la atribución a este de la facultad de designar un «sucesor a título de Rey» entre los varones católicos «de estirpe regia».

En pleno aislamiento internacional el franquismo convocó un referéndum para revalidar la ley. Lo hizo cuidadosamente. Encargó un sondeo previo al aparato del Movimiento, que dilucidó que solo dos provincias eran notoriamente antifranquistas (Guipúzcoa y Vizcaya), mientras que otras seis se revelaban «dudosas». El 95 por ciento del electorado votó sí. Pese a la intensa propaganda a favor del voto afirmativo (con la consiguiente prohibición de la contraria) y la manipulación electoral, no cabe duda de que por entonces la dictadura contaba con un amplio respaldo popular. De hecho, y aunque exigua, probablemente la oposición más significativa fuera la del juanismo, reacio a esa singular «monarquía electiva».

Dos décadas después el crecimiento socio-económico sonreía a España y un septuagenario Franco se disponía a dejar su legado «atado y bien atado». En ese momento la Ley Orgánica del Estado (LOE) implicaba una regulación orgánica del conjunto de las instituciones franquistas, así como la incrustación de la monarquía en «una dictadura constituyente y de desarrollo» (Fernández Carvajal). La nueva cita con las urnas se produjo un miércoles, el 14 de diciembre de 1966, para fomentar la participación, que era lo que preocupaba a las autoridades. Con las restricciones habituales, el ministro Fraga se empeñó en identificar la LOE con su promotor («Votar sí es votar Franco»), que intervino en televisión para solicitar el sufragio positivo. Aunque un resultado imprevisto tampoco hubiera sido muy lesivo (decir «no» a la LOE habría dejado todo como estaba), solo un 14 por ciento del censo se manifestó en contra de la ley fundamental, y ello si añadimos la abstención a los votos negativos (apenas un 5 por ciento). Un exultante Jefe del Estado (es un decir, tratándose del militar africanista) adelantaría su habitual mensaje de Año Nuevo a la Nochebuena para dar las gracias a los electores.

Una década después, y ya desaparecido Franco, Juan Carlos I sometía a referéndum la Ley para la Reforma Política que abría la puerta de la democracia. Ese 14 de diciembre de 1976 los españoles ratificaron mayoritariamente el texto. Los procuradores franquistas lo habían debatido y aprobado en Cortes protagonizando una de las páginas más limpias y honorables de nuestra historia contemporánea. En este caso sí se utilizó de forma juiciosa y con un objetivo irrebatible el referéndum: la devolución de la soberanía al pueblo español, su titular legítimo incontestable.

Álvaro de Diego González, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

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