La sanidad es un sector estratégico para España. Los españoles invertimos 62.000 millones de euros cada año en cuidar nuestra salud. Y sin embargo este sector ha sufrido como pocos el peso de los recortes indiscriminados, cayendo prácticamente 10.000 millones desde 2009. España es el único país de la UE, junto al resto de rescatados, que ha rebajado su esfuerzo financiero en sanidad en el último lustro. Lejos de ser este recorte del gasto consecuencia de una mayor eficiencia del sector público, el ajuste ha sido grosero, excluyendo cientos de miles de personas de la cobertura sanitaria (desde jóvenes españoles que emigran al extranjero para formarse o buscar empleo, hasta inmigrantes que trabajan y residen en España), reduciendo profesionales, aumentando copagos, y desinvirtiendo en tecnología. En resumen, hoy la sanidad española está en peores condiciones que hace cuatro años para seguir protegiendo la salud de los españoles y, lo que incluso es peor, para afrontar los necesarios cambios que una sanidad del siglo XXI requiere. Los españoles así lo aprecian, y por eso en el Barómetro del CIS la preocupación por la sanidad se ha triplicado en estos últimos años.
Y la perspectiva no da para alegrías. Sobre un esfuerzo de gasto sanitario público del 6,3% del PIB, solo entre medio de Grecia y Portugal, o dos terceras partes de lo que ya emplean Francia, Alemania o los países nórdicos, el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno del PP a Bruselas plantea un frenazo de otro punto más de PIB, hasta dejarlo en el 5,3%.
No es posible seguir esa senda. La sanidad no solo es imprescindible para proteger la salud; es además un sector económico con un alto valor en I+D. España además de tener una sanidad altamente eficiente, dispone de un tejido de investigación e innovación envidiable, lo mismo en nuestros hospitales que en los centros de investigación biomédica, universidades y empresas privadas sanitarias. Un sector, el de la investigación biomédica y medicina personalizada, que está entre los más dinámicos de la nueva economía global, y en el que España tiene la capacidad de pelear entre los grandes. Por eso la sanidad española requiere en los próximos cuatro años un programa audaz y ambicioso que aborde su necesario crecimiento, mejora y contribución a la economía española.
Son cuatro los ejes a mi juicio necesarios, y que recoge con acierto el programa sanitario del partido socialista. En primer lugar es necesario recuperar el derecho a la sanidad para todos los españoles y residentes, desvinculándolo de su condición de titular o beneficiario de la Seguridad Social, como lamentablemente restableció el Real Decreto Ley 16/2012 del gobierno popular. Eliminar la puerta a los copagos sanitarios que de manera tan desigual se han implantado en España a raíz del citado real decreto, y evitar que el copago farmacéutico constituya una barrera económica para el acceso a los medicamentos eficaces en aquellas personas con menores rentas.
Pero aún más, los ciudadanos deben poder recibir asistencia sanitaria en cualquier punto de España, sin barreras autonómicas, y equiparar progresivamente las condiciones de acceso y los resultados. No debería haber diferencias tan sustanciales en indicadores básicos de acceso (listas de espera, utilización de nuevos medicamentos), y calidad de la atención (mortalidad por infarto o por ictus) entre territorios.
Precisamente por ello el Sistema Nacional de Salud debe desarrollar su entramado institucional y capacidad técnica con una auténtica arquitectura federal. Reforzar estructuras coordinadas y descentralizadas capaces de ejercer las funciones básicas de un sistema sanitario moderno: salud pública; calidad y seguridad clínicas; evaluación y supervisión de tecnologías; investigación e innovación; gobernanza y transparencia de resultados.
Hay que modernizar la gestión pública de la sanidad, porque no hay mejor vacuna frente a la privatización que un sector público eficaz, transparente y con fuerte respaldo de sus profesionales. Aunque la organización y gestión de los servicios hoy es competencia de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad debe ejercer su liderazgo y competencias para regular y facilitar nuevas fórmulas de autonomía, capacidades e instrumentos. La obligada revisión de la ley 15/97 de nuevas formas de gestión sanitaria, deberá poner límites a la necesaria participación privada en la prestación sanitaria. Delimitando las condiciones, funciones y evaluación que sean pertinentes, porque no es lo mismo contratar ambulancias que la gestión poblacional de la salud de un distrito; ni puede ser lo mismo la titularidad sin afán de lucro y de largo plazo que los fondos de capital riesgo.
Finalmente, necesitamos una estrategia nacional de transformación de la asistencia sanitaria adaptada a los retos de la cronicidad y fragilidad; necesitamos desarrollar y reconfigurar servicios integrados sociales y sanitarios que tomen a la persona como sujeto central de los distintos cuidados y profesionales que le atienden, el domicilio como centro principal de cuidados, el paciente y familiar como primer cuidador, y mediados con la tecnología digital. Junto a ello, el esfuerzo de inversión en investigación biomédica debe duplicarse. Otros países como Estados Unidos han tomado la delantera con iniciativas como la impulsada por el presidente Obama de medicina personalizada, por valor de 215 millones de dólares ya en el presupuesto de 2016. Porque la clave de la medicina del futuro es la precisión: dar el tratamiento eficaz a la persona que se va a beneficiar de él y solo a él. La investigación en medicina genómica y el análisis de grandes bases de datos clínicos, de los que España ya dispone, son necesarios junto a la rápida transferencia de toda esta investigación a la práctica clínica. España no puede perder el tren del futuro. Nos jugamos demasiado. Nos jugamos nuestra salud, nos jugamos nuestra competitividad global.
Jesús María Fernández Díaz es médico y diputado del PSOE por Navarra.