Regulación de la marihuana: tan incompleta como necesaria

Una mujer lleva una planta de marihuana durante una marcha por la plena regularización del cannabis, en Ciudad de México, el 9 de marzo de 2021. (Carlos Ramirez/EPA-EFE/Shutterstock)
Una mujer lleva una planta de marihuana durante una marcha por la plena regularización del cannabis, en Ciudad de México, el 9 de marzo de 2021. (Carlos Ramirez/EPA-EFE/Shutterstock)

La regulación de la marihuana, votada por la Cámara de Diputados de México el 10 de marzo, es un primer paso hacia un largo proceso. Los retos que deberá afrontar el país tendrán sus particularidades, pero también similitudes con las incompletas regulaciones del cannabis en el mundo.

La legalidad del comercio de cannabis en el mundo ha chocado con restricciones que le impiden expandir su potencial. Tratados internacionales, instituciones permeables y miedos políticos fomentan vacíos legales en las reformas sobre el cannabis.

Es habitual escuchar que Holanda fue pionera en “legalizar” la marihuana, pero en realidad fue pionera en “tolerar” su comercio ilícito. Hoy, a pesar de comercializar toneladas de marihuana por año, el país no tiene una ley que ordene el cultivo o la venta. Solo existe un acuerdo de 1976 entre el poder Judicial y los gobiernos locales para no penalizar a la mafia que provee a los coffee shops, donde se comercializa el cannabis al público.

En 1970 Estados Unidos aprobó la Ley de Sustancias Controladas, que trabó financieramente todo comercio de cannabis. Desde entonces, 36 estados han legislado su acceso. Sin embargo, la mayoría de empresas deben esconder el papel moneda de sus ingresos porque el sistema bancario niega sus servicios a la industria que facturó 17,500 millones de dólares en 2020. Canadá aprobó una regulación bien diseñada también en lo financiero. Sin embargo, casi todos los bancos rechazan la floreciente industria que en 2020 vendió 2,600 millones de dólares canadienses solo de sus dispensarios legales.

Hasta que no se apruebe la SAFE Banking Act, parada en el Congreso estadounidense desde 2019, el mercado internacional del cannabis no podrá desplegar todo el potencial del nuevo commodity.

Colombia saltó el escollo parcialmente apostando a bancos estatales agrícolas. La banca uruguaya, primer país en regular toda la cadena productiva del cannabis en 2013, impide abrir cuentas a las empresas que declaran otro rubro para acceder al sistema financiero.

Las restricciones internacionales se empastan con malas decisiones locales. Uruguay es un ejemplo. De las aproximadamente 259,000 personas que usan cannabis en el país, solo poco más de 61,000 están registradas. El miedo a un mal manejo de datos sensibles y la desconfianza al Estado como juez y parte aleja a los usuarios de la legalidad. Mientras el gobierno anterior aseguraba que los datos del registro serían confidenciales, el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, insiste en acceder a información confidencial de los clubes de cannabis. Algo que puede seguir inspirando desconfianza en la regulación.

Además, las dos empresas que plantan cannabis recreativo no consiguen satisfacer la demanda. Al no conseguir un producto legal, los usuarios impulsan un mercado gris de cultivadores que venden su pequeña producción o traficantes que aprovechan la demanda insatisfecha. La regulación uruguaya tiene mayor adhesión entre la población de ingresos superiores. Quienes usan marihuana en barrios desfavorecidos quedan más expuestos a la ilegalidad y esto afianza la brecha socio económica.

A pesar de que la regulación es incompleta —incluso sin evaluación ni monitoreo—, Uruguay compite contra el narcotráfico. La producción legal de uso recreativo puede llegar a ser de nueve toneladas aproximadamente, son 18 avionetas menos contrabandeando marihuana desde Paraguay. El cambio normativo mostró que nada fue peor que antes. La edad de inicio en el consumo se retrasó y es probable que el leve aumento en el uso indique un subregistro estadístico anterior. Cuando era ilegal, menos usuarios podrían haber admitido usar drogas ilegales al encuestador. La nueva legislación de México pudo aprender de virtudes y errores en otros países. Quizás si hay un punto donde no debe darse el lujo de fallar, como está fallando Colombia, es en darle garantías al campesinado de una reconversión laboral real, sin violencia.

La reglamentación de la ley en México puede prestarse a continuar la senda de la criminalización, entre otros motivos, por las altas multas que podrían significar una nueva fuente de financiación para la extorsión policial tan habitual. Y también para afianzar las desigualdades con la población más desfavorecida, entre ellos y muy particularmente, los campesinos y los pueblos originarios.

La securitización excesiva podría empujar a los cuerpos de seguridad a seguir entrometiéndose en un territorio desconocido y temido para muchos de ellos: la legalidad de las drogas.

Otro asunto sensible será el protagonismo de la Comisión Nacional contra las Adicciones, creada para asesorar sobre prevención y tratamiento, no para poner en práctica una regulación o fiscalizar hogares y empresas. Es una institución embebida por el “no a las drogas” que deberá montar la cadena de distribución para asegurar cannabis a millones de mexicanos. En Uruguay el rol preponderante del Ministerio de Salud significó un repliegue de la regulación. La búsqueda de una salud prístina montó un dique de contención en forma de burocratización excesiva que alejó inversores, trabajo y usuarios que son el público objetivo de la regulación, aunque muchos se empeñen en olvidarles.

Por más que cambien las leyes, la cultura institucional y la ideología de los servidores públicos seguirán vigentes durante, al menos, esta generación de burócratas. América Latina padece sistemas de gobierno presidencialistas que funcionan según la voluntad de turno amalgamada con la mediocracia pública, un cóctel que habitualmente boicotea las mejores leyes.

Las regulaciones no son perfectas. Son perfectibles. Y son uno de tantos pasos necesarios para construir un futuro garante de derechos y con menos violencia. En la medida que otros países innoven, podremos pedirles más a los marcos legales negociados y votados. Iniciativas que no estarán exentas de debate en el futuro inmediato ni de contextos sociales y geopolíticos que los desafíen permanentemente.

Guillermo Garat es periodista uruguayo. Ha escrito sobre políticas de drogas en América Latina para medios como ‘The New York Times en Español’, ‘El País’, ‘Gatopardo’, ‘Vice’, ‘Al Jazeera’, entre otros. Actualmente es colaborador de AP en Uruguay.

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