El ascenso al poder del excéntrico Boris Johnson (ex alcalde de Londres, ex ministro de Exteriores, y uno de los políticos más histriónicos y populares de la última década) supone el final de la etapa de Theresa May al frente del gabinete. Y, si algo llama la atención en los análisis y semblanzas que se han llevado a cabo es el poco interés que suscita el legado que deja May. El suyo ha sido un mandato determinado por una única cuestión -el Brexit-, y su incapacidad para sacarlo adelante condicionará sin ninguna duda el juicio que le reserva la historia.
Sin embargo, un análisis más reposado y menos centrado en el aspecto exterior arroja datos que sugieren que durante su mandato comenzaron a producirse cambios profundos (sobre los que seguramente May tuvo poca capacidad de influencia, cierto) que seguramente transformen la forma en la que se gobierna en el Reino Unido, haya o no Brexit. Para empezar, el cambio más llamativo se ha producido seguramente en el ámbito político, que depende de los usos y costumbres hasta un extremo que en el continente nos resulta inconcebible. Por ejemplo, en Reino Unido se entiende que si un primer ministro pierde una votación importante ante la Cámara de los Comunes éste ha perdido la confianza del Parlamento (fundamental en un sistema en el que no hay plenos de investidura como los que estos días nos entretienen en España), y por ello debería dimitir o convocar elecciones. Como consecuencia directa de eso, las derrotas del Gobierno eran contadas, y se ponía gran énfasis en controlar a los diputados díscolos y garantizar que las votaciones se celebraban sólo si existía una mayoría suficiente.
Así, desde la llegada al poder de Thatcher en 1979 hasta 2016, los gobiernos de distinto signo que gobernaron durante el periodo sumaron un total de veintisiete derrotas parlamentarias. Pero el Gobierno de May, por su parte, ha acumulado nueve en menos de tres años de mandato. El Brexit, con la fragmentación parlamentaria en la que ha degenerado, ha llevado a que los gobiernos sufran más derrotas a manos del Parlamento, pero curiosamente se sientan menos interpelados por éstas.
Otro cambio de calado es el relativo a la inestabilidad en el seno del Gobierno mismo. Así, mientras David Cameron sufrió catorce dimisiones durante sus seis años en el poder, Theresa May ha padecido la friolera de cincuenta y tres dimisiones en menos de tres años, lo que da una idea del nivel hasta el cual la división interna de los partidos políticos tradicionales en torno al Brexit ha supuesto un obstáculo a la acción de gobierno.
Estos son los dos principales cambios que ha supuesto el Brexit a nivel de gobierno, pero quizá el área en la que los cambios sean más profundos es la administración pública.
Debido a los preparativos del Brexit, el Gobierno de May puso fin a la austeridad y revitalizó la contratación de empleados públicos. Mientras que en la era Cameron (cuyas medidas de austeridad fueron fuertemente contestadas) el número de empleados públicos se redujo casi un 20%, durante el periodo de May se ha recuperado casi un cuarto del total perdido desde 2010. Esto es particularmente llamativo si se tiene en cuenta que son dos primeros ministros consecutivos y del mismo partido. El cambio solo se entiende por un evento de efectos sísmicos como el Brexit. De hecho, el punto de inflexión se produjo exactamente en el trimestre en el que se celebró el referéndum.
De igual forma, si se atiende a las nuevas contrataciones de empleados públicos, puede empezar a atisbarse cuáles son los sectores sociales que van a beneficiarse de que el Reino Unido recupere el control. Según el think tank británico Institute for Government, el incremento en la plantilla de empleados públicos se ha producido de forma más intensa en los puestos de dirección, lo que tiene importantes efectos: en primer lugar, la renta media de los funcionarios se aleja aún más de la del resto del país, y el empleo público pasa a estar (aún) más centralizado en Londres. Y, de forma sorprendente, esos nuevos puestos senior se están cubriendo con empleados jóvenes altamente cualificados.
Dicho en pocas palabras: los jóvenes urbanitas con un elevado grado de formación, a los que se acusa de beneficiarse de una globalización que deja al margen a numerosas bolsas de población, parecen estar beneficiándose igualmente de los cambios que ya está produciendo el Brexit. Se puede sostener que el funcionariado no tiene un gran peso a la hora de determinar la estructura social y laboral de todo un país, pero no puede perderse de vista que la campaña pro-Brexit ha tenido como uno de sus leit motiv principales la crítica feroz contra una supuesta élite funcionarial de Bruselas totalmente alejada del ciudadano medio.
Quizá ahí resida una de las grandes paradojas de la hora histórica en la que lleva atrapado el Reino Unido más de dos años. Mientras el Brexit ha sido interpretado como una reacción de las periferias depauperadas, de las áreas rurales y los antiguos centros industriales, por el momento éste se ha traducido en una concentración del empleo público en Londres. Mientras muchos consideran que el referéndum fue un puñetazo sobre la mesa por parte de los ciudadanos de mayor edad, el nuevo funcionariado es más joven que nunca. Y, mientras la salida de la UE ha sido considerada una revuelta de los trabajadores poco cualificados y con inquietud ante su futuro, recuperar el control parece haberse traducido por el momento en cambios tan desconcertantes como un incremento de los funcionarios con estudios superiores trabajando para la administración tory.
Esta es una de las aparentes contradicciones de este tiempo populista en el que vivimos instalados. Una de muchas. Pero quizá no una tan simbólica como que los afiliados conservadores hayan encomendado el giro nacionalista y populista definitivo de su partido a un hombre que desciende de un turco, es políglota y tiene un nombre de pila de origen eslavo.
Arman Basurto es asesor legal en el Congreso de los Diputados.