Es un lugar común afirmar que el motivo de la crisis actual radica en una excesiva laxitud de la regulación financiera internacional. Los acuerdos de Basilea datan de 1930 y han ido fijando progresivamente las reglas mínimas del sistema financiero a partir de la experiencia acumulada en sucesivas crisis. El primer acuerdo formal es de 1974, tras la crisis financiera de México, cuando un pacto entre el Reino Unido y EEUU dio lugar a la obligación de dotar a los bancos de un capital mínimo en función de los préstamos emitidos. Fue el acuerdo Basilea 1.
Basilea 2 se formalizó en el 2004, y es la actual regulación financiera internacional. Se basa en tres políticas: la capitalización mínima de los bancos, la regulación de la supervisión bancaria y el control del riesgo y la formalización de la creencia de que el mercado llevaría a los bancos a ejercer una política de prudencia para ganar dimensión. Se define que es el capital de los bancos lo que determina el nivel de endeudamiento autorizado y, por lo tanto, el negocio bancario que la entidad puede hacer, que se nutre de los fondos propios de las reservas y de las provisiones genéricas. Esta es una cuestión capital, pero también lo es la liquidez, y este es el problema que han afrontado muchos bancos en la reciente crisis, lo que les ha impedido mantener la actividad y ha obligado a los estados a inyectar dinero en el sistema financiero para evitar la paralización de la economía. El nivel de capital y de reservas se asocia al riesgo de los préstamos efectuados; y, por tanto, cuanto más riesgo tengan estos, más reservas debe mantener el banco emisor. Se asocia el préstamo a las empresas con un riesgo alto, y las hipotecas del sector inmobiliario a un riesgo bajo. La caída imprevista del sector inmobiliario (subprime) y la imposibilidad de los particulares de hacer frente a sus cuotas dejó a los bancos desprotegidos, puesto que estos préstamos eran los asociados a un riesgo menor, y, por lo tanto, a menores reservas.
La definición que hace Basilea 2 de qué es el capital de los bancos agrava el problema, porque la resistencia de los estados a aceptar que las obligaciones puedan considerarse como tal hunde aún más a las entidades bancarias cuando no se las autoriza a reducir el valor de sus obligaciones, lo que amortiguaría las pérdidas generadas. Finalmente, la idea de que el mercado conducirá a un menor riesgo de los bancos porque el dinero huirá de los que tengan un mayor nivel de riesgo en su negocio también resulta falsa, porque son los bancos con mayor riesgo ¿y, por lo tanto, con mayor beneficio¿ los que logran atraer más inversiones, y así la imprudencia y no la prudencia es la que se ve premiada por los mercados.
Pero donde Basilea 2 resulta contraproducente es en la vigilancia de los bancos internacionales asociados a su país de origen (el Citi en EEUU, el Deutsche Bank en Alemania...). Eso dio lugar a que Lehman Brothers, sometido a la legislación estadounidense, trasladase antes de la quiebra 8.000 millones de dólares desde Europa a EEUU, perjudicando de manera discrecional a sus clientes europeos.
Está en preparación Basilea 3, que será discutido en la reunión del G-20 de este fin de semana en Toronto y que aboga por la necesidad de que los bancos tengan más capital y una liquidez mínima, que haya un control de los incentivos de los directivos y que en la venta de productos financieros con riesgo se obligue al vendedor a retener una parte. Pero más allá de evaluar los acuerdos financieros internacionales para corregir los problemas creados por la última crisis (no se puede prever cuáles serán los de la próxima), hay que preguntarse si la solución a esta inestabilidad está en las leyes nacionales o en acuerdos internacionales.
De entrada, estos últimos tienen dificultades porque se llega a ellos por consenso y este siempre es lo mínimo de lo que todo el mundo quiere, por lo que los acuerdos tienden a ser laxos. Por otra parte, su propia uniformidad deja agujeros que son aprovechados por los mercados, como ha sucedido con Basilea 2, con lo que finalmente la vigilancia a nivel internacional es siempre más difusa que a nivel nacional. La experiencia de 35 años de Basilea es que es la legislación nacional la que debe ser rigurosa porque, por no ser igual para los diferentes estados, cubrirá mejor los posibles problemas que puedan desarrollarse en la próxima crisis; y, por otra parte, la obligación estricta de que todo banco cumpla la legislación de los países en los que está instalado evitará los abusos de fugas como las protagonizadas por algunos bancos en la última crisis.
Podría pensarse que la nueva regulación financiera de los estados dará ventajas a los que apliquen una normativa laxa porque atraerán más capital y esto creará una competencia entre estados orientada hacia la desregulación. Pero no es probable que esto suceda dada la búsqueda de seguridad siempre propia del dinero, y más aún tras la crisis.
En el mundo actual lo más seguro es separar las finanzas de la diplomacia, pese a que se pueda creer lo contrario. Son precisamente estos los problemas que nos han llevado a la actual crisis. Lo que teóricamente es óptimo, en la práctica es enemigo de lo bueno. Seamos prudentes para ser ambiciosos.
Joaquim Coello, ingeniero.