Dice el diccionario de la Real Academia Española que regenerar es "dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo". Estos son, precisamente, los objetivos del Plan de Regeneración Democrática que acaba de poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid que yo presido: eliminar privilegios, recuperar la ética de la política y hacer que los cargos públicos tengamos que estar necesariamente al servicio de los ciudadanos, y no al revés. La política del siglo XXI, no puede ni debe desenvolverse con unas reglas del juego propias del siglo XX.
Los políticos no somos los aristócratas de la democracia, ni siquiera unos 'primus inter pares' que pueden usar y abusar de un ordenamiento jurídico hecho a nuestra medida. Somos, sencillamente, unos ciudadanos más, con vocación de servicio público, que hemos sido elegidos para gestionar con eficacia. No podemos tener tribunales especiales, gobernar sin límite de tiempo, estar pluriempleados, no ser elegidos directamente por los ciudadanos, ni llenar los parlamentos con un número desproporcionado de diputados.
El sistema democrático es un cuerpo vivo, un proceso en constante cambio, cuya pervivencia depende de su capacidad de renovarse para dar respuesta a las demandas sociales, pero también a la necesidad de hacer frente a sus propias deficiencias y contradicciones. Si la democracia no demuestra su inequívoca voluntad de regenerarse, de "restablecer" sus valores, y de "mejorar" su funcionamiento, utilizando las expresiones de la Real Academia Española, se situará al borde de la muerte como sistema para ordenar la convivencia. En este proceso, debemos estar todos cuantos creemos que la democracia es la mejor de las formas de gobierno posibles. Todos cuantos estamos firmemente convencidos de que el regeneracionismo, como instrumento para revitalizar el sistema democrático, no es exclusivo ni puede ser excluyente. Tiene que ser transversal.
El análisis histórico, y la realidad cotidiana, nos demuestran que ante la democracia existen dos posturas: la de quienes la consideran un fin en sí misma, y el mejor de los sistemas para vivir y convivir en libertad, y la de quienes ven en ella una puerta abierta y un mero instrumento para acceder a las instituciones y debilitar al propio sistema desde el interior.
La democracia es un concepto abstracto, un nombre al que se le ponen demasiados apellidos, para ocultar realidades lacerantes: democracia orgánica, democracia popular, democracia bolivariana... E incluso en la denominación de determinados países, se subraya el concepto para ocultar la inexistencia de una democracia real. Ahí están como ejemplo la ya desaparecida República 'Democrática' Alemana, o la actual República 'Democrática' Popular de Corea. Se dicen democracias. Se llaman a sí mismos demócratas. Pero no lo son.
Resulta imprescindible, por ello, fortalecer la verdadera democracia, y su compromiso con valores irrenunciables plasmados en nuestra Constitución, como la libertad, la justicia, la igualdad, o el pluralismo político.
Pero hay que ir aún más allá, preservando también los principios que deben regir el comportamiento de cuantos desempeñan un cargo público y las reglas de funcionamiento de las instituciones. No caben, en ninguno de estos ámbitos, ni el privilegio, ni la perpetuación en los cargos, ni la falta de controles, ni la impunidad. Escenarios, todos ellos, propicios a la existencia de casos de corrupción. No debemos olvidar que la democracia es respetable y es respetada en función de la credibilidad de sus instituciones y de sus representantes. Esa es su verdadera fortaleza y su garantía de pervivencia frente a quienes, con un discurso demagógico, se sirven de la democracia para magnificar sus contradicciones, y cuestionar el sistema en su conjunto.
Cuantos creemos en la democracia en estado puro, sin más adjetivos, debemos, por ello, asumir el compromiso de prescindir de todos aquellos elementos que la distorsionan, que crean injustificados agravios comparativos, y que establecen discriminaciones incompatibles con una sociedad avanzada. Y debemos hacerlo desde todas las instituciones, a todos los niveles, porque los ciudadanos no pueden comprender que sus representantes sean de mejor condición que ellos mismos, cuyos votos les han elegido para desempeñar un cargo público.
Así lo entendemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, precisamente por ello, hemos puesto en marcha el Plan de Regeneración Democrática, que convierte en realidad los compromisos asumidos en nuestro programa electoral y constituye un eje vertebrador de toda nuestra acción de gobierno.
