Regeneración democrática

Si se visita la maravillosa ciudad que es Siena se tiene la oportunidad de contemplar en el Palacio Comunal los frescos realizados por los hermanos Lorenzetti, Pietro y Ambroglio, entre 1338 y 1340 con el título «La Alegoría del Buen y el Mal Gobierno», en tres de los muros del denominado Salón de los Nueve. Era el lugar de reuniones del Consejo de Gobierno de la ciudad, lo que sirvió de inspiración para las alegorías. Quedó así plasmado un amplio programa político-moral a modo de metáfora, que pretendía también ser el ideario de los güelfos. Como ejemplos beneficiosos del buen gobierno se ven ilustrados en la pintura mural la seguridad (con los caballeros o nobles paseando tranquilamente por la ciudad sin ningún temor), la abundancia (con los carros cargados de mercancías que recorren las calles), y la alegría, vinculada a la idea de comunidad (expresada en el círculo de caras sonrientes que se dan unos a otros las manos).

Qué duda cabe que los casos de corrupción política en los últimos años en nuestro país han sido, junto a la dureza de la crisis económica y sus consecuencias, uno de los orígenes del pesimismo y la desafección frente a la política, y en definitiva frente a la posibilidad de experimentar juntamente la idea de una ciudadanía compartida, de un interés general o bien común, en definitiva, de sentir España como patria de todos los españoles.

La lucha contra la corrupción y la regeneración democrática poseen desde esta perspectiva no solo un marcado cariz de ejemplaridad pública y de castigo de los culpables por la perentoriedad de preservar principios tan esenciales del Estado de Derecho como la igualdad ante la ley y la proscripción de la ilegalidad. La seguridad jurídica y la limpieza ética en la actividad de gobernantes y administradores públicos es condición sine qua non de la eficacia, la prosperidad y el buen gobierno. Pero además las buenas prácticas y la eliminación de la corrupción son el fundamento de la confianza y la base para establecer objetivos compartidos, para establecer estrategias como país; la recuperación de la confianza a través de la regeneración democrática es en definitiva también un factor clave de la recuperación económica y social.

En los últimos años los organismos internacionales especializados en estas cuestiones, tales como Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), Naciones Unidas (en el marco del Convenio internacional contra la Corrupción), la propia Comisión Europea (en su Informe de lucha contra la corrupción en la UE de 2014), la Comisión de Venecia, o la OCDE, han señalado muy positivamente el conjunto de medidas legislativas que el Gobierno español ha puesto en marcha en esta legislatura: control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, regulación del alto cargo público en la Administración General del Estado, ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, disposiciones sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos y nuevas formas de sanciones penales para la ocultación y falsificación de las cuentas públicas, reforzamiento de los mecanismos de control del Tribunal de Cuentas, etc.

En particular, Greco ha subrayado los grandes avances logrados en relación con los partidos políticos, destacando la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a los partidos y la prohibición de la condonación por los bancos de sus deudas, el agravamiento de las sanciones, así como el reforzamiento del control del Parlamento y el Tribunal de Cuentas sobre los tesoreros o responsables de las cuentas. Se ha señalado también, entre otros, los avances logrados en la promoción de la transparencia y las buenas prácticas en la contratación pública a escala local.

Los partidos políticos de los países de nuestro entorno han puesto de manifiesto en diversas ocasiones su capacidad de regeneración. En las últimas décadas, en diferentes países de Europa –Alemania, Francia, Gran Bretaña– y en Estados Unidos se produjeron escándalos por actos delictivos e irregularidades. La reacción, como en España, fue proceder decididamente contra los culpables, ponerlos a disposición de la justicia e introducir las medidas necesarias de control, legislativas y anticipatorias para que esas conductas no pudieran volver a ser posibles. Como avalan las organizaciones internacionales citadas, nuestro país cuenta hoy con un sistema anticorrupción muy estricto, que nos sitúa en cabeza a nivel global. Es posible por tanto pensar en una reducción muy sustantiva de la corrupción en España, teniendo en cuenta que los casos conocidos –y que, con razón, escandalizan a los ciudadanos– se refieren, sobre todo, a la etapa de bonanza económica y sus efectos especulativos.

Sin embargo, es obvio que las múltiples medidas adoptadas no serán plenamente eficaces si no van acompañadas de la propagación e implantación de una cultura delaintegridad en la vida pública –y en las entidades privadas en sus relaciones con la Administración–. En este sentido, el Consejo de Europa ha señalado la necesidad de introducir códigos éticos obligatorios para los cargos electos a nivel central, regional o local, que lleven aparejadas sanciones por las infracciones a la integridad; o asimismo el reforzamiento de las competencias, herramientas e independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Como futuros pasos a dar, es esencial la implantación de todas estas medidas de forma eficaz y su extensión al ámbito regional y local. Por lo que hace referencia a dos núcleos particularmente resistentes, el urbanismo y la contratación pública, se señala en particular la necesidad de realizar evaluaciones independientes de los grandes contratos y de las decisiones de planificación urbana concluidos durante un período de referencia reciente a escala regional y local, con el fin de identificar los factores de riesgo de corrupción, y aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas central y otros organismos similares a nivel regional y local para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos en diferentes niveles.

Erradicar la lacra de la corrupción en España es posible. Hacen falta medidas eficaces, que ya se han puesto en marcha, continuar aplicando las recomendaciones y buenas prácticas de los organismos independientes, y la voluntad decidida de implantar una cultura de la integridad pública y privada. Avances muy significativos en este sentido se han dado en esta legislatura, a pesar de la pervivencia de casos escandalosos en la opinión pública, que no deberían sin embargo hacernos perder de vista los logros alcanzados.

José María Beneyto, catedrático de Derecho y diputado del PP.

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