Reinterpretación de la Constitución Japonesa

Al aproximarse el 70° aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial ha habido muchos debates – y lamentos – sobre el resurgimiento de las fricciones históricas en Asia oriental. No obstante, las recientes tensiones en la región pueden reflejar en parte la falta de progreso en otra esfera, que ha quedado olvidada: la reforma constitucional japonesa. En efecto, a pesar de la impotencia que quedó tan claramente de manifiesto con la decapitación de dos rehenes japoneses a manos del Estado Islámico, Japón no ha adoptado una sola enmienda a la “constitución de la paz” que le impusieron las fuerzas estadounidenses de ocupación en 1947.

A primera vista esto podría no ser muy sorprendente. Después de todo, la constitución cumplía una función importante: al garantizar que Japón no sería una amenaza militar en el futuro, permitió al país acabar con la ocupación extranjera y dedicarse a la reconstrucción y la democratización. Pero consideremos lo siguiente: en 1949 Alemania adoptó una constitución aprobada por los aliados en circunstancias similares, a la que ha hecho docenas de enmiendas.

Además, mientras que la constitución de Alemania o Ley Básica autoriza el uso de la fuerza militar en defensa propia o como parte de un acuerdo de seguridad colectiva, la constitución japonesa estipula el abandono total y permanente de “la amenaza o el uso de la fuerza como medio para solucionar disputas internacionales”. Japón es el único país del mundo que tiene esas restricciones, impuestas no solo para impedir una reactivación militar sino también para castigarlo por las políticas de su gobierno durante la guerra, y mantenerlas no es realista.

Por eso el primer ministro japonés Shinzo Abe ha hecho de la reforma constitucional una de sus principales prioridades. Tras haber consolidado su autoridad en las elecciones generales anticipadas de diciembre en las que su Partido Democrático Liberal obtuvo una victoria decisiva, Abe está decidido a alcanzar su meta de construir un Japón más fuerte y competitivo, que pueda hacer frente a una China cada vez más agresiva.

El esfuerzo de Abe para “normalizar” la posición estratégica de Japón comenzó con una reinterpretación del artículo 9 de la constitución, según el cual el país podría participar en adelante en misiones de “autodefensa colectiva”. El gobierno de Japón aprobó el cambio el verano pasado y los Estados Unidos apoyaron la maniobra. Tras los intentos del Estado Islámico por presionar con las vidas de dos rehenes japoneses, la legislación para aplicar la reinterpretación ya está lista para enviarla a la Dieta.

No obstante, la reinterpretación se ha enfrentado a resistencias tanto dentro del país como en el extranjero. En particular, los críticos chinos han expresado preocupaciones de que el militarismo japonés pueda resurgir, aunque no mencionan que fue la expansión militar de China lo que impulsó al gobierno de Japón a reevaluar su política de defensa nacional.

De hecho, la reinterpretación es poco más que un ajuste: actualmente las fuerzas japonesas pueden proteger a un barco de guerra estadounidense que esté defendiendo a Japón, pero tienen prohibido iniciar ataques ofensivos y participar en operaciones militares multilaterales. Puesto que la Carta de las Naciones Unidas reconoce la autodefensa individual y colectiva como “derecho inherente” de los países soberanos, el cambio no debe generar controversia.

Sin embargo, sigue habiendo obstáculos significativos que bloquean una reforma constitucional más amplia. Las enmiendas requieren una mayoría de dos terceras partes en ambas cámaras de la Dieta y una mayoría en un referéndum popular, lo que hace que la constitución japonesa sea una de las más difíciles de modificar en el mundo. Para facilitar el logro de sus objetivos, Abe espera reducir los requisitos a una mayoría simple en las dos cámaras o eliminar la prescripción del referéndum público.

Dada la resistencia popular al cambio, la tarea de Abe no será fácil. Mientras que los ciudadanos de la mayoría de las democracias consideran que sus constituciones son documentos vivos – India, por ejemplo, ha enmendado su constitución 99 veces desde 1950– gran parte de los japoneses creen que la suya es sacrosanta. Como resultado, en lugar de asegurarse de que su constitución refleje los cambios sociales, tecnológicos, económicos e incluso ideológicos, los japoneses defienden celosamente sus disposiciones precisas, del modo que los fundamentalistas religiosos defienden la verdad literal de las escrituras.

Además, el pacifismo está muy arraigado en la psicología japonesa, incluso entre los jóvenes, debido principalmente al doloroso legado del militarismo previo a la guerra de Japón. En efecto, una encuesta realizada el año pasado por la organización World Values Survey reveló que solo el 15.3% de los japoneses – en comparación con el 74.2% de los chinos y el 57.7% de los estadounidenses – estarían dispuestos a defender a su país, la tasa más baja del mundo. Únicamente el 9.5% de los japoneses menores de 30 años declararon que estarían dispuestos a luchar.

Ante tal oposición, una modificación efectiva del artículo 9, en lugar de una simple reinterpretación no parece factible, especialmente mientras el partido Komeito, que reconoce su pacifismo, siga siendo parte de la coalición gobernante. Aun si Abe consigue relajar los requisitos para las enmiendas – lo que no será fácil, dada la probabilidad de que un referéndum popular revelaría poco apoyo del público – es posible que tenga que dejar que su sucesor se encargue de los cambios.

Hay un factor que podría fortalecer considerablemente la causa de Abe. El apoyo explícito de los Estados Unidos a la reforma constitucional japonesa podría no solo reducir las críticas de China sino también asegurarle a los japoneses que la actualización del artículo 9 no significaría rechazar el orden de la posguerra que los estadounidenses ayudaron a establecer en Japón.

Eso también favorecería los intereses de los Estados Unidos. Un Japón más seguro estaría en mejores condiciones de impedir que la influencia de China aumentara en el Pacífico occidental, con lo que se cumpliría el importante objetivo de política estadounidense de garantizar un equilibrio de poder estable en Asia. Ningún otro país de la región podría actuar como contrapeso creíble frente a China.

El Japón de hoy – una democracia liberal que no ha hecho un solo disparo contra un tercero en casi setenta años y que ha hecho contribuciones importantes al desarrollo global durante ese período – es muy distinto al Japón de 1947 y su constitución debe reflejarlo.

Brahma Chellaney, Professor of Strategic Studies at the New Delhi-based Center for Policy Research, is the author of  Asian Juggernaut, Water: Asia’s New Battleground, and Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis. Traducción de Kena Nequiz.

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