La voluntad política se plasma en nueve compromisos concretos, de los cuáles cinco tienen el propósito de eliminar buena parte de los privilegios de los que disfrutamos los políticos, por el mero hecho de serlo.
Para ello, en nuestro Plan suprimimos el aforamiento de todos los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, incluido su Presidente; limitamos el mandato del presidente y de los consejeros a un máximo de dos legislaturas; hacemos incompatible la condición de diputado con la de alcalde o concejal, así como la de viceconsejero autonómico con la de diputado, y reducimos al máximo los supuestos en los que los diputados pueden tener una dedicación no exclusiva. El Plan de Regeneración Democrática incluye, además, tres medidas para mejorar la calidad democrática de las instituciones, haciéndolas más representativas y proporcionales respecto a su ámbito territorial. Con este objetivo, establecemos un sistema electoral de listas abiertas, modificamos la circunscripción electoral de la provincia y reducimos el número de diputados. Incluimos en nuestro Plan, además, una medida especialmente orientada a incrementar la transparencia y a prevenir casos de corrupción. Para ello, los gastos de representación de los altos cargos de la Comunidad de Madrid se concretarán en la ley anual de Presupuestos.
Impulsar este complejo proceso, cuyo desarrollo requiere de mayorías cualificadas y voluntad de diálogo y consenso, constituye una exigencia de regeneración ética, si realmente queremos que no se profundice en el abismo que hoy en día separa a los políticos de los ciudadanos que les han elegido. Somos conscientes de ello en la Comunidad de Madrid, y por eso pondremos fin a los privilegios judiciales conocidos como aforamientos, que establecen una injustificable división entre ciudadanos de primera, con acceso a un juez especial, y ciudadanos de segunda, el resto de los mortales, sujetos al juez predeterminado por la ley. Por inconcebible, agraviante y discriminatorio.
Tampoco queremos políticos pluriempleados, que sean consejeros por la mañana, diputados por la tarde, y alcaldes o concejales en sus ratos libres. Por ineficaz, poco transparente y generador de conflictos de intereses. Rechazamos, también, la consideración del desempeño de cargos públicos como una profesión sin límite de tiempo y la falta de control presupuestario de los gastos de representación. Por impedir la renovación de estructuras de gobierno y generar escenarios de corrupción. Apostamos, al mismo tiempo, por que el número de diputados sean los adecuados a la población y necesidades de la Comunidad, y no más; que las circunscripciones sean más pequeñas y los ciudadanos puedan votar directamente a sus diputados por sus nombres, sus apellidos, su trabajo y sus propuestas, y no solo a las siglas abstractas de un partido. Por coherencia, por representatividad y por calidad democrática.
Termino por donde empecé: el regeneracionismo, entendido como la recuperación de los valores éticos y estéticos que identifican y fortalecen la democracia, debe tener un carácter transversal y extenderse a todas las instituciones y a todos los partidos.
En este sentido, durante la Junta Directiva del Partido Popular, celebrada el 22 de enero, pedí formalmente que la elección de los candidatos a presidente regional del PP, de la Comunidad de Madrid, y también los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, se elijan directamente por los afiliados, mediante primarias.
Sería bueno, en todo caso, que algunos de los partidos y de los representantes parlamentarios presentes en el Parlamento tras las últimas elecciones generales, más allá de las clases magistrales que pretenden darnos sobre casi todas las cosas, pretendiendo exhibir una inexistente superioridad moral, hicieran suyo también el espíritu regenerador.
Porque poco ayuda a recuperar la confianza en las instituciones, y pocos ciudadanos pueden entender, el espectáculo del mercadeo de diputados del PSOE por horas o por días para crear grupos imposibles, o la pretensión de Podemos y sus compañeros de viaje de hacer en pleno siglo XXI el milagro de los grupos y los peces, con inconfesables intereses económicos de fondo.
La vitalidad de la democracia exige regeneración. Pero, como estamos viendo, no solo de los partidos de dilatada trayectoria, sino también de los nuevos, que están saltándose la barrera de la ética desde el minuto cero de la legislatura.
Y es una necesidad inexcusable. Porque, o nos regeneramos todos, o entre todos causaremos un daño irreversible a la credibilidad de nuestra democracia.
Cristina Cifuentes es Presidenta de la Comunidad de Madrid.