Regreso al pacto

La diatriba sobre las balanzas fiscales y la situación en que se encuentra cada comunidad ha surgido, aparentemente, por la próxima publicación de las cuentas “territorializadas” por parte del Ministerio de Hacienda y por el compromiso de Rajoy de proceder a la reforma del sistema de financiación autonómica este mismo año. Pero no sería aventurado suponer que también representa una reacción tras dos años en los que el gasto autonómico fue señalado por Bruselas y por Madrid como causa fundamental del déficit que presentaba el Reino de España, induciendo un sentimiento de culpa que enmudeció a muchos gobiernos regionales y que incluso les llevó a sugerir la devolución de competencias a la Administración central.

Tampoco es casual que la reacción tenga lugar a un año vista de las próximas elecciones autonómicas y locales, y cuando en algunas comunidades del Partido Popular no están claros los candidatos. Pero el cruce de agravios y de balances de conveniencia está teniendo sus efectos. El primero es que la proliferación de cálculos y conclusiones “de parte” favorece la consagración de una metodología cuando menos parcial y discutible –en tanto que no contempla el flujo financiero– sobre la que Montoro ofrecerá el mes que viene sus conclusiones. En segundo lugar, la discusión en torno a la suficiencia o insuficiencia autonómica permite que los gastos de la Administración central se zafen del debate. En tercer lugar el cruce de agravios invita al soberanismo independentista a ratificarse en su propósito de no dejarse enredar por el “debate español”.

Efectivamente, el ruido generalizado contribuye a diluir toda aspiración de singularidad en un magma en el que los poderes centrales del Estado se sienten a sus anchas. La propuesta del “pacto fiscal” quedó condenada al olvido tras la cita que Artur Mas y Mariano Rajoy mantuvieron en la Moncloa en septiembre de 2012. El Gobierno del PP se quitó de encima el envite que el president Pujol no se atrevió nunca a plantear, y el soberanismo independentista se sintió liberado para desbordar el marco constitucional y estatutario. El Estado constitucional ni siquiera se vio emplazado a afrontar la disyuntiva entre el pacto fiscal y la consulta. Esta última ocupó el escenario, como si el derecho a decidir en clave soberanista fuese una aspiración más legítima –más auténtica– que la vindicación del sistema de concierto y cupo para Catalunya. Como si el estigma del “catalán interesado”, que se mueve siempre por razones económicas, y que finalmente habría descubierto que España es un lastre para su prosperidad hubiese hecho efecto. Como si, de pronto, fuese urgente desmentir semejante infundio volcándose en la desprendida aventura de alcanzar la libertad.

Una vez llegados tan lejos en la formulación de la meta final no hay siquiera posibilidad de atender al hecho objetivo: que todo sigue en el mismo sitio. Y que si el sistema de financiación autonómica es reformado será el modelo que rija sobre las finanzas de Catalunya mientras su vínculo con el Estado constitucional –el de ser una comunidad de régimen común– no varíe jurídicamente. Parece evidente que un clima de generalización de los agravios fiscales dificulta que, en la tramitación ordinaria del cambio en el sistema de financiación, la Generalitat o las formaciones catalanas con representación en las Cortes puedan recuperar la demanda de un “pacto fiscal”. Pero a pesar de ello el Govern de Mas no debería desdeñar la oportunidad que el momento le brinda para reclamarlo, aunque el regreso al pacto despertase la inquietud de los sectores más entusiastas del soberanismo, de los que hace ya tiempo dejaron atrás cualquier hipótesis de acuerdo con Madrid.

El pragmatismo propio de la política catalana ha variado de signo en los últimos dos años, de modo que se ha acabado considerando más realista aspirar a una Catalunya independiente que abogar por otra sujeta a un “pacto fiscal” con el resto de España. Es cierto que un eventual regreso a este segundo objetivo podría leerse como una simulación de última hora para seguir argumentando que Catalunya no puede labrarse otro futuro que el de su desenganche del Estado constitucional. Aunque sería peor que la Generalitat diese la razón a los recelosos. Porque la única manera de regresar al “pacto fiscal” sería hacerlo en serio, aceptando con naturalidad que otras comunidades demanden lo mismo y planteando abiertamente la necesidad de revisar los mecanismos de solidaridad que debieran incrementarse a la hora de calcular el cupo, también en Euskadi y Navarra. Catalunya no arrostraría más peligros volviendo a la reclamación del “pacto fiscal” que los que corre quedándose en tierra de nadie, entre el ruido de los agravios y una consulta hoy inviable.

Kepa Aulestia

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