Por Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 24/01/06):
Las negociaciones entre el PSOE y el cuatripartito han convertido lo que a todas luces era un proyecto de nuevo Estatut para Catalunya en una reforma del vigente. La enorme distancia que separaba el texto aprobado por el Parlament de las posiciones más críticas del socialismo español se ha visto recortada, alcanzándose un punto intermedio que acomoda al PSOE: puede defender su constitucionalidad y puede brindarlo a las demás autonomías. Lo que parecía una oferta inaceptable para el nacionalismo catalán se ha convertido en un gran salto adelante simplemente porque así lo ha dictaminado, al final, CiU. No es la primera vez que se pasa de una situación dramática a otra eufórica sin razones ni para lo uno ni, probablemente, para lo otro. Pero esta forma de proceder no es la mejor para que la sociedad -en este caso la catalana- valore lo que los dirigentes políticos se traen entre manos. La sensación de que al final lo de menos era el Estatut y lo más importante la capitalización de lo acontecido ha sido tan manifiesta que difícilmente el texto que salga del Congreso de los Diputados va a alcanzar el refrendo ciudadano que logró el de 1979. El entendimiento asegura la estabilidad gubernamental para lo que queda de legislatura tanto en las Cortes como en el Parlament. Sin embargo, resulta más que dudoso que el acuerdo global alcanzado dote a la autonomía catalana de una estabilidad que dure otros veinticinco años. La gran sorpresa de la política catalana dos años después del pacto del Tinell es que, a pesar de los vaticinios, CiU no se ha desmoronado ni se ha convertido al soberanismo radical al quedarse fuera del Gobierno de la Generalitat. El protagonismo de Mas al pactar con Rodríguez Zapatero el voto favorable al Estatut el pasado septiembre y el contenido fundamental de la reforma estatutaria el pasado fin de semana viene a recordar que lidera la primera fuerza de la Cámara catalana. Pero lo que resulta significativo es su regreso al mensaje pendular característico de la etapa Pujol, en la que la obtención de determinados objetivos en materia autonómica o de financiación era saludada como histórica para, poco después, demandar nuevas cotas con tono agraviado. Lo inaudito del caso es que un partido en la oposición llegue a aparecer como si en realidad estuviera en el Gobierno. Es lógico que los socios del tripartito traten de convencerse de que se trata de una concesión oportuna o inevitable. Pero el papel representado por CiU tiene más hondo calado. Por de pronto, la disputa entre convergentes y republicanos por la hegemonía en el seno del nacionalismo catalán ha cambiado de aspecto. Durante las últimas semanas ERC había ofrecido su imagen más posibilista, mientras que CiU llegaba a amagar con la retirada del Estatut. Hasta que, como si se tratase de un adelanto inesperado por la derecha, los convergentes alcanzaron el acuerdo global con Rodríguez Zapatero. La incomodidad de ERC refleja algo más que su disgusto por una determinada puesta en escena. Expresa su preocupación por la posición subordinada a que el Estatut le ha llevado precisamente respecto al partido que trataba de orillar mediante su alianza con Maragall. Si el cuatripartito ha podido totalizar la representación de los catalanes a partir del 90% de los escaños del Parlament, el fenómeno políticamente más relevante es que Rodríguez Zapatero ha gestionado el problema como si el PP no existiera. Como si el Gobierno socialista estuviera en condiciones de representar el interés común de los españoles sin otra sombra que el empecinamiento popular. Hay algo de implacable en el voluntarismo del que hace gala el presidente de Gobierno. Algo que en el caso de sus relaciones con el PP se convierte en un pulso definitivo. Un pulso que también cambiará de aspecto si las demás autonomías comienzan a mirar el contenido del acuerdo global más con interés que con recelo. La reforma del Estatut ha de pasar por el trámite parlamentario; por meses de discusión que aunque de forma menos ruidosa asomarán por los medios de comunicación. En ocasiones los triunfos parecen tales porque resultan sorprendentes, sin más. Pero si algo de sorpresa ha habido este último fin de semana ha sido la facilidad con la que el nacionalismo catalán ha admitido como única solución posible lo que el PSOE de Chaves había avanzado meses atrás como máximo disponible. Es posible que a medida que se desarrollen los trabajos en la comisión Constitucional, y a medida que se vaya acercando el horizonte electoral, los promotores nacionalistas de la iniciativa sientan, a la vez, la necesidad de salvar con nota el trámite del referéndum sobre la reforma estatutaria y la de distanciarse respecto a ésta. Pero, en este tránsito probable de lo que se anunciaba como un vuelco constitucional a lo que corre el riesgo de acabar siendo un pacto provisional, también es posible que esos mismos promotores sientan, al mismo tiempo, la necesidad de que el PP arremeta contra la reforma estatutaria y la de que rebaje su actitud crítica para así salvar el referéndum. Todo como si Pujol continuara en la presidencia de la Generalitat.