El 3 de enero de 1979 la Santa Sede y el Gobierno español firmaban en el Vaticano cuatro Acuerdos —Jurídico, Económico, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asistencia Religiosa a los Católicos de las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos—. No se trataba de la supresión del Concordato vigente desde 1953, sino de su revisión o, mejor, de algunos retoques que dejaban intacto el núcleo fundamental de la vieja alianza Estado-Iglesia católica romana en España, en beneficio de esta y sin contrapartida alguna por parte del Estado.
Los firmantes fueron, por el Gobierno español, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, y por la Santa Sede, el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano. La firma tuvo lugar tres días después de que el texto constitucional se publicara en el BOE, pero las negociaciones tuvieron lugar, sin luz ni taquígrafos, durante un largo período de tiempo anterior a ser aprobada la Constitución. Por eso son considerados preconstitucionales e incluso anticonstitucionales, ya que no respetan la laicidad y la neutralidad del Estado en materia religiosa, como tampoco el principio de la igualdad de todas las religiones ante la ley.
Desde entonces, los diferentes gobiernos que se han sucedido en España han mantenido intactos dichos Acuerdos, que reconocen a la iglesia católica similares privilegios educativos, fiscales, económicos, fiscales, culturales, jurídicos e incluso militares a los que disfrutaba durante la dictadura reconocidos por el Concordato de 1953, e incluso los han incrementado como en el caso de la asignación tributaria, ya que, durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, se incrementó el porcentaje a entregar a la iglesia católica en la declaración de la renta del 0,52% al 0,70%, lo que ha supuesto en los últimos años la recaudación de más de 280 millones recibidos por la Conferencia Episcopal Española sin contrapartida alguna. Con tal actitud todos los gobiernos, absolutamente todos, de derecha, de centro y de izquierda, se han convertido en rehenes de la jerarquía católica.
Pero no toda la responsabilidad les corresponde a este Gobierno y a los anteriores. Importante responsabilidad, y mayor si cabe, tiene el episcopado español que, gracias a dichos Acuerdos (Concordato encubierto) sigue disfrutando de pingües beneficios a los que no está dispuesto a renunciar, consciente como es de la clara discriminación del resto de las religiones que su situación provoca. Por coherencia evangélica y respeto a la separación entre Iglesia y Estado es la propia jerarquía la que debe tener la iniciativa en la renuncia a las siguientes prebendas: exenciones fiscales; asignación tributaria; decenas de miles de bienes que no son de su propiedad y ha inmatriculado a su nombre acogiéndose a una ley franquista de 1946, actualizada por Aznar en 1998; enseñanza confesional de la religión católica en la escuela y apoyo a una asignatura no confesional de historia de las religiones en el contexto de la historia de las culturas; Vicariato General Castrense (católico), que implica de hecho una militarización de la Iglesia católica y la confesionalización del Ejército; exenciones fiscales totales y permanentes.
La jerarquía católica debe apoyar la reforma del artículo 16.3 de la Constitución que constituye una contradicción in terminis y coloca a la Iglesia católica en una situación de privilegio constitucional en relación con las demás religiones. El texto no puede ser más explícito en el privilegio constitucional de la Iglesia católica, lo que implica una grave injusticia religiosa y un atentado contra la laicidad del Estado: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”. Lo que se afirma en la primera parte del artículo 16.3 se niega en la segunda. Más coherente en esta materia me parece el artículo 3 de la Constitución de la II República española que no daba lugar a dudas sobre el carácter laico del Estado español. “El Estado español no tiene religión oficial”.
Los obispos españoles deben prestar su apoyo a la conformación de un Estado laico, que no es contrario a las religiones ni las persigue, sino que es el marco político y jurídico que propicia el respeto a la libertad de conciencia, incluida la libertad religiosa.
Mientras no se produzcan estas renuncias o no se exijan por parte del Gobierno, la jerarquía católica continuará siendo un poder fáctico, legitimado incluso constitucionalmente, reclamará ser parte negociadora al mismo nivel que los otros poderes en cuestiones de Estado. Seguirá sin producirse la necesaria transición religiosa, que es sin duda la más retrasada de todas las transiciones de los últimos 45 años.
El reciente encuentro de la vicepresidencia segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con el papa Francisco en el Vaticano hubiera sido una muy oportuna ocasión para haberle planteado la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, que no pocos sectores cristianos, movimientos sociales y partidos políticos reclaman. Por las informaciones que hemos recibido de tal encuentro, ampliamente difundido, no parece que ni siquiera fue sugerido el tema. ¡Otra ocasión perdida!
Juan José Tamayo es teólogo de la liberación. Sus últimos libros son Hermano Islam (Trotta) y La compasión en un mundo injusto (Fragmenta).