Regular el cannabis

La regulación del cannabis ha tomado una mayor relevancia en los últimos años con motivo de un contexto internacional favorable y el aumento de la demanda social que pide un cambio en su tratamiento. Sin embargo, mientras el mundo se mueve hacia una dirección aperturista, en los últimos años España ha involucionado hacia una mayor represión gracias a la llamada ley mordaza. Esto afecta directamente a millones de personas que, en ausencia de una regulación responsable, se ven abocadas a la ilegalidad, con la falta de garantías de calidad y seguridad que eso puede acarrear. Ante esta situación, se plantea el debate sobre si el cannabis debe regularizarse o no y, de hacerse, qué se regula y cómo. Según la Federación de Ayuda a la Drogadicción, con datos de diciembre de 2014, un 52% de la población española apoya su regulación para uso recreativo, cifra que se eleva al 63% cuando se les pregunta solo a los menores de 34 años.

El debate sobre el cannabis abarca tres grandes temas: el uso medicinal, el recreativo y el productivo. Sobre el uso medicinal parece haber pocas dudas y pocas excusas para seguir impidiendo su acceso legal a tantos enfermos, pero es sobre el uso recreativo y su impacto económico donde surgen las dudas. Regular el uso recreativo significa eso mismo: ordenar una realidad existente donde lo que se debate no es si se consume o no, sino en qué contexto y bajo qué marco jurídico. En lugar de despilfarrar el dinero público en perseguir su tráfico y el autocultivo, el Estado puede establecer unos estándares de calidad y certificación pública para que su venta ofrezca todas las garantías y se proteja a los menores. Toda vez que la ilegalidad no evita ni reduce su consumo, tampoco entre los menores, y que solo sirve para alimentar el narcotráfico, criminalizar al consumidor y tirar el dinero, resulta aconsejable hacer lo contrario: respetar las libertades, regular su venta y fiscalizar para aumentar los ingresos y hacer un mejor uso del dinero público, donde una parte de los ingresos se pueden destinar a mejoras en los programas de prevención e información. En solo un año, el Estado de Nevada ha superado en exceso sus expectativas de ingresos públicos derivados de la regulación.

España es el segundo productor del mundo de opio legal, un negocio cargado de secretismo controlado por una sola empresa, y también somos el cuarto país de Europa en exportación de armas. Sin embargo, resulta más adecuado comparar el cannabis con el vino: de manera similar existen cientos de variedades de “cepas”, intensidades, catas, rituales y ferias, que hacen del cannabis “un mundo” en sí mismo en el que España se posiciona con un know how puntero. España tiene un clima privilegiado que puede ayudar a crear un sello de distinción, donde, a modo de denominación de origen, sea reconocido internacionalmente: bañada con el sol del Mediterráneo.

Las posibilidades que abre el cannabis en términos de dinamización económica no se reducen a su venta directa, también implica una serie de externalidades positivas en campos tan dispares como la cosmética, el turismo rural y urbano, la investigación o los cursos universitarios. La pregunta que tendremos que hacernos más temprano que tarde no es si tendrá impacto económico, sino para quién lo tendrá y quién saldrá beneficiado, dado que la gestión de su venta implica la existencia de redes de producción, distribución y comercialización. Una regulación integral y transversal tiene que apoyarse en el tejido existente de asociaciones y clubes; aplicar criterios sociales, laborales y ambientales que protejan al pequeño agricultor, distribuidor y a los trabajadores; reforzar el tejido rural y fomentar el desarrollo de las cooperativas, tal y como están haciendo en Massachusetts. Una iniciativa pública que actúa a modo de “Estado emprendedor”, por usar la expresión de la economista Mariana Mazzucato, capaz de abrir nuevos escenarios de innovación y orientar su desarrollo productivo poniendo especial atención a los territorios más golpeados por el paro y la precariedad, como pueden ser Andalucía o las islas Canarias. El cannabis nos permite ofrecer un producto diferenciado con un valor añadido propio por el clima, el know how y el menor impacto ecológico frente a otras alternativas de cultivo interior. Regular el cannabis representa avances democráticos y económicos con respecto a la actual situación de ilegalidad que ha resultado ineficaz, injusta y anacrónica. Lo que debe cuestionarse es la funesta vigencia del modelo actual, no su regulación.

Jorge Moruno es sociólogo.

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